La justicia porteña volvió a frenar un proyecto inmobiliario en el barrio de Caballito, avalado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde dos empresas desarrolladoras pretenden levantar un conglomerado de edificios y un centro comercial a cielo abierto en una zona de alta densidad habitacional.
En el último día de actividad judicial antes de la feria, la Sala II de Cámara de Apelaciones del fuero en lo Contencioso, Administrativo y Tributario revocó un fallo de primera instancia que autorizó la primera etapa del complejo de 1188 departamentos en Avellaneda al 1300, bautizado como “Ciudad Palmera”.
La resolución de los camaristas hizo lugar al reclamo de un grupo de vecinos y vecinas iniciado en abril del 2020 en oposición al permiso otorgado por el Gobierno porteño al emprendimiento en Caballito, un barrio que registra, desde hace años, un aumento de la cantidad de edificios que complicó la capacidad de la infraestructura de los servicios.
En la presentación vecinal fue objetado el “master plan” a desarrollarse en el predio en cuestión, así como también se hizo foco en los alcances del estudio de impacto ambiental y la ausencia de un informe sobre la factibilidad del proyecto respecto de las redes de agua, luz y cloacas.
Los terrenos pertenecen desde 1999 al grupo IRSA, que por más de una década intentó construir allí un shopping de más de diez pisos y un conglomerado de departamentos, pero que no logró concretar ya que, para eso, requería de un cambio de zonificación de la superficie por parte de la Legislatura porteña que nunca obtuvo pese a siete intentos.
No obstante, IRSA dividió los terrenos en cuatro parcelas y transfirió una de ellas a la firma Portland, a cargo del desarrollo inmobiliario denominado “Ciudad Palmera”, como una estrategia para evitar la obligación de contar con las modificaciones urbanísticas desde el Parlamento y destrabar el avance de las construcciones también en el plano judicial.
Pero, en agosto del 2020, en plena pandemia y con camiones dentro del predio, el juez de primera instancia Darío Reynoso ordenó mediante una medida cautelar la paralización de la obra por el impacto ambiental negativo que provocaría la construcción de 1188 departamentos y un shopping de 28.000 metros cuadrados.
Por entonces, el juez consideró que “la forma en que es descripto el proyecto Ciudad Palmera por los medios de comunicación parecería configurar un plan maestro. Aun cuando quiera alegarse que es solo una política comercial de venta y publicidad del emprendimiento, la magnitud y envergadura induce a pensar que por ello se le otorgó la denominación de ‘Ciudad'”.
A poco de cumplirse tres años de aquella orden y tras centenares de presentaciones ante la justicia, en un nuevo fallo emitido en junio, el magistrado consideró que existían “nuevas circunstancias fácticas” que hicieron revisar su anterior opinión vinculadas a la firma de un acuerdo entre IRSA y Portland para modificar el proyecto inmobiliario y morigerar el proyecto original.
Fue así como Reynoso suspendió la medida cautelar, con lo que dejó habilitado el inicio de la obra, lo cual encendió nuevamente la alarma entre el movimiento vecinal que retomó la campaña de rechazo con recursos de apelación en el plano judicial, pero también con protestas callejeras que tuvieron convocatorias con la consigna “No al Shopping”.
En ese marco, el viernes pasado, la Sala II de la Cámara revocó el fallo de primera instancia de Reynoso que autorizó la construcción en la primera de las cuatro parcelas en una resolución que tomó entre sus argumentos el informe de la fiscal de cámara Karina Cicero del 10 de julio.
Allí, la fiscal evaluó que “es factible entender que el proyecto estaría diseñado para funcionar como un conjunto total donde cada una de sus partes, es decir, los edificios, cocheras, galerías y locales comerciales de cada parcela, no pueden escindirse e interpretarse sino dentro del marco que le proporciona el resultado final de la obra como proyecto global”.
“Este fallo es histórico, la sentencia favorable se suma a otro logro barrial después de más de 20 años de lucha por una calidad de vida mejor”, afirmó Martín Iommi, vecino y uno de los impulsores de las presentaciones ante la justicia porteña junto al Consejo Consultivo Comunal 6 y la asociación S.O.S. Caballito.
Iommi recordó que “en 2018, el arquitecto Bernardo Dujovne, el padre del entonces ministro de Economía de Mauricio Macri, aprovechó sus influencias y en un acto de picardía partió el terreno en cuatro parcelas para evadir la Legislatura, disfrazar un shopping y evitar los procedimientos de impacto ambiental”.
“Hoy, cinco años después, el barrio logró lo impensado, dar vuelta un fallo de primera instancia que autoriza a empezar la obra”, remarcó.
La demanda de los vecinos y las vecinas también apunta a frenar la construcción del conglomerado de edificios en defensa de los espacios de suelo verde dado que el predio de IRSA es lindante a un playón ferroviario, que está fuera de funciones y que las asociaciones barriales buscan convertirlo en un parque público.
> Con información de TÉLAM.
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