Martín Llaryora, el gobernador Juan Schiaretti y la diputada nacional Alejandra Vigo. Foto: Prensa Gobierno de Córdoba.
Finalmente las distintas variantes del peronismo no pudieron atraer otras fuerzas políticas y en la Comisión de Presupuesto quedaron 23-22 abajo, sin embargo el proyecto para cambiar la fórmula de indexación tarifaria de los servicios públicos igual pudo pasar de instancia. Fue producto de que no sólo aportaba Presupuesto, sino que se sumaban también las firmas de las comisiones de Obras Públicas y de Defensa del Consumidor. De este modo, la suma de los diputados a favor en las tres comisiones en que se trató el proyecto fue superior a la de quienes se opusieron. La consecuencia es que ahora será tratado en sesión ordinaria el próximo miércoles.
VER Por qué las tarifas seguirán aumentando.
La iniciativa busca que los aumentos de tarifas de servicios públicos no puedan exceder el promedio de los salarios para usuarios residenciales, y además que las tarifas sean estables por 12 meses. En el caso de las Pymes, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas, los incrementos no podrán ir por encima del IPC mayorista. Se propone además, la eliminación del incremento diferencial del IVA para las empresas, y por el término de 12 meses se prevé que la alícuota de los servicios públicos regulados en esta ley se establezca en 10,5%. En igual sentido, se contempla la prohibición de crear nuevos tributos que alteren la tarifa final. También, las tarifas se retrotraen a noviembre de 2017.
El jefe de Gabinete Marcos Peña fue clarísimo sobre el destino de este proyecto, si es aprobado por Diputados y Senadores: el presidente Mauricio Macri lo vetará.
En declaraciones a radio La Red afirmó que es “absolutamente inviable en términos fiscales y de una gran irresponsabilidad. Seguramente terminará siendo vetado”, dijo.
“No queremos que haya espacio para una demagogia de ese tipo que ponga en peligro la posibilidad de desarrollo que necesitamos los argentinos. Venimos trabajando con gobernadores de la oposición de manera responsable y hemos logrado superar grandes desafíos. Necesitamos que los gobernadores cumplan un rol de liderazgo público”, afirmó el funcionario nacional.
“Si sus diputados avanzaran en una cuestión así, nos sorprendería mucho; sería una contradicción cuando los mismos gobernadores son los que necesitan que la Argentina crezca”, expresó Peña.
Ayer los gobernadores de Córdoba Juan Schiaretti y de Misiones, Hugo Passalacqua presionaron a sus legisladores para que no avancen contra el modelo tarifario dispuesto por el gobierno nacional. El diputado nacional, Martín Llaryora, firmó el dictamen, pero lo hizo en disidencia. En la sesión del miércoles planteará sus puntos de vista. Es decir, se manifestó en distinto sentido que el gobernador cordobés. En cambio, el diputado misionero, Hugo Franco, no firmó y tampoco explicó porque no lo hizo.
Como adelantó ENREDACCIÓN ayer, la primera presión fue sobre tres legisladores de la comisión: el puntano Ivana Bianchi (Compromiso Federal), el misionero Jorge Franco y la santiagueña Graciela Navarro (Frente Cívico Santiagueño). Ninguno rubricó el dictamen, por eso el peronismo no superó los 22 votos en la comisión de Presupuesto. La segunda presión fue directamente va sobre los gobernadores, que ayer ya comenzaron a expresarse. Schiaretti fue el más enfático: “Las tarifas de generación de energía eléctrica y de gas natural son responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional. Los peronistas no cogobernamos, por lo tanto no corresponde que sancionemos ninguna ley en relación al tema de las tarifas en el Congreso de la Nación”. Luego informó que ““He tomado la decisión, aquí en Córdoba, a partir del día de la fecha, que no se cobre impuestos a los Ingresos Brutos a los beneficiarios de la Tarifa Social de luz, en todos sus aspectos, y a la Tarifa Social de gas”.
La estrategia oficial para evitar el veto es fracturar Argentina Federal, el bloque legislativo de los gobernadores peronistas. Esta bancada tiene 34 votos que se suman a los 65 del PFV/PJ y los 20 del Frente Renovador, lo que entrega un total de 119. Luego se suman 3 del FIT, 1 del socialismo, 5 de Libres del Sur y 3 de mono-bloques del peronismo. El total es de 132. Como se sabe, el quórum es con 129 diputados, lo mismo que la mayoría simple. Por ejemplo, el gobernador Passalacqua tiene 4 diputados. Si el miércoles próximo no bajan al recinto, la oposición no conseguiría quórum o mayoría. La partida de ajedrez se juega allí.
El diputado Marco Lavagna, ayer, durante la sesión de la comisión de Presupuesto. Foto: Prensa Cámara de Diputados.
El proyecto fue impulsado por los diputados Marco Lavagna (Frente Renovador) y Diergo Bossio (Argentina Federal). Lavagna defendió la reducción del IVA: “Por la inflación hubo un ingreso mayor al presunto costo de bajar el IVA a servicios públicos”. Por su parte, Bossio afirmó que “hubo empresas energéticas con ganancias formidables, ignoradas en el relato oficial. Todas aumentaron sus ganancias y algunas hasta distribuyeron dividendos, como Central Puerto y TGN (ambas tienen como accionista a Nicolás Caputo, amigo del presidente). “No vamos a seguir avanzando en el pedido de las grandes empresas de dolarizar las facturas, representamos a quienes no pueden pagar las tarifas”, planteó el diputado kirchnerista, Axel Kicillof.
“Buena parte de lo que estamos sufriendo hoy ha sido el desastre que nos dejaron aquellos que regalaban energía para que la Argentina batiera récords en la venta de aires acondicionados, mientras del otro lado del alambre del country las madres seguían arrastrando las garrafas”, respondió el macrista Eduardo Amadeo.
Mientras que el cordobés, Mario Negri, titular del interbloque de Cambiemos, eligió confrontar con el gobernador Schiaretti: “¿A qué juega el PJ de Córdoba? El gobernador dice que el Congreso no tiene que legislar sobre tarifas pero sus diputados pidieron la sesión especial y firmaron el dictamen que produce un déficit de más de 100.000 millones de pesos en 2018”.
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