En todos los concejos deliberantes argentinos se deberían estar aprobando ordenanzas que prohíban expresamente el funcionamiento de las Apps extranjeras de transporte de personas, y que prevean el bloqueo de las mismas por orden judicial. Hablamos de una actividad que se encuentra por fuera de la Ley.
Las Apps extranjeras de transporte de personas, implican en la actualidad:
1) Fuga de capitales: El dinero que obtienen en nuestra Nación, es girado directamente a sus casas matrices en el extranjero.
2) Evasión tributaria: No pagan impuestos nacionales, provinciales o municipales por la actividad que desarrollan. Esto ocasiona un grave daño directo a la ciudadanía en su conjunto, debido a que, a través del cobro de impuestos, el Estado garantiza los derechos a la educación, a la salud y a la seguridad de quienes viven aquí. La AFIP tiene juicios millonarios, contra varias de ellas.
3) Explotación laboral: tienen a sus dependientes con un simple monotributo haciendo fraude laboral, al haber una relación de dependencia encubierta. Es un mecanismo de precarización laboral extrema, al que le denomino “precariado”.
4) Competencia desleal, con relación al servicio legal que brindan taxis y remises.
Además de todo lo señalado, hay que tener en consideración que su proliferación en los distintos municipios, reviste un serio peligro de seguridad en materia de transporte de la ciudadanía.
Los vehículos de Apps extranjeras de transporte de personas no cuentan con la cobertura de seguro necesaria.
Hablamos de una actividad “ilegal comercial”, en la que sus conductores solo cuentan con un seguro común como el que tiene todo ciudadano, para poder circular. Razón por la cual, ante un siniestro de estos vehículos contra otros particulares o en caso de lesión o muerte de quienes son trasladados en vehículos de Apps extranjeras de transporte de personas, no tienen cobertura.
Tampoco se sabe el estado de salud de los choferes (para determinar si no tienen enfermedades, que ocasionen su desvanecimiento, por ejemplo).
No hay disponible información, sobre el estado mecánico del vehículo en el que son trasladadas las personas (podría tener serios desperfectos, que ocasionen hasta una muerte).
Es por ello, que desde todos los estados municipales se tendría que hacer una fuerte campaña de prensa para poner en conocimiento de la gente sobre los grandes riesgos que tienen al usar este tipo de transporte ilegal y, a la vez, desalentar su utilización.
Todos los municipios cuentan con ordenanzas municipales que regulan la actividad del taxi y del remis.
Dentro de esta normativa, se fija el número de taxis y remises que se necesitan, en relación a la cantidad de habitantes existentes en cada uno de ellos. Si dicho número está cumplimentado, no se necesitaría operativa o legalmente introducir más vehículos para transportar personas allí. Si hubiera faltante, deberían hacer un sorteo de nuevas licencias de taxis o remises y dar solución a esta situación.
Otro grave problema que se observa, es que en ciudades como Córdoba en donde se encuentra prohibido este transporte ilegal por Apps extranjeras (Artículo 181 Código de Convivencia Municipal), existen casos de medios de comunicación que hacen publicidad de esta actividad prohibida por ordenanza municipal, por cuál estarían llevando adelante de alguna forma apología del delito, y a la vez, estarían incurriendo en alguna forma de participación del mismo.
Personalmente creo que todos los concejos deliberantes deberían actuar con celeridad y prohibir en cada ciudad, estas Apps extranjeras, por ser claramente ilegales, por estar varias de sus conductas tipificadas en el Código Penal Argentino, y por promover la explotación laboral y la competencia desleal con quienes están trabajando por dentro de la Ley (taxis y remises).
Es necesario tomar cartas en el asunto, y no esperar a que haya un accidente que le cueste la vida a una o más personas.
De suceder una fatal eventualidad, el Municipio claramente tendría un grado de responsabilidad importante al ser quien tiene el poder de policía, para controlar el transporte ilegal de personas.
No creo en lo personal, que se accione en este supuesto, judicialmente solo contra un monotributista (en este caso el conductor de Apps extranjeras).
Tampoco me parece que alguien tenga recursos económicos para litigar en el extranjero ante las casas matrices de estas Apps.
La política municipal, en general, debe trabajar en la prevención con urgencia; los concejos deliberantes deben prohibir este transporte ilegal por Apps extranjeras a través de ordenanzas, y no esperar a tener que lamentar, en su propia localidad, un siniestro que le cueste la vida a uno o más habitantes.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado y asesor legal del Sindicato de Peones de Taxis de Córdoba.
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