Una “familia tipo” de cuatro integrantes necesitó en marzo más de 60.000 pesos para no caer por debajo de la línea de la pobreza, debido al fuerte alza que están registrando los precios de la economía doméstica, erosionando el poder de compra de los ingresos.
De esta manera, el mes pasado, la canasta básica alimentaria -la que mide el nivel de indigencia- subió 4,5% respecto de febrero, mientras que la canasta básica total -que establece la línea de pobreza- subió 5%, es decir por encima del índice de inflación de marzo que fue de 4,8% en ese mismo mes de acuerdo a la medición oficial.
Según datos oficiales revelados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una familia compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años necesitó exactamente 60.873,68 pesos.
Paralelamente, laCanasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la línea de indigencia, ascendió un 4,5% desde los $7.953 hasta los $8.312. De esta manera, una familia “tipo” necesitó $25.685 para no ser considerada indigente.
La semana pasada el INDEC oficializó que la inflación general de marzo se aceleró al 4,8%, la cifra mensual más elevada desde septiembre de 2019. Los mayores aumentos de precios fueron explicados, por un lado, por factores estacionales vinculados al inicio de clases y al cambio de temporada en la vestimenta.
Por otra parte, en el acumulado de los últimos 12 meses, la inflación alcanzó el 42,6% en marzo. En el mismo período, la CBT se incrementó un 45% y la CBA creció 48%.
Debido a estas cifras, la semana pasada el Ministerio de Desarrollo Productivo anunció nuevas acciones para contener la suba de precios en el sector alimenticio y garantizar el abastecimiento de mercancías, insumos y bienes industriales, con la idea de bajar la inflación y recuperar el poder adquisitivo de los salarios.
Para ello se impulsará el abastecimiento de carne vacuna a precios accesibles; un conjunto de acuerdos sectoriales para dar mayor previsibilidad de precios a futuro; el fortalecimiento en el acceso a alimentos a precios mayoristas; una diversificación de la oferta y la competencia en la producción de alimentos; y mayor monitoreo de los mercados para el cumplimiento de normas vigentes, entre otras medidas.
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