La crítica situación laboral que padecen las personas con discapacidad, son en primer lugar producto de la falta de políticas de Estado que verdaderamente demuestren inclusión desde los hechos y no solo desde lo discursivo, pero también por el sistemático incumplimiento de las leyes de cupo laboral para personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad, son la franja más vulnerable del pueblo argentino, y en pleno Siglo XXI, continúan siendo quienes más obstáculos y discriminaciones reciben a la hora de buscar trabajo.
Miles de argentinas y de argentinos con discapacidad quieren trabajar y no se les permite, fundamentalmente desde el propio Estado, vulnerando así, los gobernantes de turno, normativa internacional específica en la materia, y derechos garantizados en la Constitución Nacional, en las constituciones provinciales, en normas de cupo laboral que se encuentran plenamente vigentes y hasta en fallos judiciales de causas iniciadas por personas con discapacidad en la que la propia justicia ordenó al Estado y a sus reparticiones, el estricto cumplimiento de los cupos laborales para las personas con discapacidad.
A nivel internacional, podemos citar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A nivel constitucional, debemos mencionar por ejemplo los artículos 14, 14 bis y 16 de la Constitución Nacional, y también los artículos 27 y 54 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
A nivel nacional, hay que señalar la plena vigencia de la Ley 25.689, que es modificatoria de la Ley 22.431 (denominada de Sistema de Protección General de los Discapacitados).
En la provincia de Córdoba, está la ley provincial 5.624, de Régimen Especial de Protección y Promoción Laboral para las Personas Disminuidas, y sus modificatorias.
A nivel nacional y en la provincia de Córdoba, rige la obligación de cumplir con estos marcos legales indicados y por ende garantizar el ingreso al Estado y a sus distintas dependencias, a aquellas personas con discapacidad que así lo peticionen.
Quienes tienen diferentes tipos de discapacidades y quienes en nuestros núcleos familiares tenemos uno o más integrantes con algún grado de discapacidad, queremos expresarle a la clase política gobernante actual y a los diferentes sectores de la oposición, que las personas con discapacidad tienen no sólo el derecho sino también la necesidad de reinsertarse social y laboralmente.
Las personas con discapacidad que no son de edad avanzada, no quieren tener que depender de la asistencia estatal. Quieren ganarse el pan con el sudor de su frente.
¿Qué están haciendo Sres. gobernantes por las personas con discapacidad, desde lo laboral? ¿Cuántas personas con discapacidad ingresaron a trabajar en el Estado Nacional y en el Estado provincial (y en sus distintas reparticiones) en los últimos 10 años? ¿Existe algún censo actualizado, realizado desde el propio Estado Nacional y Provincial, sobre el número total de agentes que tienen y el número total de personas que ingresaron a través del cupo laboral para las personas con discapacidad?
Si en el Estado (o en sus dependencias) se resuelve que haya ingreso de personal, se debería cumplir con el cupo laboral para las personas con discapacidad, para ajustarse a lo indicado por las leyes que así lo ordenan.
¿Las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Provincia de Córdoba, han tomado acciones concretas para que se cumplan en ambos Estados y en sus reparticiones, las leyes de cupo laboral para las personas con discapacidad?
Es obligación de los Estados Nacional y Provincial lograr que accedan a los cupos laborales por discapacidad quienes se postulen para cargos a cubrir allí.
También es obligación de todos los sectores de la oposición, velar por el pleno cumplimiento de estos cupos laborales.
Todas las organizaciones sindicales estatales (con la C.G.T. a la cabeza), tienen la obligación de velar para que las personas con discapacidad puedan acceder a puestos de trabajo, por medio de estos cupos laborales que lo establecen de manera expresa.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado.
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