El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) hizo lugar a una demanda formulada por una persona enferma de sida y permitió que el interesado opte por acceder a un beneficio previsional provincial. De esta forma, el TSJ, a través de la Sala Contencioso Administrativa, le reconoció su derecho a optar por el beneficio provincial, si previamente renuncia al que tiene en el ámbito nacional.
La persona -cuya identidad se mantiene en reserva para resguardar su privacidad- vivía con sus progenitores al momento del fallecimiento de su padre, por lo que podría haberlo obtenido desde dicho momento, ya que “la normativa vigente a la fecha del fallecimiento establecía que los hijos mayores de 18 años tenían derecho a pensión si se encontraban incapacitados para el trabajo y a cargo del causante (el padre fallecido)”.
En la causa, se probó que “padece, en la actualidad, una incapacidad laboral en un porcentaje muy superior al exigido legalmente, también que ya la padecía al solicitar el beneficio de pensión. Sin embargo, se discutía si era incapaz al momento del fallecimiento de su padre como lo exige la ley. En este sentido, la normativa requiere un estado de necesidad demostrado por la escasez o la carencia de recursos personales, es decir, que el interesado no posea bienes de significativo valor económico y que los recursos regulares no superen los dos haberes mínimos jubilatorios. Asimismo, la ley solicita que la falta de contribución económica del fallecido haya provocado un desequilibrio esencial en la economía particular de quien solicita el beneficio”.
El solicitante del beneficio de pensión vivía con sus padres al tiempo del deceso, a quienes cuidaba a pesar de su estado de salud precario, al igual que lo hizo con su abuela y su tía discapacitada que habitaban el mismo domicilio, mientras se encontraban enfermos y hasta que fallecieron.
A juicio del TSJ, el estado de salud actual del solicitante, consecuencia insoslayable de la gravedad del cuadro sanitario previo (avanzado estadío de la enfermedad C3, SIDA), permitía inferir que, cuando falleció el padre, tenía el grado de incapacidad exigido como requisito legal. De esta forma, se justificaba la conclusión de la pericia médica oficial que sostuvo que correspondía otorgar la pensión solicitada.
El fallo, a su vez, aclara que dicho beneficio no se veía afectado por la mínima carga horaria semanal de la actividad laboral que había desarrollado el solicitante, ya que el monto de los salarios percibidos en dicho período no le permitían llevar una vida digna por sí mismo, sino que mantenía una dependencia respecto de los ingresos de sus padres a lo largo del tiempo. Y, en consecuencia, su fallecimiento le importó un desequilibrio esencial en su economía particular.
Por todo ello, es que luego de fallecer la madre, quien cobraba la pensión del padre desde su muerte, el hijo solicitó continuar gozando del beneficio, ya que la legislación provincial permite que “al extinguirse el derecho a pensión de un causahabiente (la madre) puedan gozar del beneficio otros parientes que sigan en el orden previsto legalmente. Si bien su situación no encuadraba exactamente, puesto que podría haber cobrado concurrentemente con la madre desde el fallecimiento del padre, el TSJ entendió que correspondía hacer lugar a la demanda y permitirle al interesado optar por el beneficio provincial previa renuncia de la prestación nacional como lo exige la normativa”.
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