El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), encabezado por Graciela Aleñá, presentó un petitorio dirigido a gobernadores, diputados y senadores nacionales, solicitando el apoyo para derogar el Decreto 461/25, dictado por el Poder Ejecutivo, que dispone el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La acción forma parte de un plan de lucha nacional. En Córdoba se desarrollaron protestas de la filial local del frente a la delegación Córdoba de la DNV. José Basualdo, secretario General del STVyARA en Córdoba dijo que 5 mil trabajadores pueden “engrosar la lista de miles de desempleados como consecuencia de la ausencia de obra pública” y agregó que “la falta de mantenimiento actual puede traer como consecuencia gastos gigantescos a futuro para la reconstrucción de los caminos”.
El sindicato nacional advirtió que el cierre del organismo pone en riesgo el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial estratégica que la DNV ha sostenido durante casi 93 años. En el documento entregado, se destacó que “es fundamental preservar el rol estratégico de Vialidad Nacional, garantizando una política pública de transporte que beneficie a toda la población y asegure un desarrollo equitativo y conectado”.
El documento presentado a legisladores y gobernadores expresa que el 461/25 dictado por el gobierno del presidente ultraderechista, Javier Milei, “cuya validez está ahora en manos de la Comisión Bicameral Permanente y de los representantes de ambas Cámaras del Congreso, plantea la disolución de la DNV sin ofrecer claridad sobre quién asumirá sus responsabilidades esenciales, el destino de sus fuentes de financiamiento ni el futuro de los 5.200 trabajadores que sostienen a sus familias gracias a este organismo”.
Señala también que el decreto, basado en cuestionados informes del Ministerio de Desregulación, limita las funciones de la DNV a tareas de vigilancia de seguridad vial, la creación de una agencia de control de concesiones y la transferencia de sus bienes muebles e inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Sin embargo, omite designar organismos que reemplacen las funciones clave que la DNV desempeña actualmente, como la planificación, ejecución y mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas troncales que conectan capitales provinciales, regiones productivas, centros logísticos, puertos y aeropuertos.
Asegura que la Dirección Nacional de Vialidad es mucho más que un organismo administrativo; “es un símbolo de federalismo y cohesión nacional. A través de sus caminos, Argentina se une, garantizando la conectividad de regiones aisladas, el desarrollo económico y la seguridad vial”.
Entre sus aportes fundamentales destacan:
-Infraestructura técnica y personal especializado: Con presencia en todas las provincias, la DNV cuenta con equipos y profesionales capacitados para ejecutar obras con criterios estratégicos y continuidad territorial.
-Planificación participativa: A través del Consejo Vial Federal (CVF), coordina con vialidades provinciales para una gestión articulada y eficiente.
-Conexión nacional: Administra rutas que son la columna vertebral del transporte en Argentina, donde el 90% de los bienes se trasladan por carretera.
-Desarrollo regional: Conecta zonas remotas, promoviendo su crecimiento económico y social.
-Seguridad vial: El mantenimiento de rutas es clave para reducir la siniestralidad vial, ya que una carretera en mal estado puede convertirse en una trampa mortal.
-Autonomía operativa: La DNV actúa con rapidez y criterios técnicos, sin interferencias políticas, respondiendo a emergencias climáticas y estableciendo estándares de diseño, construcción y mantenimiento vial.
Luego apunta que “la desaparición de la DNV no solo compromete la infraestructura vial, sino que amenaza la integración nacional y el desarrollo equitativo del país. Entre las consecuencias más graves se encuentran:
-Aumento de desigualdades regionales: Las zonas más necesitadas quedarían desatendidas.
-Fragmentación del sistema vial: La creación de 24 sistemas viales desconectados, sin coordinación ni estándares unificados.
-Pérdida de integración nacional: La falta de una red vial coherente debilitaría la unidad del país.
-Riesgo para la seguridad vial: La ausencia de mantenimiento adecuado incrementaría los accidentes.
-Impacto económico: La desprotección de la inversión pública y el deterioro de rutas afectarían el transporte de bienes, clave para la economía.
-Pérdida de capacidad técnica: La tercerización total del mantenimiento vial es inviable, ya que ningún otro organismo, público o privado, cuenta con la experiencia, personal y equipamiento de la DNV”.
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