Expone el legislador Juan Pablo Quinteros. En la primera fila lo escuchan directivos de EPEC.
La audiencia pública para considerar el pedido de aumento tarifario por parte de la Empresa Provincia de Energía de Córdoba (EPEC) fue casi una reunión interna de los directivos de la compañía. Sólo participaron como extras, el legislador provincial Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico) y el defensor del Pueblo adjunto, Hugo Possi.
Se puede interpretar que los cordobeses acuerdan 100% con las tarifas de luz que pagan o bien, que frente a un acto burocrático que sólo cumple con las formas exigidas para aprobar un incremento tarifario, la sociedad lo termina vaciando y lo expone al escarnio de la soledad.
Por cierto, las audiencias públicas son obligatorias en el proceso de autorización de las tarifas que cobran las empresas de servicios públicos, además de un instituto democrático para escuchar la voz del pueblo y los consumidores frente a las propuestas empresarias. Es también un modo de controlar la pertinencia técnica de las subas solicitadas. Teóricamente, asumen el papel de instancia mediadora entre las compañías prestadoras y los consumidores, para dotar de respaldo técnico y por ende, legitimidad a las tarifas. Pero esto sucede en la medida que los entes reguladores escuchan a los usuarios. Cuando actúan con tapones en los oídos, con el resultado puesto de no modificar ni una coma de las propuestas empresarias, sepulta a esta valiosa instancia de control y participación.
EPEC tiene conocidos problemas de gestión y se encuentra en una grave situación de desmanejo financiero, que pone en riesgo la sobrevivencia de la compañía. No es ni Google, ni Facebook, ni alguna de las empresas de Nicolas Caputo, donde los números se escriben en azul y no en rojo, como en este caso. Sin embargo, en Forja, el lugar seleccionado para la audiencia, había sólo dos expositores para opinar y proponer sobre el nuevo cuadro tarifario.
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El miércoles, entre otros puntos, Quinteros repitió en la cara de los directivos de EPEC, que ocupaban la primera fila, que si la empresa está en crisis es un despilfarro el gasto en publicidad que tuvo el año pasado y sostiene en este; es tremendo haber equivocado la estrategia de crear los centros de atención comercial porque se perdieron 200 millones de pesos (“me imagino que el gerente que tomó esa decisión no está más allí”, aseguró); que los cargos fijos no se pueden seguir cobrando porque las obras para los que fueron creados ya están hechas y la central de Pilar se autofinancia con la venta de energía; y no corresponde un nuevo aumento, porque ya recibió incrementos varias veces por encima de la inflación.
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La empresa pidió al ERSEP un ajuste tarifario en las boletas del 8%, que se aplicaría en cuatro tramos entre agosto y noviembre de 2018 y un redireccionamiento de 800 millones de pesos de la recaudación de fondos para obras a gastos generales. Si sucede lo mismo que ha sucedido siempre, el ente regulador terminará aprobando un nuevo aumento. Sería casi un primer milagro mundialista que no lo hiciera.
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