El Concejo Deliberante de Córdoba será epicentro de la movilización y protesta de taxistas y remiseros, que apoyarán el tratamiento sobre tablas de un proyecto que endurece las sanciones contra Uber y el transporte ilegal. Los distintos estamentos del sistema público de transporte consideran que de este modo podrán acotar la actividad del sistema de transporte puesto en marcha por la multinacional de origen estadounidense.
Por su parte, el fiscal Raúl Garzón anunció que quienes lleven adelante la medida de fuerza no podrán cortar calles ni puentes de forma total, como ocurrió el 2 de septiembre. “Vamos a mantener el equilibrio entre el derecho a la protesta y el orden que debe procurarse garantizando la circulación de los restantes ciudadanos”, señaló el funcionario judicial.
Lo cierto es que aún no es seguro que se vaya a aprobar el proyecto debido a que recién obtuvo el despacho de la Comisión de Servicios Públicos el martes y para poder ser tratado en el recinto deben transcurrir 15 días o una sesión, lo que primero suceda. El bloque oficialista (la UCR) pedirá el tratamiento sobre tablas de la iniciativa. Para conseguir esto, requerirá el voto afirmativo de dos tercios de los concejales presentes, lo que en los hechos obligará al bloque peronista a expresarse sobre este urticante tema para el sistema político. Cabe acotar que el intendente electo, Martín Llaryora no se ha expresado sobre el tema y sus representantes han señalado que el PJ no cogobierna.
La marcha de los taxistas y remiseros se iniciará a las 8, partiendo desde distintas zonas de la ciudad, a la par que anuncian el corte parcial de cuatro puentes: Centenario, Alvear y Sarmiento y Maipú. De cualquier manera, al cierre de esta nota, planificaban otros posibles cortes.
También partirán caravanas de autos desde la terminal de ómnibus, desde el Sindicato de Conductores de Taxi, en San Luis y Cañada; el Parque Sarmiento y desde el Aeropuerto, entre otros lugares.
Se prevé, además, que un grupo de taxistas proteste llevando pasajeros gratis.
La Municipalidad, por su parte, emitió un comunicado en el que advierte que si se obstruye la libre circulación habrá sanciones. “Los licenciatarios que utilicen el vehículo habilitado como servicio público para obstaculizar, obstruir o impedir la libre circulación serán sancionados con la caducidad de la licencia y la inhabilitación por cinco años”, dice el texto de prensa.
La iniciativa que intentará tratarse este jueves, fue presentada por el concejal oficialista Lucas Cavallo, e impulsa la restitución de los artículos 82 y 83 de la ordenanza 12.859 (marco regulatorio del transporte), que determinan sanciones “a particulares que trasladen pasajeros a título oneroso” y que “deriven viajes” por fuera de esta norma.
El proyecto prevé que los infractores serán sancionados con la suma de 150 UEM (cada UEM equivale a ocho litros de nafta súper YPF). En el caso de una primera reincidencia, la multa será de 300 UEM y para la segunda de 500 UEM, con la inhabilitación para el titular del vehículo o quien resulte responsable para ser titular de la licencia de conducir. En tanto, el artículo 83 establece multas a aquellos que deriven viajes y/o transportaren pasajeros por fuera del marco regulatorio, de hasta 700 UEM.
