El gobierno nacional decidió mandar al freezer a cinco universidades nacionales creadas en septiembre de 2023. Entre ellas, se encuentra la de Río Tercero, en lo que se lee como una medida de ajuste del gasto público y, también, como un golpe “por elevación” a la UCR por la posición en el debate que culminó con el fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso y en el reciente cruce entre el gobernador de Chubut, Ignacio Torres y el presidente Javier Milei, por los fondos coparticipables. El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, es el principal “armador” político de Rodrigo De Loredo en la Provincia, y uno de los dirigentes de “la primera hora” del sector que conducen el senador nacional y actual presidente del radicalismo, Martín Lousteau, y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.
A su vez, Ferrer es uno de los intendentes de la UCR que apoyó la pulseada de los gobernadores patagónicos con el gobierno nacional.
La violencia engendra violencia.
Los argentinos votaron una opción de cambio, el cambio incluye respetar al que piensa distinto y respetar las instituciones, no atropellar.Si no cambia eso, no cambió nada.
Mi respaldo a @NachoTorresCH pic.twitter.com/MlrXvEVQfS
— Marcos Ferrer (@ferrermarcos) February 24, 2024
Junto con la de Río Tercero, fueron paralizadas las de Pilar, del Delta (impulsada por el ex ministro de Economía y candidato presidencial de UxP, Sergio Massa) y de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires; y de Madres de Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La caída de las universidades en suelo bonaerense apunta contra el peronismo del Gran Buenos Aires y el gobernador Axel Kicillof; mientras que en el caso de la casa de altos estudios impulsada por Madres de Plaza de Mayo, todo indica que se trata de un nuevo ataque a las políticas de derechos humanos.
Formalmente, la Secretaría de Educación decidió establecer un proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de cinco universidades nacionales, creadas por el Congreso Nacional en septiembre de 2023, y dejar sin efecto la designación de sus autoridades.
El texto de la resolución, indica Télam, establece “el proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas instituciones universitarias nacionales creadas por las Leyes 27.727, 27.728, 27.729, 27.730 y 27.731 con el fin de determinar el efectivo cumplimiento del procedimiento para su creación y funcionamiento objetivo”.
El texto, además, deja sin efecto “las Resoluciones Ministeriales 2534/23, 2574/23, 2575/23, 2576/23 y 2685/23, todas del ex Ministerio de Educación”, que designaban a los rectores organizadores de cada uno de esos centros de estudios.
En los fundamentos, la resolución señala que la decisión atiende a “evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y de garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debida, resulta necesaria la adopción de medidas tendientes a revisar el inicio de actividades académicas de las Casas de Altos Estudios antes mencionadas, para determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido”.
El texto también indicó que la revisión busca comprobar “si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas y se encuentren debidamente documentadas y si la pertinencia, oportunidad y la previsión del crédito presupuestario correspondiente, en base a un estudio de factibilidad, avaló la iniciativa”.
FERRER: “NOS SORPRENDIÓ LA RESOLUCIÓN”
Ferrer adelantó que pidió una audiencia a la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Petovello, y dijo al diario Tribuna de Río Tercero, luego de conocida la resolución del gobierno nacional, que “nos sorprendió la resolución del Ministerio de Capital Humano, de revisar y suspender el inicio de actividades de las nuevas universidades creadas por ley el año pasado”.
El jefe comunal sostuvo que el funcionamiento de la universidad no le causa por ahora ningún gasto al Estado porque no está incluida en el presupuesto 2023 que es el rige porque fue reconducido, tampoco genera gastos el trabajo del rector normalizar Pablo Yannibelli, que se desempeña ad honorem, según Ferrer.
Existe sí una resolución que dispone fondos para la universidad, firmada por el gobierno anterior, pero no ejecutada.
Tampoco generaría gastos el comienzo de las actividades, con el dictado de dos tecnicaturas (previsto para el segundo semestre de 2024), puesto que el dictado de las clases está previsto en la sede de la FURRT.
El intente apuntó que “no hay razones para frenar la puesta en marcha de nuestra universidad, un sueño de varias décadas de la ciudad, puesto que el proyecto cumple con todas las exigencias académicas y administrativas surgidas de la ley que la creo, de su reglamentación y de las disposiciones en la materia”.
Por último, señaló que “en términos académicos viene muy bien, tiene más de 50 convenios firmados con instituciones privadas y públicas; y su plan de estudio ya fue presentado”.
