Referentes de organizaciones sociales, estudiantiles, docentes, de derechos humanos y sectores políticos de izquierda se movilizaron esta tarde en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba para rechazar el pedido de elevación a juicio de una causa contra 27 estudiantes universitarios que, en 2018, mantuvieron tomado por un mes el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Los manifestantes marcharon desde la intersección de Colón y Cañada hasta el centro comercial del Patio Olmos, con fuertes reclamos por la “absolución” de los 27 imputados por el delito de “usurpación por despojos”, por la toma y destrucción de bienes de la institución académica entre el 29 de agosto y el 28 de setiembre de 2018.
También rechazaron la criminalización de las protestas, al sostener que “defender la educación no es delito”, en tanto se dio lectura a las adhesiones a un petitorio para que “no se avance en el juicio”.
El conflicto se había iniciado en el marco de reclamos salariales de los docentes universitarios de todo el país, y luego se sumó la toma del Pabellón Argentina con reclamos para la comunidad estudiantil, entre ellos el de garantizar el triple horario de cursado; esclarecimiento del uso del presupuesto universitario y la instauración del fondo estudiantil.
También habían exigido el retiro de todos los símbolos religiosos de los espacios universitarios, la apertura de un seminario optativo sobre Interrupción Legal del Embarazo y garantizar la partida presupuestaria para mantener el servicio de comedor.
Lo reclamos luego se plasmaron en un acta compromiso con las autoridades de la UNC, con lo cual finalizó la toma el 28 de setiembre de 2018.
El fiscal federal Maximiliano Hairabedián había solicitado la elevación a juicio de la causa, que fue confirmada por el juez federal Hugo Vaca Narvaja.
Por su parte, la Legisladora provincial Luciana Echevarría (MST en el Frente de Izquierda Unidad) apuntó que “hay un intento de la justicia por avanzar en la criminalización de la protesta y amedrentar al conjunto de la población, para facilitar la aplicación del ajuste tanto del gobierno provincial como nacional. A los 27 estudiantes los llevan a juicio por defender la educación pública con las herramientas que históricamente la comunidad universitaria ha utilizado para luchar y conquistar derechos, desde los reformistas del 18 hasta esta parte. Por eso decimos que no son 27 somos todos. Vamos a seguir está pelea hasta lograr la absolución, porque pelear por la educación no es delito destruirla sí”, concluyó.
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