Todos estamos de acuerdo en la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías. Pero un proceso que se está llevando adelante en nuestro país, como en otras partes del mundo en las que no se han tomado cartas en el asunto aún, es el ingreso sin ningún tipo de control y el funcionamiento de una serie de Apps que ofrecen diferentes tipos de trabajos precarizados, y a la vez, de servicios a los propios ciudadanos argentinos.
¿Él Estado autorizó a estas empresas extranjeras a funcionar aquí? ¿Ha intervenido con todas las herramientas legales que dispone? ¿Qué sucede con el Estado que ha consentido (por acción u omisión), que hayan comenzado a funcionar y que lo sigan haciendo en la actualidad, aplicaciones como Uber, Cabify, Glovo, o Rappy, entre otras?
En los países serios del mundo, el Estado defiende el trabajo nacional y hace cumplir las leyes a los propios y a los ajenos.
Es de público conocimiento que el actual gobierno nacional ha tenido una posición claramente anti obrera durante su gestión.
Ahora bien, ante la imposibilidad de aprobar la nefasta reforma laboral (flexibilización en las condiciones del trabajo, y pérdida de derechos y conquistas laborales)… ¿sería ésta otra forma de implementar esta reforma de hecho y no mediante una ley?
La gran mayoría de estas aplicaciones se traducen en una nueva forma de esclavitud laboral moderna, a nivel mundial. Los trabajadores de estos servicios que se ofrecen por Apps (de transporte de personas, de alimentos, entre otros), podríamos decir que se encuentran en una situación de “precariado”.
Esta denominación, apunta a visibilizar que forman parte de una franja de trabajadores que se encuentran en condiciones de precarización laboral en el autoempleo, y que en el fondo terminan auto explotándose a sí mismos.
El autoempleo es una forma de explotación laboral de un trabajador, y quienes terminan ganando respecto a esta situación, son las grandes corporaciones a costa de estos trabajadores sin derechos, sin conquistas y que trabajan en condiciones indignas de trabajo.
Cuando por ejemplo se habla de Uber, ¿cuánto desempleo encubierto existe en el autoempleo de Uber?
¿Si en Argentina no se hubieran perdido miles de fuentes trabajo nacional genuino (en relación de dependencia estatal o privada), en estos últimos cuatro años aproximadamente, Uber tendría posibilidades de conseguir trabajadores aquí?
Algo que hay que destacar, es que estas plataformas para funcionar, no pagan impuestos.
Los impuestos sirven para garantizar desde el Estado, derechos de los ciudadanos a la salud, a la educación, a la alimentación, y a la seguridad entre otros.
Algo realmente grave, fue lo que sucedió esta semana. El propio intendente municipal de Córdoba y varios de sus funcionarios manifestaron en distintos medios que Uber es ilegal y que no tiene autorización para desarrollar sus actividades en Córdoba Capital.
Pero a pesar de ello, uno de los voceros de esta empresa extranjera, anunció también en varios medios locales que el lunes 09 de septiembre del corriente año a las 16 horas, comenzaría a funcionar Uber en Córdoba.
Este mensaje dio la sensación de que ellos, estuvieran por encima del Estado municipal y de las ordenanzas locales.
¿Acaso Uber y otras apps, pretenden funcionar como un Estado paralelo? En la Localidad de Huerta Grande hace unos meses atrás, logré presentar en el Concejo Deliberante a través de la concejal Lucrecia Cavanna (U.C.R.), el primer proyecto de Ordenanza en la provincia de Córdoba, para prohibir el funcionamiento de estas aplicaciones, hasta tanto el Congreso Nacional sancione una ley que regule específicamente estas actividades.
Estamos a la espera de que el presidente del Concejo Deliberante (junto a los demás concejales me convoquen para discutirlo), y a la vez esperamos algún pronunciamiento por parte del intendente municipal también.
En los próximos días, el Sindicato de Peones de Córdoba instalará una novedosa agenda a la clase política de la ciudad de Córdoba, y del interior provincial al respecto.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista.
