El diputado nacional y titular de la bancada de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que en el marco del litigio internacional con los fondos buitres por el control de la petrolera YPF, es “importante lo que haga y diga el Congreso” porque luego “se ponen como prueba en los tribunales de Nueva York”.
Pichetto pidió “ratificar el artículo 10 de la Ley de Expropiación en la defensa de las acciones de YPF que están en la Argentina, (que obliga) a la jueza (Loretta Preska) y los acreedores que para hacer uso de ellas, se requiere una ley de este Congreso por 2/3 de los representantes, es lo que está estipulado en la ley”.
El legislador expresó luego que “hay que analizar las circunstancias del pasado porque la Ley de Expropiación estaba fundada en la desinversión que estaba haciendo Repsol, en la situación que estaba viviendo Argentina que estaba importando combustible por 10 mil millones de dólares, en la aparición de Vaca Muerta como un proyecto de desarrollo que hoy permite que el gobierno de Milei tenga un horizonte muy interesante en materia de hidrocarburos, gas y petróleo”.
“Esa decisión estuvo fundada, y el control de la empresa YPF y el 51% fue una decisión política que tuvo mayorías aplastantes. En el Senado lo votamos con el 76% de los votos solamente tres senadores votaron en contra y en la Cámara de Diputados también”, recordó.
Sostuvo luego, en ese sentido, que “al pasado hay que analizarlo en el marco de esa coyuntura, con una visión inteligente, a la historia hay que entenderla y comprenderla, sino traspolamos y venimos a hacer la crítica acá que hacen algunos periodistas en televisión que tampoco entienden nada”.
Pichetto mostró predisposición para “trabajar en un proyecto que ratifique que el Congreso argentino entiende que estas acciones hacen a la soberanía y que, el marco de la ley, no puede ser vulnerado porque para tal fin se requiere dos tercios de esta Cámara y dos tercios del Senado”.
Por último, adelantó la presentación de un proyecto de resolución que ratifique el Congreso en defensa de las acciones de la empresa YPF en términos de la importancia de la soberanía y una presentación del Poder Ejecutivo ante la Corte con una medida cautelar para que estas acciones no sean afectadas por la decisión de la jueza Preska.
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