El Gobierno intimó a dos grupos de gremios y organizaciones sociales a pagar montos de 40,4 y 56,7 millones de pesos en concepto de multas por los gastos del operativo de seguridad desplegado en las protestas del 22 y 27 de diciembre realizadas en Plaza de Mayo y Tribunales, respectivamente, contra el DNU 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei. Las disposiciones del gobierno para evitar las manifestaciones y las multas aplicadas, avanzan sobre los derechos de protesta y libertad de expresión de trabajadores y organizaciones sociales y políticas y aparecen como inconstitucionales.
Los telegramas fueron enviados por el Ministerio de Seguridad a gremios entre los que se encuentran Camioneros, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Asociación de Trabajadores del Estado, la unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entre otros.
“Intimo a usted, en su carácter de apoderado del sindicato de Camioneros, al pago solidario de pesos cuarenta millones cuatrocientos diecinueve mil doscientos veintisiete con 56/100 ($40.419.227,56), en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles de recepcionada la presente, en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público”, indica el texto de la misiva, que fue firmado por el secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, Martín Siracusa.
Ese mismo telegrama recibieron los gremios que participaron de la protesta del 27 de diciembre frente a Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires, en rechazo del DNU 70/2023 y para realizar respectivas presentaciones judiciales y amparos contra esa medida.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los responsabiliza de “los gastos ocasionados” por el despliegue del operativo por la “interrupción total o parcial del tránsito vehicular”, una sanción con la que el Gobierno busca hacer cumplir el protocolo antipiquete que prohíbe la realización de bloqueos de la vía pública durante protestas.
Además de Camioneros, UOM, UTEP, CTA y Uocra, las organizaciones multadas por esa movilización fueron Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (Fempinra), Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Asociación Civil Polo Obrero y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).
También el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), Agrupación de Izquierda Socialista, Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos Argentino (Sutna), Conadu Histórica y CTA Autónoma.
Por otro lado, con una similar misiva, la cartera de Seguridad intimó a distintas organizaciones a pagar multas de $56.760.282,58 por los costos del operativo producto de la protesta del 22 de diciembre, también en contra del DNU con el que el Gobierno estableció la desregulación de la economía.
Entre ellas están Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Federación Nacional Territorial, libres del Sur, Frente Barrial CTA, Federación de Trabajadores por la Economía Social (Fetrares) y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
En el caso de UTEP y CTA, ambas organizaciones fueron notificadas por el costo de los operativos de las dos jornadas de protestas.
“Desde la CTA autónoma rechazamos y repudiamos esta acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder por parte del Ministerio de Seguridad, y vamos a avanzar en nuevas denuncias ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, ya que el protocolo es una norma que viola el derecho constitucional a la acción sindical, al derecho de organizarse y a reclamar que tenemos los trabajadores y trabajadoras”, indicó la CTA en un comunicado.
La central obrera calificó las multas como “actos de persecución de intimidación” por parte del Gobierno, que pretende -aseguran- “sostener una norma que es claramente inconstitucional”.
“Además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido. Las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta”, agregan en el texto firmado por el secretario general de la CTA, Hugo Godoy.
También el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, repudió los telegramas, criticó al Gobierno por “irracional” y recordó que en el país “sigue vigente la libertad de expresión, de manifestación y el derecho de huelga”.
“Cesantea empleados públicos, y cuando los sindicatos ejercemos nuestro derecho constitucional de protesta y manifestación, pretende cobrarnos los gastos del operativo que ellos mismos decidieron montar”, indicó Aguiar en su cuenta de X, donde adjuntó una imagen del telegrama que recibió el gremio.
Por su parte, el secretario general del Sipreba, Agustín Lecchi, también cuestionó la multa recibida al calificarla como una “cruzada anti democrática” por parte del Gobierno de Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes pretenden realizar -dijo- un “brutal ajuste” al que “se suma la represión”.
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