La ley aprobada por la Legislatura porteña con la que Juntos por el Cambio (JxC) amplió las competencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño continuó generando rechazos, ya que el ministro de Justicia nacional, Martín Soria, afirmó este domingo que la iniciativa “tiene nombre y apellido y se llama Mauricio Macri”, y la fiscal Mónica Cuñarro la calificó de “secesionista” y recordó que el martes habrá una marcha para repudiarla.
“El proyecto de ley que aprobó esta semana la Legislatura porteña tiene nombre y apellido: se llama Mauricio Macri”, dijo Soria, y consideró que fue pensada “con tal de evitar la quiebra del grupo Macri por la estafa del Correo” Argentino.
Por Radio 10, sostuvo que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez “Larreta y su Legislatura subvierten el orden constitucional” con esta norma, que fue también rechazada por expertos en el tema.
Para Soria es “un traspaso totalmente ilegal de competencias” y consideró que “Macri no solo tiene jueces y abogados para garantizar su propia impunidad, también tiene lamentablemente la Legislatura de Larreta”.
Opinó además que “esta ley atenta y perjudica a todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, que van a tener que afrontar cuatro instancias”. Y analizó: “Yo no le veo mucho futuro, no creo que prospere”.
Soria se refirió a la norma que aprobaron los legisladores del oficialismo porteño, que permite apelar fallos de la justicia nacional ante el TSJ local. Afirmaron que así “garantizan la autonomía de la Ciudad”, mientras la oposición sostuvo que el objetivo es favorecer a Macri en la causa del Correo Argentino.
Con 38 votos a favor -de Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN-, y 20 en contra -Frente de Todos e Izquierda-, quedó sancionada en la Legislatura porteña una modificación a la Ley 402 de procedimientos ante el TSJ y lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales con sede en Capital Federal.
“Es sorpresiva la tozudez llamativa para lograr que una Ciudad Autónoma, por medio de un Tribunal de Justicia, controle fueros, jueces, se autoatribuya facultades propias del Congreso y facultades que son propias del orden federal”, dijo por su parte la fiscal Cuñarro.
Cuñarro, por Radio 10, lo calificó como un “régimen disciplinario sobre todos los jueces y cámaras de alzada nacionales, que suman algo así como 600”.
“Esto es de facto secesionista”, opinó la funcionaria judicial, y dijo que para darle estas atribuciones al TSJ porteño se “destruye el pacto político que se desenvolvió en la Argentina por el cual se conforma un orden federal” en el siglo XIX.
“No solamente hay millones de justiciables que van a estar en zozobra. Acá está en juego la independencia de los abogados”, remarcó.
Sobre el objetivo de la reforma, dijo que coincidía en que “esto tiene nombre y apellido: la causa Correo y SOCMA”, como primer objetivo, en beneficio de la familia Macri. “Y luego atribuirse un poder soberano sobre todos los fueros nacionales”, añadió.
La letrada dijo que en este escenario “la Corte Suprema actualmente está en un fuego cruzado” ante los rechazos que generó. Y recordó que se convocó “una marcha para el 6 de octubre a las 11 frente al Tribunal Superior de Justicia” (Cerrito 760) para repudiar la ley.
Asociaciones de magistrados y abogados y gremios de trabajadores judiciales convocaron a la manifestación para este martes, en rechazo a lo que consideran una “maniobra de colonización de la Justicia Nacional”.
El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN), Marcelo Gallo Tagle, adelantó que la entidad hará un “planteo jurídico para lograr la inconstitucionalidad” de la norma porque “no es facultad de la Legislatura porteña, sino del Congreso Nacional” modificar fueros, competencias y jurisdicciones legales.
El letrado dijo a Télam que revisar sentencias dictadas por la Justicia Nacional en cualquiera de sus fueros con sede en el distrito es “inconstitucional” y “traerá muchos problemas y frentes de conflicto”.
“Es un tema grave en sí mismo, aún si no tuviera un eventual componente político, que obviamente lo tiene”, remarcó Gallo Tagle, y se preguntó por qué tratar la cuestión “justo ahora en período electoral”.
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