El DNU 70/23 y la llamada “ley ómnibus” significan el primer paso de un proyecto autoritario que se propone, con la aprobación de esos instrumentos, la ruptura del orden constitucional en nuestro país anulando su forma republicana de organización política. Desde esta perspectiva deben analizarse las acciones emprendidas por el presidente Javier Milei desde su asunción.
LA INCONSTITUCIONALIDAD
“El presidente ha dictado un decreto de necesidad y urgencia fundado en el artículo 93, inciso 3 de la Constitución Nacional sin que exista la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes por lo que es nulo de nulidad absoluta e insanable tal como lo dispone la norma. Es también inconstitucional porque contradice derechos establecidos por nuestra constitución y retrocede sobre conquistas alcanzadas en contra del principio de progresividad consagrados en los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional que nuestro estado se ha obligado a respetar. La convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso contradice las bases fácticas que justificarían la sanción de un decreto de necesidad y urgencia”.
“También ha remitido al Congreso un proyecto de ley que llama Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos que lo facultaría a dictar leyes mediante las delegaciones legislativas que propone, sin que estén dadas las bases de la delegación tal como lo exige el artículo 76 de la Constitución y que exceden las materias de administración o emergencia, únicos casos en que se los autoriza.”
“El decreto de necesidad y urgencia sancionado implica el ejercicio de facultades extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo expresamente prohibidas por el artículo 29 de la Constitución ya que se arroga el ejercicio de atribuciones de otro poder, en este caso el legislativo, sancionando normas que tienen contenido de ley. Lo mismo ocurre con la legislación delegada que pretendería ejercer si se aprobase el proyecto de ley enviado.”
“La prórroga por sí mismo del estado de emergencia que el Poder Ejecutivo pretende que se autorice por el proyecto de ley implicaría el ejercicio de la suma del poder público expresamente prohibida por el artículo 29 de la Constitución ya que ejercería atribuciones legislativas por todo su mandato.”
Lo que correspondería, según lo plantea Ramón Torres Molina (convencional de la Constituyente de 1994 y Profesor de Historia Constitucional de la UNLP), autor de los párrafos entrecomillados expuestos, es el juicio político al Presidente Milei previsto por el artículo 53 de la Constitución. Dicho juicio sería por mal desempeño de sus funciones al atribuirse funciones legislativas propias del Congreso y pretender el ejercicio de facultades extraordinarias y la suma del poder público mediante un proyecto de ley enviado al Congreso. Todo ello además de la responsabilidad penal que pudiese corresponderle según lo establecido por el artículo 29 de la Constitución Nacional.
EL SAQUEO
El proyecto presentado en el Congreso, además de autoritario e inconstitucional, es un verdadero plan de saqueo y extranjerización de la economía y la cultura, bajo el dominio del Capital Financiero Internacional, para lo que requiere demoler las regulaciones estatales que lo impiden en todos los planos.
Con dos actos administrativos se apunta a dejar sin efecto gran parte de la Constitución Nacional (tanto en su parte orgánica como en su declaración de derechos y garantías) y derogar más de trecientas leyes que han sido sancionadas durante más de sesenta años, producto de debates y de la articulación de mayorías democráticas, que regularon la vida social, económica, cultural y política de Argentina.
La privatización de YPF, ARSAT, el Banco Nación y el Fondo de Garantía de Anses, son los ejemplos emblemáticos de la entrega de empresas superavitarias y de los recursos naturales de la Nación. Estas medidas van en sintonía con las derogaciones de las leyes de bosques y de glaciares y, por otro lado, con el desfinanciamiento del Conicet y de las universidades públicas, y la desaparición de todos los fondos presupuestarios especiales destinados a financiar la actividad y producción de contenidos culturales en nuestro país. El objetivo planteado en todos los casos es la destrucción de herramientas de valor estratégico para el desarrollo económico, social y cultural.
Estas medidas, sumadas al monitoreo trimestral del FMI sobre la economía sepultarían nuestra soberanía nacional.
La oficina del FMI en Washington. (Foto: Gentileza).
LA RUPTURA DEL ORDEN INSTITUCIONAL
De hecho, después de la aprobación de estos instrumentos, el Congreso de la Nación quedaría con funciones meramente decorativas y absolutamente devaluado ya sea por su complicidad o por su impotencia. Esa situación de debilidad y descredito es la que planea la ultraderecha para eliminar en forma virtual o real la organización republicana de nuestro país.
