El costo del ajuste lo debe pagar la casta. Javier Milei fue elegido por la bronca de los argentinos con un modelo de poder impregnado de corrupción y de incompetencia. No fue un voto en contra de personas sino en contra un sistema de acumulación de poder que nos humillo y nos empobreció.
Massa fue derrotado, no solo por sus vicios políticos que son públicos. Sino porque representa ese sistema de acumulación de poder del cual Martín Insaurralde fue el último ejemplo.
El mandato de las urnas es categórico: Terminar con ese sistema de poder corrupto e incompetente.
El término “sistema” proviene de las ciencias duras. Un sistema está integrado por un conjunto de variables estables y dinámicas que fijan un movimiento y una direccionalidad.
Hay variables que no son económicas pero que son fundamentales en la estabilidad de ese sistema de poder. Entre ellas, la Judicial, la Cultural y la Sindical.
Este es un diagnóstico sistémico y realista del “problema argentino”. El sistema de construcción de poder en Argentina tiene cuatro eslabones marcados: Sobreprecios, sobornos, enriquecimiento ilícito público y privado y lavado de activos.
Este es el sistema que funciona en Argentina para construir poder político, económico y sindical.
No existe ningún poder en Argentina, público ni privado, que esté excluido de esta dinámica de corrupción. Y aquí, aparece el Sistema Judicial como garante de impunidad de los delitos del poder.
De nada servirán las reformas monetarias, económicas o fiscales si no se reforma el sistema judicial.
En el Informe de la Comisión de Expertos del Colegio de abogados de Córdoba de octubre del 2018, se muestra el verdadero drama de la Argentina. El 82% de la sociedad desconfía de su justicia. Son tres encuestas científicas en 20 años. Y un equipo interdisciplinario de juristas, sociólogos y economistas de alta autoridad académica y moral. La causa principal de la desconfianza social del argentino en su justicia es la impunidad de los delitos del poder.
El informe del CIPCE del 2009 ya nos había adelantado que un juicio por corrupción en Argentina dura un promedio de 14 años y solo tiene un índice de condena del 4%.
En ese informe de expertos se estima racionalmente el costo económico de la corrupción. Se toma como base de cálculo los sobrecostos del 20/30% en las obras previstas en el presupuesto de la Nación. El costo de la corrupción va de 5 mil a 10 mil millones de dólares anuales. Solo por la obra pública nacional. Habría que agregar otra cifra similar por la obra pública provincial, municipal y por los sobrecostos en los servicios públicos.
Medidas que debería proponer el presidente Milei ahora mismo:
-1. Reforma del Código Penal en el título “delitos contra la administración pública”. Agravantes punitivos, no aumentos de penas (No nos interesa el portero sino el ministro). Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas y decomiso anticipado de bienes habidos por la corrupción. Reformulación de la figura del funcionario público, que incluya a los concesionarios de obras y servicios públicos. Esta Reforma tuvo estado parlamentario en Diputados hasta el 2016. Dictamen favorable de las Comisiones de Legislación Penal y Justicia y su segunda firma fue de la Diputada Patricia Bullrich.
-2. Reforma del Código Procesal Penal con fundamento en el art. 8.1 “H” de la Convención Americana y la Convención de Caracas. Una Sentencia firme y de cumplimiento efectivo es la de segunda instancia y no la de tercera instancia. Los Recursos del condenado en segunda instancia no tienen efecto suspensivo y se deben plantear desde la cárcel.
El presidente Milei no se puede equivocar. Un cambio de sistema judicial que modifique el rumbo de la política criminal debe acompañar las reformas monetarias y fiscales. Desplazar el peso de la persecución penal hacia los delitos del poder. Cuando la sociedad vea castigos reales a los delitos del poder recuperará confianza en la Justicia y en las Instituciones y con ello se recuperará confianza en moneda.
* Juan Carlos Vega. UC Córdoba. UC Lovaina.
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