Ricardo Bustos Fierro era el juez más poderoso y polémico de la torre de Tribunales Federales en Córdoba. Sus andanzas y arbitrios se quedaron sin un sostén fundamental: La Cámara Federal de Córdoba le retiró su firma digital este miércoles 8 de febrero. Con ella supo disponer de libertad y hacienda. Tenía la mayor cantidad de personal a cargo; la mayor cantidad de causas; los trámites más sensibles, sobre todo los relacionados con el poder económico y político; y era el juez electoral nacional en Córdoba. De aceitados vínculos con los servicios de inteligencia, fue el juez que acumuló más poder en un palacio en el que este aditamento intangible, pero real, no es sólo decorativo.
A los 87 años tuvo que dejar la oficina que ocupó durante casi tres décadas, una especie de fuerte dentro de la ciudadela judicial, después de un par de meses en los que tuvo en vilo a jueces, camaristas, fiscales, empleados y abogados. Tanto por las posibles implicancias jurídicas de sus actos, si los realizaba sin estar en funciones, como por su peso simbólico dentro de las paredes de un edificio en el que habitan tres realidades que interactúan íntimamente: Una jurídica, otra social y otra política y económica.
Bustos Fierro manejó causas de todo tipo, rutilantes y nimias. En todas, impuso su sello del “toma y daca”. “Siempre apretó y siempre dio”, le contó en alguna oportunidad un funcionario judicial a este periodista. Con ese estilo, más político que jurídico, hizo su camino, edificó su poder y esquivó las acusaciones que recibió por sus exabruptos jurídicos y por las denuncias que recibió. “Todo el mundo, adentro y afuera de Tribunales, le debe algún favor” agregó el mismo funcionario, para agregar inmediatamente que “es difícil que alguien hable sobre él”.
Si bien, entre sus tantos fallos polémicos y controvertidos, es recordado por la decisión de resolver a favor de la re-reelección de Menem en 1999, a instancia de un planteo de José Manuel De la Sota, el caso “testigo” de sus vínculos con el poder real es la resolución que tomó en la Causa Ciadea. Allí fueron procesados los directivos de Renault a fines del siglo pasado, acusados de contrabando y defraudación al Estado. El principal imputado era el titular de la compañía, Manuel Antelo. Bustos Fierro les concedió la excarcelación por una fianza millonaria y después se paró arriba del freno y los expedientes empezaron a moverse a velocidad de tortuga. Una práctica común en la Justicia cuando el “investigado” es alguien con poder y/o dinero. Dos veces los sobreseyó, hasta que el 20 de abril de 1999, según cuenta el periodista Sergio Carreras en su libro “La Sagrada Familia”, la Cámara Federal le llamó la atención por su lentitud: “Se aprecia que la investigación de los delitos presuntamente cometidos se ha desarrollado de modo muy lento, excediendo el término de tramitación regular. Es así que el magistrado interviniente deberá poner todo su empeño y adoptar las medidas conducentes para acelerar el trámite al expediente, resolviendo la situación procesal de los encartados a la mayor brevedad, en virtud de haber vencido por exceso el término legal para ello”.
Los favores del juez llegaron al punto de aceptar a Renault como parte del expediente en el que estaban acusados sus directivos. El trámite se produjo poco tiempo antes de que fuera suspendido por el Consejo de la Magistratura por su fallo a favor de la re-re de Menem. Sin embargo, Renault fue defendida también por el entonces presidente Fernando De la Rúa -que recibió en la Casa Rosada al mismo Antelo junto a autoridades del gobierno de Francia-, el ministro de Economía, José Luis Machinea, el entonces gobernador José Manuel De la Sota y su ministro de la Producción -hoy gobernador-, Juan Schiaretti. Finalmente, la causa Ciadea prescribiría en 2008.
Logró zafar del juicio político por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y presunta comisión del delito de prevaricato, que se instruyó en el Consejo de la Magistratura, luego de su discrecional fallo a favor del ex presidente riojano, por sus contactos políticos multipartidarios. Agregan fuentes judiciales, como factor fundamental para ese resultado, al lobby del ex titular de la Side, Hugo Anzorreguy, que además era cuñado del ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Moliné O’ Connor. Una apostilla, es que frente al Consejo de la Magistratura lo defendió el abogado Marcelo Brito, que luego sería representante legal de Renault en la causa de “contrabando”.
También fue el juez en el que recayeron las cautelares contra “el corralito” impuesto por Fernando De la Rúa y Domingo Cavallo a fines de 2001, cuando estalló la Convertibilidad. Los ahorristas para intentar sacar los dólares de sus cuentas tenían que someterse al “arbitrio” de la lapicera del juez. Aquel tema le valió en 2004, impulsada por la Cámara Federal, una causa en el Consejo de la Magistratura. Según recuerda el diario Perfil, lo acusaron, junto a funcionarios del juzgado, de un caos administrativo y plantearon sospechas de dádivas y fiestas que habrían solventado abogados de los ahorristas. La entonces fiscal, Graciela López de Filoñuk, promovió acción penal por esos hechos, pero el juez superó el mal momento sin grandes dificultades. Su par del Juzgado Federal 2, Alejandro Sánchez Freytes, consideró que no había delito, a lo sumo algún “desorden administrativo”.
