Desde hace años se viene instalando a pasos rápidos y en distintos puntos de la República Argentina otro mecanismo de flexibilización laboral, que afecta en forma alarmante, la actividad legal que llevan adelante tanto taxis y remises. Se trata de la prestación de un servicio ilegal de transporte automotor de personas, que se publicita y/o contrata por medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas (que claramente no son ni de taxis, ni de remises).
En su mayoría, son Empresas Multinacionales extranjeras (como Uber y Cabify, entre otras), que desembarcan en aquellos territorios en los que el propio Estado no defiende las fuentes de trabajo y fundamentalmente los derechos laborales que tienen los trabajadores locales, derechos que se encuentran previstos y garantizados no solo en leyes laborales vigentes, sino también en la propia Constitución Provincial (Córdoba) y en la Constitución Nacional.
Se puede observar, que el transporte de personas ilegal por aplicaciones extranjeras particularmente, avanza en territorios en los cuales quienes legislan en los concejos deliberantes, no presentan y aprueban ordenanzas que prohíban expresamente el desembarco de este servicio ilegal.
No basta solo con aprobar ordenanzas que toquen en general esta problemática, y que en la práctica solo quedan en un texto que nunca termina de ser verdaderamente operativo.
¿De qué sirve tener este tipo de ordenanzas, si en forma desafiante y hasta irónica, se publicita en medios de prensa locales (radiales y televisivos), como así también en redes sociales, este servicio no autorizado?
Para que no haya grises, debería haber decisión política de prohibir expresamente por Ordenanza este servicio de transporte no habilitado por el Municipio.
En ciertos casos, cuando se le acercan iniciativas de este tema a concejales de distintas ciudades, algunos de ellos buscan excusas hasta infantiles para no presentarlas. La pregunta sería: ¿Qué intereses defienden? ¿Los de los trabajadores locales? ¿O defienden intereses extranjeros? Todos los países serios del mundo, defienden el trabajo local siempre.
Desde los todos los municipios, se debe proteger sin matices, la actividad legal que llevan adelante los taxis y los remises (que se encuentra regulada mediante la Ordenanza pertinente).
Es menester señalar, que quienes ejercen el transporte automotor de pasajeros por fuera de la ley, sin habilitación municipal, que es publicitado por cualquier medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas; generan una evidente competencia desleal en relación a la actividad del taxi y remis.
Eso sucede, debido a que los primeros no invierten, no trabajan dentro del marco legal vigente para la actividad; no tienen que circular las 24 horas del día (los 365 días del año incluyendo sábados, domingos y feriados); no tienen radio; GPS; botón de pánico; ni inspecciones municipales; cualquiera se sube o se baja del auto; evaden impuestos; tienen enormes hechos de inseguridad en todo el mundo, poniendo en riesgo no solo el propio sistema, sino fundamentalmente a miles de fuentes de trabajos, lo que es inadmisible e inaceptable.
No se sabe si cuentan con seguros que cubran los riesgos de las personas transportadas, por lo cual ni los conductores, ni estas empresas de transporte automotor de pasajeros por plataforma electrónicas, serían responsables solidarios por los daños que ocasionen durante la prestación de este servicio ilegal a usuarios o terceros, no tributan impuestos y/o tasas provinciales y/o municipales. Tampoco tributan impuestos nacionales.
La clase trabajadora exhorta y reclama a quienes legislan en los concejos deliberantes y a quienes gobiernan en los respectivos ejecutivos municipales; normativas que prohíban expresamente el funcionamiento de estos servicios irregulares, y que protejan el trabajo local, pues en definitiva, entre otras razones, para eso son los representantes del pueblo y ese mismo pueblo es quien les paga sus salarios.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado.
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