La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) Capital rechazó los descuentos salariales anunciados por el gobierno a los docentes por el paro realizado el 5 y 6 de agosto pasado. “Rechazamos los ilegales descuentos por paro que buscan disciplinar a la docencia. El anuncio del gobernador (Martín) Llaryora de que descontará el multitudinario paro educativo es una canallada”, afirma el comunicado de prensa gremial.
El gremio asegura que “impugnamos los ilegales descuentos por paro, exigimos su inmediata devolución y hemos presentado dicha impugnación ante el Ministerio de Educación, y también lo haremos ante la Secretaría General de la Gobernación. Asimismo, acudiremos al Ministerio de Trabajo de la provincia y accionaremos gremial, administrativa, y judicialmente hasta lograr que sean restituidos”.
La seccional que conduce Franco Boczkwoski, alineada en la oposición a la conducción provincial del sindicato, denuncia que “dos semanas después de cerrar una paritaria que deja a la tercera parte de la docencia por debajo de la indigencia, anuncia -luego de una negociación secreta, a espaldas de la docencia- que retendrá parte del salario por desenvolver una lucha que fue abrazada por toda la comunidad educativa y la población”.
Señala el gremio capitalino que “ninguno de los que participaron de esa reunión tenía mandato para “entregar” los descuentos por días de paro, porque la docencia de toda la provincia los rechaza masivamente y le sobran razones” y afirma que “es un retroceso en relación a paritarias anteriores, donde se logró que el gobierno no descuente los días de paro”.
Agrega que “los descuentos son ilegales, ilegítimos, arbitrarios y discriminatorios; solo persiguen el objetivo de sancionar la lucha que desplegó la docencia para salir de la pobreza durante más de dos meses”.
Luego afirma el comunicado de la UEPC Capital que “el salario tiene carácter alimentario y es un bien intangible de cualquier trabajador. A sabiendas de ello, Llaryora aplica descuentos sobre salarios que no alcanzan la línea de pobreza”.
Explica el gremio que “de esta manera, el descuento vuelve abstracto el aumento. O sea, 4,36% va a ser el aumento de agosto y Llaryora va a descontar más. Entonces, vuelve a incidir en la misma línea de no aumentar, no actualizar el salario al nivel del IPC”.
También expresa que “se busca regimentar a la docencia, al igual que con la Ley de esencialidad que la mayoría de los bloques votó en diputados, porque preparan nuevos ataques sobre los salarios y sobre la educación que sin dudas las y los trabajadores de la educación enfrentarán. Llaryora ha tomado nota de la última paritaria y busca doblegar a una docencia que está de pie”.
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