La Comisión Ejecutiva Provincial de la CTA Autónoma (CTA-A) rechazó y repudió la decisión de la Jueza de Control y Faltas Número 4, Anahí Hampartzounian, que confirmó el requerimiento de citación a juicio de la causa en la que se dispuso la acusación de cinco líderes de movimientos piqueteros y del Secretario General de ATE y la CTA-A Córdoba, Federico Giuliani, por “el supuesto delito de ‘Impedimento u Obstrucción de Transporte o Servicios Públicos’, durante la masiva Marcha contra el Hambre del 5 de abril de 2023”.
Para la central obrera, “es inaceptable que ante la crisis social y económica imperante, donde la lucha necesariamente se profundiza, las prácticas persecutorias y criminalizadoras de la protesta social se refuercen. Una decisión de estas características pretende constituirse en un mecanismo disciplinador y de amedrentamiento para quienes luchan frente a tantas injusticias”.
Señala el comunicado que “seguiremos denunciando e interviniendo cada vez que los reclamos genuinos y legítimos de la clase trabajadora se resuelvan criminalizando y judicializando la protesta. Ni luchar ni protestar es delito”.
Agrega que “desde nuestra Central no claudicaremos en este reclamo, menos aún cuando tocan a un compañero, y seguiremos exigiendo el cese de la persecución política. Rechazamos la elevación a juicio de esta causa y nos convocamos a redoblar fuerzas para poner freno al destino que quieren imponer a dirigentes y luchadores populares”.
“Sobre la base del fallo del Juez de Control Nº 10 de Córdoba, Juan Manuel Fernández López, a favor de restringir el derecho a la protesta y haciendo lugar a un hábeas corpus interpuesto por el Centro Vecinal del Barrio Centro, el Fiscal Ernesto de Aragón formuló la imputación del delito de ‘obstrucción de tránsito para los medios de transporte’, contra Giuliani y otros cinco referentes sociales más de la provincia: Emanuel Berardo, Soledad Cristina Díaz García, Marisa Viviana Cariddi, Agustín Nazar y Roxana Alejandra Carezano”, resalta la CTA-A en su comunicado.
La CTA-A Córdoba dice, por último, que “viene advirtiendo desde hace tiempo sobre la profundización de las políticas de criminalización de la protesta social en la provincia. La ferocidad policial en la represión de los actos de protesta se constata con mayor claridad a partir de que es aprobada en la Unicameral -entre gallos y medianoche- la Ley de Seguridad que municipaliza y privatiza una potestad del Estado Provincial: El monopolio de la fuerza pública”.
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