BROUWER DE KONING: “UNA RESOLUCIÓN NO PUEDE DEJAR SIN EFECTO UNA LEY DEL CONGRESO”
La diputada nacional, Gabriela Brouwer de Koning (UCR), una de las impulsoras del proyecto que coronó con la creación de la universidad en 2023 (la otra es la diputada nacional de Unión por la Patria, Gabriela Estévez), señaló en su cuenta de X que “nos encontramos ante una resolución ministerial que no puede dejar sin efecto el cumplimiento de una ley del Congreso. Vulnera la división de poderes y uno de los pilares del sistema constitucional: la jerarquía entre cuerpos normativos”.
La aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados fue por unanimidad de los legisladores presentes. (Foto: Red X).
Indicó, más adelante, que “esperamos la reconsideración de la medida tomada por el gobierno (nacional), ya que obstaculiza el proceso de funcionamiento de una institución que va a aportar desarrollo, trabajo y mayor producción a nuestra región”.
La legisladora riotercerense recordó que “la Universidad Nacional de Río Tercero fue creada por la Ley 27.730 que cumplió con todos los requisitos establecidos por la Ley de Educación Superior para la creación de una nueva institución: Informe de factibilidad, previsión presupuestaria, e informe del Consejo Interuniversitario Nacional. La verificación del proceso de creación corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación, nada de eso se corresponde con los argumentos vertidos por la resolución del Ministerio”.
Planteó más adelante que “el presidente (Javier Milei) no puede decidir incumplir las leyes que no les gustan o dejar sin efecto aquellas leyes que se aprobaron sin su acompañamiento. El flagrante incumplimiento de las leyes que el Congreso le exige cumplir es incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Bouwer de Koning agregó que “esto no nos sorprende ya que se identifica con una visión cargada de preconceptos sobre el rol del estado. Tenemos que mejorar la calidad educación pública y su alcance a los sectores más vulnerables. Eso no se resuelve vaciando ni desfinanciando”.
Explica luego, que “el decreto pretende iniciar una “revisión del proceso de creación”, facultad que solo tiene el Congreso cuando sanciona las leyes de creación de universidades, y además remueve al Rector Normalizador que fue designado hace tan solo tres meses. El Rector Pablo Yannibelli ha desempeñado sus funciones ad honorem, y desde su nombramiento ha cumplido todos los pasos para asegurar la puesta en funcionamiento de la Universidad Nacional de Río Tercero”.
Detalla que Yanibelli “ha cumplido estrictamente el mandato legal del Congreso y de la Ley de Educación Superior, presentando toda la documentación que requiere la autorización por parte de la CONEAU y además ha construido vínculos sociales, comunitarios y productivos necesarios para darle vida a UNRT”.
Relata que “el edificio en donde funciona la Universidad pertenece a la Fundación Universidad Regional, que lo ha puesto a disposición para contribuir con la acción educativa. No hubo erogación alguna del Estado en ese sentido”.
Finalmente, recordó que “la sanción de la Ley implicó mucho esfuerzo de los riotercerenses, y es un duro golpe para nuestro anhelo de memoria, verdad y justicia ante los atentados que sufrimos en 1995 en la Fábrica Militar. La ley es una acción de reparación histórica. Necesitamos dar vuelta la página de una vez por todas y no volver a las épocas en donde el estado negaba su responsabilidad en la voladura de la ciudad”.
LA VOLADURA DE LA FÁBRICA MILITAR
La voladura de la FMRT se ejecutó durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, el 3 de noviembre de 1995, para ocultar el faltante de proyectiles, pólvora y cañones que Argentina vendió, con “la vista gorda” de Estados Unidos, a Croacia y Ecuador. Que no estuvieran los explosivos y armas se debió a que la planta fabril cordobesa no los tenía porque ya habían sido envíados a los citados países. El motivo de esa situación era que su papel en la operación de tráfico era maquillar (pintar, reparar, adecuar, etc.) los materiales que el país ya no producía y que Fabricaciones Militares (FM) había conseguido usados en unidades del Ejército.
Como consecuencia de la voladura, se produjeron siete víctimas fatales -Romina Torres (15); Aldo Aguirre (25); Leonardo Solleveld (32); José Varela (51); Hoder Dalmasso (55); Laura Muñoz (27) y Elena Rivas de Quiroga (52)-, se registraron más de 300 heridos y la ciudad sufrió cuantiosos daños materiales.
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