La titular del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, denunció que la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) por parte del gobierno nacional es una medida que responde a intereses privatistas, que dejará a más de 5.500 trabajadores en la calle y que pondrá en riesgo más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, que quedarían sin mantenimiento ni control estatal.
Aleñá acusó al presidente Milei y al ministro Federico Sturzenegger de generar “Rutas Nacionales de la Muerte” al desmantelar la DNV, un organismo responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de la red vial nacional. “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Es una vergüenza. Mienten sobre nuestras funciones y armaron este decreto para hacer negocios”, afirmó la sindicalista, quien también señaló que el Gobierno desvió “escandalosamente” el Impuesto a los Combustibles, destinado originalmente a financiar obras viales.
El decreto traspasa las funciones de Vialidad al Ministerio de Economía. La dirigente calificó esta decisión como “profundamente ideológica”, parte del plan del Gobierno de achicar el Estado “a su mínima expresión” bajo el argumento de la ineficiencia, que desmiente categóricamente. “Nos desfinanciaron desde que asumieron para justificar ahora nuestra supuesta ineficiencia. Esto es un genocidio vial”, sentenció.
Aleñá también alertó sobre las consecuencias sociales y económicas de la medida: “118 rutas nacionales quedarán a la deriva, y más de 40.000 kilómetros sin mantenimiento ni cobertura. Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme”. Además, denunció que el decreto prevé liquidar los bienes de infraestructura de Vialidad, como edificios y maquinaria valuados en cientos de millones de pesos, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. A contramano de lo que sostiene el Gobierno, que tilda a Vialidad de tener una estructura “compleja y onerosa”, Aleñá defendió la labor del organismo, que opera en todo el país resolviendo problemas diarios en las rutas, desde bacheo y repavimentación hasta señalización y control de peso. “Ningún ministerio centralizado ni empresa privada puede reemplazar nuestra presencia territorial sin afectar la calidad del servicio o su alcance federal”, aseguró.
La sindicalista también cuestionó la narrativa oficial que destaca la mayor eficiencia del sector privado en el mantenimiento vial. “Mercantilizan la función pública y omiten que Vialidad tiene un rol estratégico en la planificación y control del desarrollo vial. El problema no es la ejecución mixta, sino el abandono presupuestario deliberado del organismo”, afirmó. Además, advirtió que la nueva agencia propuesta por el Gobierno, lejos de ser “moderna y profesional”, estará atada a una lógica “político-fiscalista” que alejará las decisiones de los territorios y debilitará la planificación técnica.
El decreto también plantea un ahorro en el gasto público, pero Aleñá subrayó que el costo de desmantelar Vialidad va más allá de lo económico: “Es institucional, social y productivo. Sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente, las inversiones se guiarán por rentabilidad y no por necesidad social o conectividad federal”. La dirigente destacó que la disolución de Vialidad comprometerá la soberanía vial, ya que decisiones sobre rutas, licitaciones y obras pasarán a manos de privados o funcionarios sin anclaje territorial, aumentando los riesgos para la seguridad y la transparencia.
Finalmente, Aleñá hizo un llamado urgente a gobernadores y fuerzas políticas para que se opongan al decreto, que también afecta otras áreas del transporte y fortalece el rol de las fuerzas de seguridad en el sector, lo que interpretó como un “mensaje represivo” y una puerta a nuevos negocios. “Vialidad tenía funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas. Su desaparición pone en jaque la capacidad del Estado para garantizar transparencia y cumplimiento”, concluyó.
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