La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la responsabilidad del ex policía federal Juan Carlos Alzugaray en el secuestro del abogado boliviano Gustavo Manuel Medina Ortiz, ocurrido en Salta en octubre de 1975, en el marco de la Operación Cóndor.
El fallo, considerado un nuevo avance judicial en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, confirma la condena por privación ilegítima de la libertad, aunque deja sin efecto la imputación por homicidio agravado.
Por mayoría, el máximo tribunal penal del país rechazó el recurso de la defensa y avaló la sentencia que considera a Alzugaray coautor del secuestro forzado del abogado, quien fue interceptado de madrugada en su casa frente a sus hijos de 11 y 12 años. Ambos declararon en el juicio y fueron clave para reconstruir lo ocurrido, según destacó la jueza Angela Ledesma.
Sin embargo, Ledesma y su colega Guillermo Yacobucci votaron por absolverlo del homicidio, mientras que el juez Alejandro Slokar mantuvo su posición de sostener esa acusación. En un voto en disidencia, Slokar sostuvo que los hechos no pueden analizarse de manera aislada, sino dentro de un plan transnacional de represión coordinado por las dictaduras del Cono Sur con apoyo de agencias de inteligencia estadounidenses.
“El secuestro, entrega y desaparición de personas entre países vecinos fue una práctica sistemática”, subrayó Slokar, quien citó documentos desclasificados, investigaciones de Stella Calloni y Baltasar Garzón y registros de reuniones diplomáticas, como el encuentro en 1976 entre Henry Kissinger y el canciller argentino de la dictadura, César Guzzetti.
Medina Ortiz, abogado, militante sindical e integrante de la izquierda boliviana, había huido de la persecución política del régimen de Hugo Banzer y se había instalado en Argentina. Antes de su secuestro, había sufrido allanamientos, amenazas y hostigamientos. Entre quienes participaron del operativo fue identificado Alzugaray, entonces inspector de la Policía Federal, junto a un agente boliviano. Desde aquella madrugada del 10 de octubre de 1975, no se volvió a saber nada del abogado.
En su voto, Slokar recordó que la Operación Cóndor constituyó una red de vigilancia, secuestro y eliminación de opositores políticos más allá de las fronteras nacionales, un mecanismo que marcó a generaciones enteras. “El terror y el desamparo privaron a nuestros pueblos de sus derechos sociales, políticos, jurídicos y culturales”, citó, recuperando palabras de Adolfo Pérez Esquivel.
Con esta resolución, Casación reafirma la calificación de lesa humanidad del caso y sostiene la continuidad de los procesos destinados a juzgar los crímenes cometidos en el marco de la coordinación represiva regional del Plan Cóndor.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
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