El poder discrecional del que gozó Bustos Fierro es una consecuencia de sus alianzas políticas y económicas; de su relación con la ex Side, y de su condición de juez electoral, esto es de sostén de la legalidad de los partidos políticos. Desde ese lugar cosechó “acreencias” de todos los sectores, sin distinción de ideología, ya que no hay partido que no haya estado en infracción, sea por cuestiones banales como trascendentes -por ejemplo, los aportantes de campaña-. Esa triple coraza, más el lugar que ocupaba, su conocimiento de las “intrigas de palacio”, y su paternalismo, lo convirtieron en el “juez” más poderoso.
Para tener una idea de sus vínculos, hay que poner foco en su carrera judicial. Al lugar que dejó este caluroso miércoles de febrero, el estratégico Juzgado Federal N° 1, accedió en 1993. Formalmente, su designación la firmaron el entonces presidente Carlos Menem y su ministro de Justicia, León Carlos Arslanian.
El ex presidente Carlos Menem.
Ricardo era hijo de un ex fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba cuenta Carreras en “La Sagrada Familia”. Al igual que su padre trabajó en tribunales cordobeses, porteños y rionegrinos. Entró a la Justicia en el muy lejano 1953 -70 años atrás-, donde trabajó dos años como escribiente ad-honoren en el Juzgado Federal N°2, que había sido creado poco tiempo antes.
Luego emigró a General Roca, donde fue auxiliar y secretario. Volvió a Córdoba y sumó 18 años como secretario, hasta que la dictadura cívico-militar lo nombró como fiscal federal en 1979. En Córdoba, los funcionarios judiciales de aquella época debían acreditar, como mínimo, el respaldo de la Iglesia Católica y del arzobispo Raúl Primatesta y de los propios militares y el ex jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
Con la ayuda de Arslanian, Bustos Fierro se mudaría entrados los años ’90 a Buenos Aires, donde fue fiscal ante el Tribunal Oral en los Criminal N°20, pero al poco tiempo fue designado juez federal en Córdoba y regresó a su terruño.
Eduardo Angeloz.
El juez admitió en su momento que fue el gobernador Eduardo Angeloz quien pidió por él ante el presidente Carlos Menem. La periodista María Esther Romero escribió en el diario Perfil que el radical que puso el nombre de Bustos Fierro a consideración del ex gobernador radical, fue su ministro José Cafferata Nores, ya que la madre del ahora jubilado juez federal, era Nores Martínez. Fuentes judiciales recuerdan que también Hugo Anzorreguy, el ex jefe de la Side, intercedió por él. A ello, hay que agregar en la lista de “impulsores”, al arzobispo Primatesta. Finalmente, el grado de apoyo obtenido, se expresó en el Senado, que votó por unanimidad el pliego de Bustos Fierro.
Hugo Anzorreguy, ex titular de la Side durante el gobierno de Carlos Menem.
Lo cierto es que el magistrado cordobés tenía, además, una relación muy cercana con el jefe de los servicios de inteligencia del menemismo, Hugo Anzorreguy. Ese trato cercano no se perdió nunca, lo mismo que sus vínculos con la central de espías. La relación se estableció en los años ’90, cuando el jefe de los servicios secretos estableció un lugar de retiro “Vip” en el Castillo Mandl de la ciudad de La Cumbre, a 80 kilómetros de Córdoba Capital. El juez, que ahora deja la torre de los Tribunales federales de esta Provincia, era un habitual participante de los contertulios de aquellos tiempos.
LA CÁMARA FEDERAL Y LA FIRMA DEL JUEZ
La Cámara Federal de Córdoba dispuso quitarle la firma digital al ex titular del Juzgado Federal 1 Ricardo Bustos Fierro, luego de que desconociera su desvinculación del cargo por haber superado los 75 años, interviniendo en causas en curso.
El ex juez, de 87 años, había logrado que le extendieran el plazo de retiro por cinco años en 2018, pero cumplida la prórroga, la Cámara Federal designó al juez federal de Bell Ville, Sergio Pinto, para que ocupara el lugar de Bustos Fierro en el Juzgado Federal 1.
Bustos Fierro desconoció la decisión de la Cámara y luego de la feria judicial se presentó el miércoles pasado en el tribunal para continuar con sus tareas e incluso firmó decisiones en causas abiertas.
Por este motivo, la Cámara decidió dos días después desvincular la firma de Bustos Fierro del sistema de justicia y terminar así con la insistencia del ex magistrado para continuar en el cargo.
El tribunal de alzada envió copia certificada de su resolución a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura para eventuales efectos legales, aunque en términos prácticos Bustos Fierro ya no es juez.
El ex juez fundó su insistencia en que el presidente Alberto Fernández no le aceptó todavía la renuncia que le presentó el 23 de enero pasado.
En tanto que como juez electoral fue designado el titular del Juzgado Federal N°2, Alejandro Sánchez Freytes.
