El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la Legislatura, y secretario General del Sindicato de Empleados Públicos (SEP-CGT), José Pihen, dejó plantados el martes último a los dirigentes de unas diez organizaciones gremiales. Habían solicitado una reunión para reclamar que se acelere el tratamiento de un proyecto de ley sobre Violencia Laboral que ingreso en la Legislatura provincial el 7 de junio de 2016, con la firma del legislador Ezequiel Peressini (FIT) y en el que participó en su elaboración el abogado laboralista Carlos Cafure.
La reunión había sido solicitada por el SADOP Río Cuarto (docentes privados), pero cuando los gremialistas llegaron a la Legislatura, tomaron nota que la Comisión no había sido notificada y que Pihen, legislador oficialista, no iba a participar aduciendo que “no se encontraba bien”. La información fue dada a conocer por la Agencia de Noticias de la CTA Autónoma.
En su lugar, Pihen, envió a un “relator” de la comisión. El hecho generó la reacción del secretario Adjunto, de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA), Hugo Durán. “Nosotros venimos a hablar con los legisladores no con un cuatro de copas o algún asesor. Tienen que demostrar que hay voluntad de tratar este proyecto y no seguir dilatando esta cuestión que afecta a cientos de trabajadores y trabajadoras en sus ámbitos laborales en toda la provincia”.
“Hay que recordarle a a los legisladores que están en su banca para representar al pueblo y mejorar la vida de los ciudadanos y si el pueblo trabajador reclama desde hace años por una ley provincial contra la violencia laboral, le guste a quien le guste, la van a tener que tratar tarde o temprano”, dijo Durán.
Del fallido encuentro participaron además de Durán, Héctor Miguel Arias,secretario General del Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba (SIPETACO-CTA); María Ana Mandacovik, secretaria General del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA); Estela Maris Giménez, secretaria Adjunta de la Unión de Trabajadores de la Salud de la provincia (UTS-CTA); Julio Corvalán, secretario General del Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Fideera, seccional Córdoba; Ana Altamirano, secretaria Adjunta del Sindicato del Personal de Casas de Familia (SinPeCaF); Richard Ordoñez, secretario General de SADOP Río Cuarto; Gerardo Bernardi, secretario General de SADOP Córdoba; y Luis Depetris, secretario Gremial del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio.
La iniciativa que fue presentada en la Legislatura Provincial no busca una reforma laboral de fondo, sino reglar un procedimiento administrativo para que las denuncias puedan ser consideradas y sancionados los responsables.
La iniciativa abarca el ámbito estatal y privado y la autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo de la Provincia.
Define a la violencia laboral como “toda agresión física, acoso sexual, y acoso moral o psicológico, que se ejerza sobre una persona dentro de su lugar de trabajo”
Precisa a la agresión física “a toda conducta que, de forma directa o indirecta, esté dirigida a generar un daño físico sobre un trabajador”. Al acoso sexual: “a toda conducta verbal o física reiterada, con connotación sexual, no consentida por quien lo recibe (basada en el poder), que afecta su desempeño laboral. Mientras que por acoso social o psicológico define “a toda situación en la que una persona o grupo de personas, ejerzan un maltrato modal o verbal, alterno o continuo, sobre un trabajador, buscando así, desestabilizarlo, aislarlo, deteriorar su autoestima, disminuir su capacidad laboral, degradarlo y eliminarlo progresivamente del lugar que ocupa en su trabajo”.
Luego, en su título III, determina los procedimientos a seguir para hacer cesar el acto de violencia y una serie de sanciones para penar los incumplimientos.
