Hasta anoche, Uber había realizado 400 viajes, y los inspectores municipales aún no habían interceptado a ninguno de los autos, según la información oficial recogida por este medio. Esto sucedió pese a la afirmación del intendente Ramón Mestre, de que el servicio era ilegal y de que había ordenado secuestrar los vehículos. Incluso, el jefe comunal adelantó ayer que presentaría un recurso de amparo ante la Justicia Provincial como consecuencia de que la empresa nacida en Estados Unidos, se había “instalado de prepo en Córdoba”.
Tanto permisionarios, como trabajadores de taxis y remises habían levantado el paro y los piquetes del lunes, a partir de la promesa de los funcionarios comunales de que iban a impedir el funcionamiento de la aplicación de transporte.
Uber es una aplicación digital que conecta al chofer con un usuario y monta, a partir de ello, un sistema de transporte paralelo al existente, en este caso, el que regula la ordenanza 12859.
Johana Picciano, responsable de comunicación de Uber en Argentina, le dijo anoche a La Voz del Interior, que “nuestro interés es quedarnos en Córdoba. Nosotros vamos donde nos pide la gente”.
Johana Picciano, responsable de comunicación de Uber Argentina.
Dijo que hubo contactos con la Municipalidad, pero no hubo una negociación específica para poner en marcha el servicio en la capital cordobesa. Justificó esa decisión en que “estamos enfocados en el lanzamiento y en brindar una buena experiencia al pasajero y al conductor”.
Por otra parte, aseguró que el sistema es legal, porque está protegido por el artículo 1280 del Código Civil y Comercial.
Dicho artículo expresa textualmente: “Definición. Hay contrato de transporte cuando una parte llamada transportista o porteador se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro, y la otra, llamada pasajero o cargador, se obliga a pagar un precio o flete”.
Su postura se contrapone con lo establecido en la ciudad de Córdoba, donde el transporte de pasajeros está regulado por la ordenanza 12859. Allí se específica que el sistema de transporte está compuesto por taxis, remises y remises de lujo.
A su vez, en el artículo 82° de la norma municipal, establece las sanciones: “Serán sancionados con la suma de mil quinientas (1500) veces el valor de la bajada de bandera aquellos particulares que trasladen pasajeros a título oneroso, promocional, por canje o similares. En el caso de primera reincidencia el/la titular del vehículo o quien resulte responsable, será sancionado con una multa de tres mil (3000) veces el valor de bajada de bandera. En el caso de segunda reincidencia el/la titular del vehículo o quien resulte responsable, será sancionado con una multa de cinco mil (5000) veces el valor de la bajada de bandera, y con la inhabilitación para el/la titular del vehículo o quien resulte responsable, para ser titular de licencia de conducir en cualquier categoría por el término de cinco (5) años”.
La escala de sanciones o multas que se establecen allí, serían las siguientes:
Primera Vez. 1500 veces bajada de bandera. El valor que rige por la bajada de bandera es de 48,63 pesos, por lo que debería abonar: 72.945 pesos.
Primera Reincidencia. 3000 veces la bajada de bandera: 145.890 pesos.
Segunda reincidencia. 5000 veces la bajada de bandera: 243.150 pesos y la inhabilitación de licencia de conducir por término de 5 años.
Pese a esta disposición, en la administración municipal se trataba de determinar si se aplicaba la ordenanza de transporte o el Código Contravencional.
En la ciudad de Córdoba circulan actualmente 4300 taxis y casi 3 mil remises y habría alrededor de 5 mil remises barriales, ilegales, que funcionan por fuera del sistema de transporte regulado.
A su vez, el intendente Mestre suspendió el sorteo de 2500 chapas de taxis y remises para que las efectúe la nueva administración.
Uber señala que más de 140 mil personas bajaron la aplicación para viajar en la capital cordobesa y que se anotaron como choferes 23 mil cordobeses. Es decir, casi tres veces el esquema actual.
RECLAMO DE CONTROLES
El Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba le solicitó ayer, al intendente Mestre que se incrementen los controles a vehículos como los de Uber, pero también a los remises barriales, que operan por fuera del sistema de transporte regulado.
La protesta de taxistas el lunes, en el Aeropuerto.
Reclaman que “se incrementen los controles municipales sobre el transporte de vehículos de pasajeros que estuvieran prestando servicio de forma ilegal en esta ciudad (por medio de agencias ilegales o a través de servicios que no cuenten con la habilitación municipal correspondiente y que sean publicitados como contratados por cualquier medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas), especialmente en el centro de la ciudad, en las terminales 1 y 2 de ómnibus y en el Aeropuerto Ambrosio Tarabella, entre otros puntos, procediendo en aquellos casos a la aplicación de las sanciones que correspondan en su máxima graduación, conforme a la legislación municipal vigente”.
También piden “la realización de operativos municipales de controles y clausuras, de eventuales agencias ilegales de transporte individual (remiserías barriales) que pudieran estar funcionando en barrios tales como Villa El Libertador, Ituzaingó, Marechal, Argüello, Bella Vista, Las Flores, Empalme y San Javier”.
