El intendente de Córdoba, Ramón Mestre.
El Gobierno modificó unilateralmente la conformación de la “comisión de garantías” un ente que funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y cuyo objeto es determinar las actividades consideradas como “servicios esenciales”, las que están obligadas a garantizar una prestación mínima sin interrupciones frente a un paro o medida de fuerza. Pese a ello, es difícil que pueda conseguirlo, porque una decisión en ese sentido iría en contra de las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuyas resoluciones tienen supremacía sobre las leyes argentinas.
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La decisión del presidente Mauricio Macri está contenida en el decreto 1095/2017 que fue publicado el martes último en el Boletín Oficial.
La decisión apuntaría a seguir el camino marcado por el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, y el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, que luego del paro conducido por los delegados de la UTA en Córdoba, a mediados de este año, impulsaron la restricción del derecho de huelga al transporte y a declararlo servicio esencial, cosa que lograron con la sanción y promulgación de una ley.
EL PJ y Cambiemos aprobaron una polémica ley provincial para limitar el derecho de huelga.
Previamente, Schiaretti y Mestre habían consensuado acciones políticas y legislativas para condicionar el derecho de huelga en el transporte y otros servicios públicos. En ese sentido, la iniciativa provincial formó parte del acuerdo alcanzado el lunes 12 de junio con el Grupo de los 6 (que reúne a las centrales empresarias cordobesas), las fuerzas políticas con representación en la Legislatura provincial, diputados y senadores nacionales por Córdoba, representantes del COMIPAZ, rectores de las universidades, funcionarios de los gabinetes provincial y municipal, e intendentes de la Mesa Provincia – Municipios.
EN EL ÁMBITO NACIONAL
La medida del gobierno nacional de modificar la comisión que propone las actividades consideradas esenciales, ya fue cuestionada por organizaciones sindicales y laboralistas, quienes advirtieron que la medida constituye un renovado intento oficial por limitar el derecho a huelga en actividades que suelen ser clave para garantizar la contundencia de una protesta, según publica en su edición del jueves el diario El Cronista Comercial.
El diario cita a una fuente del Ejecutivo nacional reconociendo que “la estrategia es avanzar rápidamente en declarar al transporte público un servicio esencial y que no puedan paralizarnos el país”.
Desde el Ministerio de Trabajo señalaron que se trata de un “cambio normativo”, pero reconocieron que “se trabajó con Modernización” sobre cuáles un servicio esencial. Consultados sobre el caso del transporte, desde el entorno de Triaca admitieron que “hay un pedido” para que se estudie y que esto “no constituye ninguna restricción al derecho a huelga”.
La “comisión de garantías” fue creada por la ley 25.877 para determinar las actividades que pueden ser consideradas como servicios esenciales y que, por lo tanto, deben garantizar una prestación mínima. El artículo 24 establece esas actividades son los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. Pero la misma norma faculta a la Comisión para incorporar otros sectores cuando una medida de fuerza ponga en peligro la vida, seguridad o salud de la población o cuando se trate de un servicio trascendental.
En 2006 la gestión kirchnerista estableció que la comisión la integren un representante de la CGT, uno de las cámaras empresarias, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Consejo Interuniversitario Nacional. Cambiemos reemplazó a la FACA es decir los colegios de abogados del país por la Academia Nacional del Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, una entidad que los gremios vinculan estrechamente al sector empleador.
Matías Cremonte, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), consideró que la medida puede terminar convirtiendo el derecho a huelga “en algo ilusorio, en el que el paro ya no tendría ningún sentido” y advirtió que las resoluciones de la comisión “hasta podrán ser usadas para perseguir y violar la autonomía de los sindicatos”.
QUÉ DICE LA OIT
La OIT pese a los reiterados pedidos de gobiernos neoliberales de distintos países ha rechazado la posibilidades de que el transporte sea declarado servicio esencial y por lo tanto, el ejercicio del derecho de huelga sea limitado.
¿Por qué?
-La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido como servicios esenciales a “los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”.
-La comisión de especialistas de la OIT ya dictaminó a pedido de distintos países cuáles no son esenciales y no puede regularse el derecho de huelga:
-La radio-televisión;
-El sector del petróleo;
-El sector de los puertos
(carga y descarga) ;
-Los bancos;
-Los servicios de informática para la recaudación de aranceles e impuestos;
-Los grandes almacenes;
-Los parques de atracciones;
-La metalurgia;
-El sector minero;
-Los transportes, en general;
-Los transportes metropolitanos;
-El abastecimiento y la distribución de productos alimentarios ;
-La Casa de la Moneda ;
-El sector de la educación;
-Los servicios de correos.
Otro dato es que los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tienen preponderancia sobre las leyes argentinas y, obviamente, sobre las provinciales.
Y a su vez, la comisión de especialistas de la OIT, que está por encima aún de los convenios internacionales, ya determinó cuáles son servicios esenciales, esto es que las huelgas no pueden afectarlos. La lista es la siguiente: el sector hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de abastecimiento de agua, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo.
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