El Senado convirtió en Ley el proyecto que frena los aumentos de servicios públicos.
Si bien el presidente Mauricio Macri anunció que vetaría la Ley que frena los aumentos tarifarios, los senadores de la oposición lograron aprobar el proyecto que llegó desde la Cámara de Diputados. En un extenso debate que comenzó a las 14:00 de ayer, los senadores terminaron votando a las 3.20 de la madrugada de hoy.
Votaron a favor 37, que pertenecen a Argentina Federal, kircherismo, peronismo de San Luis (Eugenia Catalfamo), MPN (Guillermo Pereyra), la rionegrina Magdalena Odarda, Pino Solanas y los santiagueños Ada Itúrrez y Gerardo Montenegro. Por su parte, el oficialismo reunió 30 (25 del PRO, UCR y aliados; 4 del Interbloque Federal; y el salteño Rodolfo Urtubey). No hubo abstenciones y cinco senadores se ausentaron del recinto, entre ellos Adolfo Rodríguez Saá.
La iniciativa opositora consiste en retrotraer las tarifas de servicios públicos a noviembre de 2017 (previo a la última readecuación tarifaria), restringir futuros incrementos al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y devolver, en 60 días, los aumentos por encima de ese cálculo que se produjeron en los últimos meses. El aumento de abril, según las regiones del país, en el caso del gas superó el 40%. Se excluyen de estos beneficios a los usuarios de categorías superiores de luz y gas, no se rebajará el IVA como se había planteado en un principio y se incorporaron definiciones precisas para definir a los usuarios de tarifa social, incluyendo en esa categoría a los clubes de barrio. En lo básico, rompe el programa oficial de dolarizar las tarifas y las liga al precio del salario, desconectando la manguera que transfiere recursos desde los usuarios, comercios e industrial a petroleras, generadoras de electricidad y distribuidoras de luz y gas.
Mientras que el proyecto del oficialismo planteaba rebajar a la mitad el IVA en los consumos residenciales y con tarifa social (de 21 a 10,5%) y de las PyMES (de 27 a 21%) en los consumos de luz y gas. El planteo es una copia de la iniciativa de Schiaretti y Urtubey.
El principal fundamento del veto del presidente Macri, será el “alto costo fiscal” que tendría la ley. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, calculó que el costo fiscal estimado será de 115 mil millones de pesos. Al retrotraer el precio de las tarifas al de abril de 2017, en el gobierno aseguran que perderán $ 34.643 millones por la tarifa de gas $74.936 por la de la luz y $5.450 por la de agua sólo con el costo impositivo. Por otro lado, se dejará sentado que el proyecto opositor es “unitario” porque beneficia a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. También destacará que la ley es inconstitucional porque el Congreso no fija la política tarifaria y que atenta contra el presupuesto aprobado hace 5 meses por amplia mayoría.
“La oposición sabe que el proyecto no tiene posibilidades de ser implementado. Es más: reconocen que no les importa, porque dicen que quieren enviarle un mensaje al Ejecutivo”, señaló Bullrich en su intervención, y puntualizó que “entre hacer las cosas bien y hacerlas para la tribuna hay más o menos 50 mil millones de pesos” de diferencia.
Quien actuó como vocero proyecto opositor fue el formoseño José Mayans (Justicialista), quien pronosticó que “si no ponemos límite, esto no va a terminar bien”. Aseguró que más del 90% de la población está a favor y remarcó que “hay una emergencia cuando la gente no puede pagar”.
Por su parte, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti alertó que “la política energética de Macri es una gran estafa nacional” porque “transfiere millones de pesos del bolsillo de los ciudadanos a un grupo de empresarios amigos del poder”, en particular “Nicolás Caputo, Marcelo Midlin y Joe Lewis”.
A su turno, Cristina Fernández afirmó que “un Presidente, un Parlamento, tiene muchos instrumentos, ¿se imaginan la angustia de alguien que tiene un salario para hacer frente a una factura?”. Y agregó que “ya es hora de que no se le mienta más a la gente; es mentira que se eliminaron los subsidios. Hablar de ‘pesada herencia’ como recurso retórico está bien, pero a esta altura somos el país que más deuda contrajo en los últimos dos años. ¿Alguien cree que si el país hubiera estado fundido los mercados internacionales nos hubieran prestado?”.
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