La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una resolución dictada en Bogotá en Marzo de 2018 declaró que la corrupción era un tema prioritario en la agenda de violaciones a Derechos Humanos en el continente Americano. Pedro Pablo Kuczynski en Perú; Lula y Michel Temer en Brasil; Rafael Correa en Ecuador; y César Gaviria en Colombia, y el lavados de activos en Panamá, Paraguay y Uruguay. Sobre Venezuela y Nicaragua es muy poco lo que se conoce por tratarse de regímenes políticos sin sistemas de control independientes.
La corrupción es siempre un delito del poder político y del poder económico. Tiene una secuencia clara y probada de cuatro etapas: sobornos a funcionarios; sobreprecios de obra y servicios públicos; enriquecimiento ilícito público y privado y lavado de activos. La Convención de Caracas y la Convención de Palermo definen la corrupción como un crimen transnacional organizado.
El Articulo 36 5º párrafo de la Constitución Nacional Argentina.
La Reforma Constitucional de 1994 declara por primera vez en la historia Argentina que los delitos de corrupción son crímenes contra el orden democrático, al mismo nivel que los golpes de Estado. Las acciones penales y civiles emergentes de estos crímenes son imprescriptibles.
La impunidad de la Corrupción en la Argentina de la Democracia.
El informe del CIPCE del 2009 y el Informe de la Comisión de Expertos del Colegio de Abogados de Córdoba del 2018 dan cuenta que un Proceso Judicial por corrupción en la Argentina dura un periodo de promedio de 14 años y tiene solo un 4% de índice de condena. Además, en los procesos judiciales por corrupción, existe un periodo de 12/14 recursos que plantean los imputados de manera maliciosa o temeraria.
El Derecho de las Victimas.
Los Derechos Humanos son en esencia el derecho de las victimas. Los Derechos Humanos nacen con el horror de los crímenes de Auschwitz y buscan ponerle freno al poder de los Estados. Los crímenes de corrupción se originan siempre en abusos del poder de los Estados.
De allí que los Derechos Humanos sean incompatibles con la corrupción. No se conciben Derechos Humanos asociados con partidos políticos que avalan la corrupción como modo de construcción de poder. Durante el Kirchnerismo, los Derechos Humanos se confundieron con el poder político del Estado, y terminaron siendo legitimadores de la corrupción. Ello no quita que haya habido logros indudables en materia de Derechos Humanos, como en las políticas de recupero de niños nacidos en cautiverio.
Este análisis jurídico sobre el significado y el alcance de los Derechos Humanos es necesario hacerlo para poder interpretar la foto de Estella de Carlotto en el Juicio por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner. Los pañuelos blancos de Madres y Abuelas son un símbolo internacional de dignidad humana y no pueden caer en conductas de apoyo a funcionarios procesados por actos de corrupción.
Aun cuando la señora de Carlotto tuviera razones para suponer que hay una persecución política en contra de su líder, Cristina Fernández. Aun así, ella debería ser la primera en respetar la legalidad democrática y la legalidad de Derechos Humanos. Y plantear ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) violaciones del Estado Argentino a las garantías de imparcialidad e independencia judicial que prevé el artículo 8 de la Convención Americana. Sin duda que sería escuchada.
Pero además, su solidaridad pública con Cristina Fernández se extiende a Julio López, Julio De Vido y Lázaro Báez. Es una solidaridad que va en contra de los derechos de las victimas de la corrupción que es la propia sociedad. Y debe recordarse que los derechos de las víctimas en el proceso penal tienen la misma jerarquía que los derechos del imputado. Todo esto parece haber olvidado Estella de Carloto. Ella tiene absoluto derecho a expresar solidaridades políticas o afectivas. Lo que no puede hacer, como símbolo de Derechos Humanos, es apoyar al poder político juzgado por corrupción. El compromiso histórico de la sociedad argentina con los Derechos Humanos que tanta sangre y esfuerzo costo, queda tristemente cuestionado con estas conductas.
* Juan Carlos Vega es ex presidente de la Comisión de Legislación Penal de HCDN.
