Los vocales de la mayoría del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán y María Fernanda Leiva señalaron que la no aprobación de un expediente por más de 7 millones de dólares destinado a la adquisición de drones para las fuerzas de seguridad de la Provincia se produjo “en el marco de un proceso que presenta indicios de direccionamiento y presuntos sobreprecios”. El planteo de los vocales del Frente Cívico fue rechazado por el gobierno provincial.
Corvalán y Leiva apuntaron a través de un informe de prensa que “una de las principales observaciones realizadas se vincula con la utilización de la modalidad de contratación de “renglón único”, mediante la cual se incluyeron 29 ítems en una sola convocatoria, diseñada a medida para la única empresa oferente”.
Agregaron que “esta forma de contratación no solo vulnera lo establecido en el artículo 3 de la Ley Provincial de Contrataciones Nº 10.155, sino que también configura un proceso licitatorio direccionado, limitando la libre concurrencia y la transparencia”.
Por otro lado, denunciaron que “se advirtieron presuntos sobreprecios en distintos componentes del expediente, entre los que se destacan los drones, los servicios de capacitación y el software asociado, lo que refuerza las alertas sobre posibles irregularidades en el uso de fondos públicos”.
Otro de los puntos observados fue “la conformación de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Vantac SAS y Huinoil SA. Vantac SAS se encontraba registrada ante ARCA como prestadora de servicios de fotografía y recién un mes antes de la licitación modificó su inscripción en dicho organismo, mientras que Huinoil SA es una empresa vinculada al sector petrolero. Estas circunstancias motivaron observaciones adicionales respecto de la idoneidad de los oferentes para este tipo de contratación y refuerzan los indicios de un proceso irregular, incompatible con los principios de legalidad, transparencia y prevención de la corrupción que rigen la contratación pública”.
QUÉ DIJO EL GOBIERNO
Cabe recordar que la Provincia preadjudicó la compra de un sistema integral de 15 drones para la Policía de Córdoba a la UTE Vantac-Huinoil. El proceso licitatorio había comenzado el 31 de enero de 2025 y quedó paralizado en el Tribunal de Cuentas en septiembre pasado, hasta que a fin de diciembre fue observado por la mayoría juecista del organismo de control. El gobernador Martín Llaryora no definió todavía cuál será el curso que seguirá ese expediente.
Los ministros de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y de Vinculación Comunitaria, Miguel Siciliano (Vinculación Comunitaria) negaron irregularidades en la licitación preadjudicada a la UTE Vantac-Huinoil y señalaron que el juecismo busca dificultar la gestión del Ejecutivo provincial.
QUÉ DIJO EL MINISTRO DE SEGURIDAD
Quinteros afirmó en su cuenta de la Red X que “cuando los organismos de control dejan de controlar y empiezan a hacer política, el problema ya no es un expediente: es la democracia. Detrás del cinismo de un supuesto “control”, el juecismo, disfrazado de libertario, pretende que haya menos seguridad para los cordobeses. No cuestionan el precio. No cuestionan el procedimiento. No cuestionan la idoneidad de las empresas. No cuestionan la legalidad. Cuestionan la decisión de equipar con tecnología del primer mundo a la Policía de Córdoba”.
Agregó que “la licitación para incorporar drones de última generación a la fuerza fue frenada sin un solo argumento jurídico, luego de más de 70 instancias administrativas y con la intervención de todas las áreas técnicas y legales del Estado. Es más: las áreas técnicas del Tribunal de Cuentas aconsejaron aprobar esta inversión en seguridad. El palo en la rueda lo puso lo peor de la política: la que quiera asociarse a la delincuencia y tomar a los cordobeses de rehenes”.
QUÉ SE QUIERE ADQUIRIR
Quinteros detalló que la licitación preadjudicada a la UTE Vantac-Huinoil por U$S 6,8 millones incluye 6 drones DJI Matrice 350 RTK con cámara, paracaídas y 36 baterías; 6 drones DJI Matrice 4T de despliegue rápido con IA y 24 baterías; 2 drones VTOL VTOne ala fija de mediano alcance (150 Km) y estaciones de control, baterías, sensores, mantenimiento y cursos de operación.
También se licitó la compra un dron de uso militar: un sistema Harpia de ala fija de largo alcance y 12 horas de autonomía, que incluye dos estaciones de control de largo alcance, dos aeronaves (una con radar y otra con sensores), cursos de operación de 60 días en Brasil, cadena de repuestos, garantías y certificaciones.
Además, la Provincia recalcó que la operación incluye la compra de sistema anti-dron (detectores RF, interferidores, spofeers portátiles, un radar 360 con IA para detección de drones) y tres unidades móviles de control táctico con 24 horas de autonomía.
Finalmente, respecto del software, la licitación incluye reconocimiento facial certificado, lectura de patentes, análisis de video e IA, licencia permanente e integración con los sistemas policiales. En cuanto a capacitación y marco legal, se incluyen 160 cursos de opeeración y 8 cursos sistema Harpia y sensores en Brasil, por 60 días, con todos los gastos cubiertos. También las certificaciones de los operadores, la consultoría, la implementación y el mantenimiento integral por 18 meses.
—
SUSCRIBITE A DOSSIER360.
HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.
RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.
CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.
