(Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe*). Vivimos un momento de una grave y cruel hipocresía estatal. Por un lado se dice que se quiere eliminar la pobreza, pero los actuales funcionarios gubernamentales nacionales se oponen, en general, a los planes sociales, porque entienden que es populismo deficitario y poco a poco hay que acabar con ellos y por el otro lado, no se generan nuevos empleos, ni se preservan los que existen.
Cuantas veces se sostiene, irresponsablemente, que los pobres se llenan de hijos para cobrar el subsidio. Y todos los días, se asiste al cierre de fuentes de trabajo privadas y públicas, y se lo justifica como daños colaterales de una política económica que se ocupa de beneficiar a los poderosos y que ahorra dinero público para pagar deudas externas usurarias.
O sea, con ese criterio tramposo se manifiesta que los planes sociales generan vagos, mientras no se garantiza que se logre tener trabajo. Así, pareciera que la única fórmula para eliminar a la pobreza es matando físicamente a los pobres, como lo está haciendo sutilmente la droga con el “Paco”, porque las otras salidas en dignidad, no aparecen como objetivos serios en los que se esté trabajando concreta y eficazmente. Eso sí, para prevenir la desesperación de los excluidos, el Estado se ocupa muy bien de invertir en armas y policías y quiere detenerlos y encarcelarlos cada vez más niños.
Hace un tiempo, en encontraba en un local de “Caritas” y una persona se me arrimó y me dijo, Ud. sabe que “me gustaría ser esclavo”. “¿Cómo es eso le pregunté?”. A lo que me contestó, “claro, si fuera esclavo tendría un valor de comercialización y por lo tanto, alguien se ocuparía de darme de comer, cuidaría mi salud y me ofrecería un techo. Lamentablemente ahora que soy un desempleado, si bien soy libre y no esclavo, nadie me asegura un trabajo para poder obtener comida, salud y techo para mí y mi familia”.
Esta sensación de desamparo resulta desesperante y la misma sociedad la hace sentir peor, agregándole una carga moral, cuando se dice “ese no trabaja porque es vago”.
La historia demuestra como los poderosos han instrumentado el concepto de vago y desempleado según sus intereses.
El 18 de abril de 1822, Martín Rodríguez promulgó un decreto que regulaba sobre los vagos y malentretenidos. Esta norma permitía apresar y enviar al servicio militar, por el doble de tiempo del enrolamiento voluntario, a los que se tuviera como vagos. El decreto autorizaba al Juez de Paz arrestar a quienes no demostraran que tenían trabajo.
La “papeleta de conchabo” era fundamental tenerla, sin embargo dicha constancia patronal no daba derecho a estabilidad laboral, ni sueldo digno, ni otros beneficios sociales, ni vacaciones pagas, sólo servía para que el portador no sea arrestado como vago y enviado a los fortines, ya que tenía un patrón bajo cuyas órdenes trabajaba y le daba el conchabo. La lógica era que había que agradecer al que lo explotaba laboralmente porque de esa manera el Estado no lo castigaba.
El ocioso o vago eran vistos como personas que atentaban contra el orden moral de la sociedad y ponían en peligro la paz y la unión del país. El estereotipo de ello que se combatía era, especialmente, “el gaucho”, para dolor de nuestra historia y ser nacional.
Esta costumbre legal injusta e hipócrita se prolongó, de acuerdo a las necesidades de quienes detentaban el poder, durante todo el siglo XIX y hasta casi la mitad del siglo XX en Argentina.
De esta forma, el Estado se aseguró hombres para el ejército y los pudientes tenían de esta forma mano de obra barata para sus emprendimientos, garantizada por el Estado. Todo ello, en una verdadera encerrona legal perversa a los más débiles.
La moraleja es triste, ya que cuando a algunos les convenía, no se podía aceptar que alguien no tuviera trabajo y podía ser arrestado por considerarlo vago. Ahora, los mismos que se aprovecharon del trabajo exigido a los que llamaban vagos, se desinteresan de ellos y no se ocupan, adecuadamente, que se puedan dignificar con empleos dignos, para ganar su pan.
El artículo 23, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional en Argentina, indica que “toda persona tiene derecho al trabajo… y a la protección contra el desempleo”.
Lamentablemente, la política actual no parece concentrada en la protección de las fuentes de trabajo, con políticas contra el desempleo, cada día se despiden más empleados del estado y se cierran fábricas o se reduce personal y tampoco se asegura el derecho a tener trabajo.
Resulta fundamental reflexionar sobre estos dos objetivos básicos, para poder construir, seriamente, una sociedad justa para todos. Tenemos que trabajar para hombres y mujeres libres y que no anhelen la esclavitud, porque ello sería un grave fracaso para la humanidad.
* Abogado laboralista y constitucionalista. Especialista en Derecho a la Comunicación.
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