Un grupo de productores agropecuarios y transportistas autoconvocados resolvieron continuar por “tiempo indeterminado” el corte de rutas nacionales y provinciales en los puestos limítrofes de la provincia de San Luis con las provincias de Córdoba, La Pampa y Mendoza.
Reclaman la aplicación de protocolos de sanidad “híper suaves” por parte de las autoridades puntanas, que intentan controlar la propagación de coronavirus. Los productores sólo quieren presentar una declaración jurada y rechazan el resto de las medidas sanitarias (hisopado semanal, seguimiento por GPS y cuarentena en los campos en el caso de los que se queden en territorio de San Luis, entre otras medidas). Ayer, esa provincia reportó 121 casos y registra un total de 1.482. Córdoba, Mendoza y Santa Fe son, en este momento, distritos centrales en el desarrollo de la enfermedad a causa de la gran cantidad de contagios diarios.
El conflicto se origina porque hay propietarios de campos puntanos que viven en territorio cordobés, pampeano, santafesino, y de provincia de Cuyo, y para trabajar en sus propiedades deben cumplir una serie de requisitos que rechazan. La participación de transportistas se debe que buena parte de ellos trabajan con los productores en el traslado de animales.
Por su parte, el ministro de Seguridad del distrito, Luciano Anastasi, afirmó que se trata de “un grupo patronal haciendo un lockout para desabastecer a la provincia”.
En declaraciones a la prensa local, Anastasi afirmó que los manifestantes “tienen una posición absoluta e innegociable, se arrogan la representación de Camioneros, el apoyo de las fuerzas federales, dicen que van a cortar, que ellos mismos van a anunciar el acuerdo, y son un grupo de personas autoconvocadas reclamando por derechos individuales”.
Sergio Pegoraro, un productor agropecuario cordobés que participa de los piquetes, dijo a Télam que se decidió en asamblea continuar con estas medidas extremas “por tiempo indeterminado, ya que el gobierno de la provincia de San Luis desoye todos los reclamos que se han enviado y miente en sus contestaciones”.
“Hemos mandado muchas notas, nos hemos reunido, hemos conversado y nos dicen que estudiarán nuestras propuestas, pero por el contrario, endurecen su postura y envían a las fuerzas policiales provinciales a intimidarnos”, dijo Pegoraro.
El productor sostuvo que quienes reclaman no pretenden “poner en riesgo la salud de nadie, pero sí cumplir con un protocolo que tenga medidas razonables”.
“Nos piden detalles de los caminos que recorreremos dentro de nuestros campos, la colocación de GPS en todos los rodados, que reportemos lo que estamos haciendo, y además la realización semanal de estudios de PCR que cuestan entre 6 y 10 mil pesos, entre otros condicionamientos”, describió Pegoraro.
La medida fue apoyada por la Mesa de Enlace. En un comunicado emitido ayer dicen que “ante los sucesos de público conocimiento y la movilización que realizarán los productores agropecuarios a raíz de que se les impide desarrollar su trabajo y su vida normal en la provincia de San Luis, desde la CEEA acompañamos dicha movilización y bregamos para que se llegue a un acuerdo y se defina un protocolo de ingreso que la provincia cumpla. Sin dudas, apoyamos la voluntad de los productores y de todos los ciudadanos de transitar y llevar adelante sus tareas, tanto como el derecho constitucional a trabajar y acceder a sus establecimientos para cuidar de los mismos”.
Por su parte, en declaraciones radiales, la Jefa de Gabinete del Gobierno de San Luis, Natalia Zavala Xacur, indicó que no se permitirá la circulación y el ingreso a los campos con una declaración jurada como proponen los productores “porque se pondrá en riesgo la salud de la población por los intereses de unos pocos”.
“Si se permite que ingresen personas sin PCR negativo estamos fomentando los contagios, el colapso del sistema de salud y también que se muera gente”, advirtió la funcionaria.
Durante la jornada se vivieron momentos de tensión en diferentes lugares de la provincia de San Luis, ya que la policía cortó caminos para impedir la circulación de los manifestantes.
A excepción del límite con la provincia de San Juan, el resto de los límites de la provincia de San Luis seguían bloqueados por la protesta.
Las piquetes se producían en las rutas provinciales 10, 30 y 1 que confluyen en el límite con la provincia de Córdoba; en la Nacional 188 en el límite con La Pampa; y en las nacionales 7 y 8, en el límite con Córdoba, en la zona de Justo Daract y en Desaguadero, límite con Mendoza.
Los cortes son a ambos lados de cada provincia y sólo se permite el paso de ambulancias, personas en tratamiento médico, profesionales de la salud, camiones con tubos de oxígeno y camiones con alimentos.
