El concejal Juan Pablo Quinteros (Somos Córdoba) presentó un proyecto de ordenanza para sancionar a los electores que no emitan su voto en las elecciones municipales. Lo hizo, luego que en los comicios del pasado 23 de julio concurrieran a las urnas apenas el 58% de los empadronados.
Quinteros propone modificar la Ordenanza Nº10073. Señala que se promueven “una serie de penalidades, no económicas, al elector que no cumpla con su obligación de sufragar, también la creación de un registro de infractores al deber de votar estipulado en el artículo 8 del Código Electoral Municipal, a los efectos de que el Juez Electoral Municipal elabore un listado que contenga los ciudadanos que no cumplen con la obligación de emitir su voto sin justificación alguna, para luego ser remitida a la Justicia Administrativa de Faltas, a los fines de su aplicación”.
Entre las penalidades que establece en el artículo 94 bis, se establece que “los que incurran en dicha conducta no podrán participar del proceso de selección de personal que realice el municipio; tramitar la emisión o renovación de carnet de conducir; gestionar permisos de edificación; solicitar la habilitación de un comercio o industria; solicitar el retiro de residuos de poda u obra ante las empresas prestadoras del servicio; y contar con el requisito sine qua non pueda ser designado como funcionario o agente municipal”.
Tampoco podrán “ser postulante del Boleto Social Cordobés, Boleto Educativo Gratuito, así como del Boleto Obrero Social; participar de los programas de capacitación y formación que lleve adelante el municipio; postular al registro de proveedores y contratistas del estado municipal; recibir los beneficios tributarios contemplados en las normas específicas; y postular a otros programas municipales que serán dispuestos vía reglamentaria por el DEM”.
Por último, impulsa que “a pedido del infractor, el Juez interviniente podrá sustituir las penalidades mencionadas por trabajo comunitario”.
El edil afirma que “la no concurrencia a votar es un síntoma que, votación tras votación, queda cada vez más claro y evidente. Sin dudas los análisis de fondo sobre esta “apatía ciudadana” deberá ser tema de análisis de quienes son los responsables de llevar adelante las políticas públicas. Mientras tanto es nuestro deber tomar los recaudos necesarios para frenar esta curva descendente de participación ciudadana”.
Finalmente argumentó que “lo que se pretende es que todos, quienes vivimos en sociedad, comprendamos que la democracia nos asigna derechos, pero también nos impone obligaciones. El proyecto tiene como objetivo no solamente que el vecino cumpla su obligación, sino que no volvamos a repetir hechos absolutamente vergonzosos como el que llevó adelante la Junta Electoral Municipal publicitando, de manera artera, que no concurrir a votar no tenía ningún tipo de consecuencia en un claro intento de desalentar la participación popular en las elecciones”.
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