El ministro de Energía, Juan José Aranguren. Foto: Presidencia de la Nación.
Mientras el presidente, gobernadores e intendentes se entretienen corriendo carreras arriba de la mesa sobre quién rebaja más impuestos, desfinanciando al Estado en sus distintos niveles, las tarifas de gas y electricidad están inoculadas con las piernas del jamaiquino Usain Bolt. El jarabe que toman las petroleras, transportadoras y distribuidoras de servicios públicos se llama dolarización, es decir, disfrutan de la decisión del gobierno nacional de garantizarles precios del Kw/h o del millón de BTU en dólares, lo cual implica una renta “corsaria” en su favor. En el caso argentino, es lo que los economistas denominan una transferencia de ingresos entre sectores.
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El dólar se cotizaba el 3 de abril de 2018 a un valor de 20,46 pesos para la venta y ayer alcanzó los 21,44 pesos. Esto es, un incremento de 4,8%. Las distintas consultoras económicas estiman que el precio de la moneda estadounidense podría terminar el año por encima de los 23 pesos. Llevado a la tarifa de gas en boca de pozo, en abril de 2018, el millón de BTU tenía un valor de 4,68 dólares, esto es 95,75 pesos. En mayo, por ejemplo, ese valor ya ascendió a 100,34 pesos. Cuando se produzca la nueva actualización tarifaria, el diferencia que exista entre abril y el mes de la adecuación pasará a la tarifa que pagan los usuarios.
Para entender cómo se compone la tarifa de gas natural en Argentina, es necesario saber que hay dos variables: una es la eliminación progresiva del subsidio que había a cada m3 que se consume y que llegaba a alrededor del 90% de su precio, un factor que desaparecerá a fin de año cuando los usuarios abonen la tarifa plena. A causa de esta decisión, las facturas se incrementaron entre 2016 y abril de 2018, un mínimo de 460% respecto a su punto de partida. Desde 2019, la actualización de este item será por el incremento de costos de transporte (TGN o Camuzzi) y distribución (Ecogas, por ejemplo), esto es la operación de las empresas, que seguramente estará alineada como mínimo con la inflación. Y el segundo componente, es el alineamiento con el valor de comercialización del gas en boca de pozo (producción de las petroleras), que se mide por millón de BTU. Actualmente, el Estado reconoce 4,68 dólares por millón de BTU y en octubre del año que viene llegará a 6,38 dólares. Esto implica que en el próximo año y medio, además de su actualización a pesos, los incrementos serán de otro 45% en dólares.
Una comparación odiosa: en Estados Unidos, el millón de BTU se paga a un valor de 2,4 dólares, esto es 165% más barato que el pretendido por el gobierno nacional como valor ideal a 6,38 dólares. México lo mismo: 2,4 dólares por millón de BTU.
El representante de Shell en el gobierno, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, argumenta que la dolarización tarifaria y el pago de tarifas a precios en dólares por encima de la media internacional buscan motivar la inversión privada con el fin de incrementar la producción, por un lado, y reducir el déficit fiscal que producían los subsidios a las boletas de gas, electricidad y transporte (130 mil millones de pesos anuales en 2014), por otro. Sin embargo, algo no salió bien: en el área energética disminuyó la producción de petróleo y gas y aumentaron las importaciones de hidrocarburos (naftas y gas). Es decir, que pese a los enormes problemas que produce y a los enormes sacrificios que obliga a los usuarios residenciales e industriales, los resultados son inversos a los esperados.
La cuestión eléctrica no es muy diferente. En dos años y tres meses de gobierno del presidente Mauricio Macri y su ministro de Energía Aranguren, el costo mayorista de la electricidad aumentó 1447,65%, pasando de 76,75 pesos por megavatio/hora en diciembre de 2015 a 1187,8 pesos en febrero de este año. Los datos son de la propia Secretaría de Energía de la Nación. Por ejemplo, EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) pagaba a fines de 2014, 70 millones por la boleta de la energía que compraba y luego distribuía, y a principios de este año, desembolsaba 1100 millones por la energía adquirida: 1471%.
El siguiente item cuyo costo explotó es el del transporte de energía, que pasó de 2,97 pesos por megavatio/hora en diciembre de 2015 a 91,8 pesos en febrero de 2018: una suba de 2990%.
Hay que adicionar que el gas es un insumo clave en la producción de energía eléctrica, dado que más de la mitad de la que se consume en Argentina es generada en centrales termoeléctricas. Conclusión: el precio del gas incide de manera determinante en el precio del Kw/h.
El presidente Mauricio Macri en el centro. A su derecha (izquierda de la foto), los gobernadores. Foto: Presidencia de la Nación.
Para los CEOs del gobierno, la dolarización de las tarifas es un eje de la política macroeconómica, porque reducirá en 2019 los subsidios (gas, luz y transporte) de casi 130 mil millones de pesos (2014) a una porción ínfima; permite sostener una alianza con las petroleras y prestadoras de servicios públicos; liberar recursos para el pago de la creciente deuda externa de los gastos del Estado; y reducir el consumo para que aparezcan remanentes para exportar. Más allá de las palabras de los funcionarios de turno, los hechos se imponen por si solos y queda a flor de piel la falta de un proyecto industrial, que se vuelve inviable con tarifas de energía a valor internacional y dolarizadas,
Otro factor que genera acaloradas discusiones, es sobre el componente impositivo de la tarifa, según sea electricidad o gas y la provincia analizada, que va del 25 al 35% de la tarifa. Su eliminación o reducción desfinancia el funcionamiento del aparato estatal en sus distintos niveles sin aliviar de modo determinante la carga sobre familias, comercios o industrias.
Los países que buscan desarrollar sus economías pugnan por tener energía barata y materias primas disponibles y seguras para alimentar su aparato productivo. Por eso Estados Unidos ha ido a la Guerra del Golfo en los ’90 y a principios de este siglo. O el pueblo iraní expulsó a los gobiernos títeres de Estados Unidos en 1979. La historia de las empresas petroleras está plagada de golpes de Estado en todo el planeta para asegurar una provisión permanente y a bajo precio a sus países de pertenencia. Con estos valores de la energía, claramente por encima del precio de producción local, no habrá desarrollo económico ni bienestar.
Por eso, el gobierno anunció que vetará cualquier ley de la oposición cambiando la fórmula original de los tarifazos. La indexación según los incrementos salariales ayudaría a las familias o con el IPC mayorista, a las industrias, pero no a las petroleras, ni distribuidoras. ¿O alguien conoce un trabajador que en Argentina haya tenido un incremento de 1400% en sus salarios en 2016 y 2017? Los servicios públicos, según la Universidad Nacional de Avellaneda pasaron de representar un 6% del gasto medio de un hogar, al 21%. Eso es una renta corsaria. El drama es que quien obtiene una renta corsaria es un corsario y por lo general, como se ve en las películas, los corsarios no suelen tener buenos modales.
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