La Justicia provincial ordenó que una oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) de 30 años, que ha sufrido violencia laboral y de género y abuso de poder, y que se encontraba con carpeta psiquiátrica, sea reubicada al retornar a sus tareas “en otro ámbito u oficina dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que no sea el SPC”. La decisión de la jueza de primera instancia Graciela Vigilanti fue dirigida a la secretaria de Gestión Penitenciaria, Cecilia Lanzarotti.
Dice el escrito judicial que para “evitar una escalada de violencia, como medida cautelar provisoria y en el marco del mencionado cuerpo legal (Artículo 11, Ley 10.401)” es que se libra la resolución para que pueda continuar con sus tareas laborales, pero sin riesgos para su persona.
El artículo 11 de la Ley 10.401 señala que “(…) en todos los procedimientos relacionados con violencia hacia las mujeres por cuestiones de género, en cualquiera de sus tipos o modalidades, salvo la doméstica prevista en el artículo 6º de la Ley Nacional Nº 26485, el juez o el fiscal de instrucción debe pronunciarse, de oficio o a instancia de parte interesada, y por resolución fundada, sobre la pertinencia de la adopción de medidas cautelares y de aseguramiento, determinando su plazo y régimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias que fueran necesarias”.
Incluso, la misma jueza había dictaminado, el año pasado, una orden de restricción contra tres oficiales mujeres del Servicio Penitenciario de Córdoba. Las oficiales sobre las que pesa la orden de restricción eran Roxana Lujan, Mónica Solera, y Laura Ruiz. Implica que existe “prohibición de comunicación por cualquier medio, así como la (posibilidad) de relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier actividad similar (a la denunciante)”.
Cabe recordar que el cuarto denunciado en este caso, es el jefe del SPC, Juan María Bouvier, por “su responsabilidad funcional” sobre los hechos sufridos por la mujer dentro del S.P.C.
El jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, Juan María Bouvier (Gentileza La Voz del Interior / Archivo).
G.R., las iniciales de la víctima, tiene 30 años, dos hijos, y también sufrió violencia doméstica de parte de sus dos ex parejas, uno suboficial del SPC, y otro oficial de la misma fuerza. Justamente, se la identifica con sus iniciales para proteger la identidad de sus hijos. Señaló en una entrevista con ENREDACCIÓN, en 2021 -cuando hizo su primera denuncia judicial-, que “(la persecución comenzó) cuando me separé en 2016 de mi primera pareja a causa de la violencia de género que sufría. Lo denuncié en el Tribunal de Conducta Penitenciario, pero no hicieron nada. A partir de allí me persiguieron. Dentro del servicio fomentaban la persecución, por ser mujer golpeada, porque es una institución machista”.
Nació en Villa María y antes de ingresar en la Escuela de Oficiales del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), estudió dos años de la carrera de diseño y producción audiovisual en la Universidad Nacional de su ciudad. Se recibió de inspectora en bromatología.
La mujer tuvo su primer destino en la cárcel de Bouwer, entre diciembre de 2014 y marzo de 2016. Luego fue trasladada a la UCA, donde prestó servicio hasta 2017; y en San Francisco desde enero de 2018 a enero de 2019. Desde entonces estuvo destinada en el Penal de Bouwer.
EL CASO
La oficial penitenciaria relató en su presentación judicial que “(en el SPC) he sufrido hechos de violencia de género, violencia laboral, abuso de poder, entendiendo por esta, el abuso de poder que ejerce una persona con la finalidad de excluir o someter a otra. Se manifiesta en mi caso particular y entre otras formas como violencia psicológica, abuso sexual, discriminación laboral, hostigamiento laboral, denigración, faltas de respeto, violencia, daño moral, perdida de chance, todo en el ámbito del trabajo lo que ha derivado en que me encuentre bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, siendo esto de enorme gravedad para mi salud”.
Según cuenta en su planteo judicial, G.R perdió un embarazo sin poder recibir atención médica, tuvo que padecer la prohibición de alimentar a sus hijos recién nacidos, debió realizar jornadas de 12 horas de trabajo sin poder dejar su puesto ni siquiera para ir al baño, recibió sanciones arbitrarias y arrestos, se le impidió ascender, le negaron traslados a otras funciones, y también fue víctima de acoso sexual.
Reveló que, en 2016, cuando se desempeñaba en la UCA, en la Ciudad de Córdoba, pidió audiencia con la directora, Roxana Luján, para denunciar que venía sufriendo acoso sexual por parte del oficial Diego Oliva. Cuenta que Luján le respondió que “como era oficial recién designada debía acostumbrarme a este tipo de tratos ya que son habituales en el ámbito de trabajo del Servicio Penitenciario de Córdoba”.
La historia no terminó allí. Frente a la falta de respuesta de Luján, G.R se presentó ante el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario. Precisó en el escrito que fue atendida en esa dependencia por el oficial Néstor Luna. “Me dijo que la palabra del oficial Oliva prevalecería sobre la mía toda vez que tenía mayor jerarquía que la que yo ostentaba en ese momento”.
[VIOLENCIA LABORAL Y DE GÉNERO EN EL SPC]
VER La Justicia comunicó una orden de restricción contra tres oficiales del SPC al Tribunal de Conducta.
VER Tiene 28 años, sufrió violencia de género y denuncia persecución en el Servicio Penitenciario.
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