La provincia de Córdoba no avanza aun, legislativamente, en la aprobación de un marco jurídico específico local y verdaderamente protector contra un grave flagelo que padece la clase trabajadora cordobesa: La violencia laboral.
La violencia laboral, es un fenómeno en crecimiento geométrico, no solo en Córdoba, sino en todo el país.
Hay que comenzar diciendo que la violencia laboral, es una forma de abuso de poder que se ejerce sobre una o más personas, que busca el sometimiento, como así también, en muchas oportunidades, la renuncia.
Existen tres modalidades de violencia laboral que son: El acoso sexual, el acoso moral o psicológico y la agresión física.
Es importante señalar que, desde hace varios años, en nuestro país se vive “un clima de odio y de persecución hacia el trabajador y la trabajadora en distintos ámbitos (estatales y privados)”. Existen sobrados ejemplos de ello.
Lugares de trabajo en donde aprovechando este contexto, se profundizan los casos de violencia laboral, una violencia que va día a día aumentando de manera alarmante y preocupante.
Ámbitos laborales colmados de jefaturas dictatoriales (que actúan como verdaderos patrones de estancia), agresiones constantes, descalificaciones personales, agravios permanentes, no asignación de tareas, y “silencio despectivo”, inequidad salarial (entre trabajadores y trabajadoras que hacen la misma tarea), entre otras acciones que se ejercen hacia los dependientes.
Trabajadoras y trabajadores que viven realmente atormentados durante sus jornadas laborales, como una verdadera película de terror que se repite todos los días, y padeciendo, de distintas maneras, violencia laboral.
Subalternos ejerciendo acoso laboral a forma de complot contra superiores jerárquicos, con la finalidad de que los mismos sean desplazados del sector.
Compañeras y compañeros del mismo rango o jerarquía acosando laboralmente a su/s pares por razones económicas o por el anhelo desmedido de ascensos o mejoras en sus ingresos a cualquier precio.
Estos son algunos de los casos que se viven a diario en el ámbito laboral, tanto por subalternos, por superiores jerárquicos y por trabajadores o trabajadoras del mismo rango o jerarquía.
Lo que hay que manifestar ante cualquiera de estas situaciones inaceptables, es que nadie va a su trabajo a sufrir.
Según lo investigado y lo expresado por varios médicos especialistas, se advierte que la violencia laboral, no solo enferma, sino que además causa muertes (incluyendo suicidios).
¿Qué piensa hacer entonces la clase política cordobesa, con esta situación que no admite más dilación en su tratamiento legislativo? ¿Por qué desde el propio Estado provincial, no se avanza en el tratamiento y aprobación de marcos legales que prevengan y sancionen esta forma de violencia, en el ámbito del trabajo?
Hay quienes proponen e insisten en la puesta en marchas de protocolos de violencia laboral. Personalmente, considero que son parches y, en definitiva, se utilizan cuando en el fondo no se pretende prevenir, sancionar y erradicar de verdad a la violencia laboral. Son instrumentos que no sirven para nada, más que para desalentar las denuncias y darle mayor impunidad a los violentos.
Existen muchos proyectos presentados sobre esta temática que nunca avanzan y se encuentran cajoneados.
Logramos luego de mucho trabajo y consenso, la aprobación del primer marco legal en la provincia de Córdoba de la Ordenanza 2625/19 contra la Violencia Laboral en Río Ceballos.
A nivel local, logré la presentación de un proyecto de Ordenanza Municipal para la ciudad de Córdoba (Nro. 7432-C-2019); un proyecto de ley provincial para Córdoba (Nro. 18973L16); y dos Proyecto de Leyes Nacionales (Nro. 6876-D-2018 y 4278-D-2020), entre otros.
Varios de ellos, han tenido acompañamientos de sindicatos, centrales obreras nacionales, facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, del Defensor del Pueblo de la Provincia, de organizaciones sociales y religiosas; es decir, tienen el consenso de todos los sectores, menos de la quienes legislan.
Mientras que quienes legislan, no tratan estos y otros proyectos sobre violencia laboral, hay trabajadoras y trabajadores que se siguen enfermando y otros que están en riesgo de perder la vida.
La clase política debe dejar de mirar para otro lado y también, debe dejar de hacerse la distraída, frente a la gravedad de la situación.
Al jurar en sus cargos no solo tienen derechos, sino que también asumen obligaciones y responsabilidades. Las organizaciones sindicales deben comenzar a exigir enérgicamente la aprobación de los cuerpos normativos que detengan esta delicada situación, porque están para defender a la clase trabajadora también frente a la violencia laboral. La clase trabajadora debe reclamar las veces que sean necesarias para que se aprueben esos marcos legales con carácter de urgencia. Llegó la hora de que la Legislatura Unicameral de Córdoba, diga de una vez por todas basta de violencia laboral.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado.
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