Este plan de gobierno es sostenido por la alianza de Milei con Macri que actúan junto con los grupos económicos concentrados como Techint, Arcor, Clarin, Eurnekian, Bulgheroni, y Pérez Companc, entre otros, que han poblado con sus CEOs los cargos ministeriales, sumados al plantel de endeudadores del ministro de Economía, Luis Caputo, que operan abiertamente como agentes de la banca extranjera y grupos inversores como BlackRock.
Una porción de la aplicación de este plan neoliberal, desde una posición subordinada, cuenta con el apoyo vergonzante del bloque cordobesista del ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y del actual mandatario, Martín Llaryora, y de una parte del radicalismo, comandado por el diputado Rodrigo De Loredo y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quienes son, en definitiva, los que pueden aportar votos para lograr la mayoría parlamentaria. Desde una mal llamada “oposición amigable” han asumido en este trámite antidemocrático el rol de naturalizar el avasallamiento institucional, presentado una supuesta negociación, a través de la cual estarían mejorando algunos artículos, cuando de lo que se trata -en realidad- es derogar más de 300 leyes y conceder facultades extraordinarias a Milei y hacerlo por vía de un trámite exprés, sin que la sociedad pueda informarme ni participar de modo alguno y se entere de las consecuencias reales cuando las sufra en su vida cotidiana.
Naturalizar que un Poder del Estado (en este caso el Presidente) puede imponer su voluntad sin límites constitucionales y legales, es una de las formas que adquiere la ruptura constitucional en nuestra época en América Latina. A diferencia de los años ‘50 a ‘70 en que las mismas eran protagonizadas por las FF.AA.; en nuestro pasado reciente han sido realizadas por alguno de los poderes del Estado que derriba a otro(s). Las más comunes han sido las que por acciones de las Legislaturas o de los Tribunales Supremos se “voltearan” a los presidentes. Así fue en Honduras con el presidente Manuel Zelaya; en Paraguay, con Fernando Lugo; en Brasil con Dilma Rouseff; en Bolivia con Evo Morales; y en Perú con pedro Castillo. En todos los casos contaron con la organización y patrocinio del Gobierno de EE.UU.
La ex presidenta de Brasil, Dilma Roussef. (Foto: Gentileza).
El antecedente inicial paradigmático de este nuevo tipo de accionar golpista fue el de Alberto Fujimori en Perú, en el año 1992, que luego de un largo tironeo y desgaste, disolvió por decreto el Parlamento Peruano, e impuso un régimen autoritario que en una década desarticuló la organización estatal y subordino el país a las grandes corporaciones mineras.
Es en esta perspectiva deben analizarse| las movidas de Milei y, en particular, este primer paso si transcurre sin oposición.
EL RECHAZO
El bloque de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, han sostenido una posición firme de rechazo y vienen efectuando un debate esclarecedor a la sociedad de los alcances verdaderos de los proyectos presentados. De igual modo lo han efectuado los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y La Rioja, Ricardo Quintela.
La oposición de la CGT y las dos CTAs, los movimientos sociales y de las multisectoriales que se van constituyendo en la Provincia de Buenos Aires y algunas ciudades del interior, van poniendo en acción de la manera que pueden, la memoria popular que registra el enorme daño ocasionado por los planes neoliberales aplicados por la dictadura cívico-militar, el menemismo y por Mauricio Macri más recientemente. Pero que también conoce que la democracia y los derechos se han conquistado y defendido en la calle.
El paro convocado por las centrales sindicales para el próximo 24 de enero, que cuenta con el apoyo de distintas organizaciones sociales y políticas, seguramente tendrá masividad y será una demostración del estado de ánimo, de los trabajadores y los sectores agredidos por este plan neoliberal.
El desafío que deberá asumirse, es que éste sea el inicio de una acción de resistencia que abarque todo el territorio del país, en la que el pueblo defienda colectivamente cada derecho que se pretenda vulnerar y el punto clave en la disputa actual que es la defensa y existencia de nuestra soberanía nacional.
* Carlos Vicente es abogado y co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Regional Córdoba.
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