La foto exacta del ajuste económico que necesita el modelo neoliberal gradualista del presidente Mauricio Macri es el requerimiento de financiamiento externo para 2018: 30.000 millones de dólares (que servirán para “tapar” el agujero fiscal y financiero -vencimientos de deuda-). Si bien el gobierno se propone eliminar el déficit fiscal en 2021, la gradualidad que comenzó hace dos años tiene esa estación.
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Para tener una idea de lo que significa, con esa suma se podrían construir 810 maternidades de 13.700 metros cuadrados de superficie, como la que construirá la provincia de Córdoba para atender a las madres de la zona sur de la capital (656 millones de pesos al cambio de 17,9 pesos por dólares, da un valor de 37 millones de dólares). Esa maternidad incrementará la disponibilidad de camas del sector público en la ciudad de Córdoba en un 80% respecto a la actualidad. O 447.000 casas Procrear Joven (67.000 dólares o 1,2 millones de pesos cada una, que es el valor de los prestamos del Procrear Joven). En la Argentina, el déficit habitacional alcanza a 3,5 millones de unidades.
El paquete de reformas que el presidente anunciará hoy al mediodía, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, a unos 150 invitados de todos los sectores de poder (empresarios, sindicalistas, jueces, gobernadores y legisladores, entre otros) apunta a dar a conocer el relato oficial para restaurar el país neoliberal que edificaron Carlos Menem y Domingo Felipe Cavallo en los ’90 y que eclosionó con la crisis de la Convertibilidad en 2001. Tendrá el sello Macri, pertenecerán a esta época, pero aquellas son la referencia. El Macri que hablará hoy expondrá, desde la idea global del diálogo y la búsqueda de consensos, su agenda de reformas. Las que efectivamente pueda imponer y las que no, dependerán de las negociaciones y confrontaciones posteriores.
El gobierno dejó ver algunas de las líneas maestras de este planteo en el concepto de que servirá para sentar las bases que ayuden a eliminar la pobreza y terminar con las crisis recurrentes del país. Sin embargo, más allá del baño de buenas intenciones, las medidas que se intentan poner en marcha responden al libreto neoliberal, lo cual, al excluir los otros puntos de vista, sienta bases relativas de acuerdos a largo plazo.
Más allá del baño de buenas intenciones, las medidas -que se intentan poner en marcha- responden al libreto neoliberal, lo cual, al excluir los otros puntos de vista, sienta bases relativas de acuerdos a largo plazo.
El diario Infobae adelantó ayer que el paquete de reformas incluye cuestiones laborales, modificaciones del sistema tributario, el intento de mejorar y transparentar el funcionamiento de la Justicia, el postergado debate educativo y la frustrada reforma electoral, entre otros rubros. En el terreno laboral, hay dos planos: uno, que habilita acuerdos sectoriales entre empresas y sindicatos para disminuir costos de producción en nuevos emprendimientos, al estilo del de los petroleros para explorar el yacimiento no convencional de Vaca Muerta; y otro, que consiste en un blanqueo laboral, que perdonaría a las empresas que no hayan pagado cargas laborales hasta ahora a cambio de empezar a abonarlas desde el presente. Aquí se habla, además, de una reducción de los aportes por empleado y la eliminación de otras regulaciones ligadas a las ART y a la institución de los despidos. Para conseguirlo, debería acordar con la CGT y las fuerzas opositoras del Congreso Nacional.
EL AJUSTE EN LAS PROVINCIAS
Otro de los ejes de acción del gobierno estaría puesto en las provincias: presupuesto, ley de responsabilidad fiscal -se trata de una norma que lanza el ajuste hacía adelante, esto es que el gasto público evolucione con la inflación, pero no crezca, lo que limitaría, por ejemplo, la aplicación de políticas anti-cíclicas en los momentos de crisis económica-, la reforma tributaria -que es la eliminación progresiva de impuestos distorsivos a la producción, como Ingresos Brutos, e imposición de algunos productos financieros como los plazos fijos y nuevas actividades de servicios como Netflix o los abonos vendidos por operadores internacionales en el país- y la rediscusión del Fondo del Conurbano.
El 9 de noviembre sería el primer encuentro cara a cara con los gobernadores.
El 9 de noviembre sería el primer encuentro cara a cara con los gobernadores. Los peronistas más Santa Fe (socialista), y Misiones y Santiago del Estero (convergencia entre peronistas, radicales y otras fuerzas) ya han señalado que quieren recuperar gradualmente lo que establece la ley de coparticipación: 58% de los recursos para las provincias, 42% para la Nación. En el presente es exactamente al revés.
El cordobés Juan Schiaretti (PJ) expresó que “la voluntad de los gobernadores es participar en esta nueva etapa que se abre en el país, de ordenamiento socio-económico, para que la misma sea de crecimiento de la economía, de generación de empleo genuino, de reducción de la pobreza y de la inflación”. A esta declaración hay que sumarle que en la cabecera de la mesa estuvo el presidente del bloque de senadores del PJ/FPV, Miguel Pichetto, y los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac, y Tucumán, Juan Manzur, que con sus diputados, facilitaron el desafuero de Julio De Vido. A esto, se suma que Manzur afirmó que el ciclo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner al frente del peronismo, está terminado. Traducido, quiere decir que -al menos los del PJ- serán permeables a las reformas que propone el oficialismo nacional.
El mandatario cordobés, que fue el vocero de la reunión, indicó también que “creemos que esta etapa tiene que ser de mayor federalismo, con diálogo y búsqueda de consenso”. Reclamó que “la distribución de la coparticipación federal de impuestos sea acorde a lo que establece la ley. Está sucediendo en el país que hay una Ley de Coparticipación Federal de impuestos que dice que de los recursos que recauda la Nación, el 58 por ciento debe ser para las provincias y el 42 para la Nación, y la realidad es que hoy es exactamente al revés. El 58 por ciento de los recursos queda para la Nación y sólo el 42 para las provincias. Es una situación que hay que comenzar también a corregir”.
Respecto al planteo que hay sobre el Fondo del Conurbano por parte de la Provincia de Buenos Aires, los gobernadores dijeron que se “tiene que resolver en una mesa de diálogo con todas las provincias y el Gobierno nacional; y debe hacerse eso ahora y no esperar”.
JUBILACIONES
No está confirmado aún, pero también podría formar parte de los anuncios de este mediodía, una modificación en el cálculo de los haberes previsionales. Eso es lo que plantea el diario Clarín. En lugar de una actualización automática, basada en un cálculo en el que confluyen actualizaciones salariales e inflación, hacerlo sólo por inflación y de modo trimestral. También podría impulsar una elevación de la edad jubilatoria: de 60 a 63 en mujeres y de 65 a 67 en hombres.
En esa línea, la consultora Economía & Regiones dio a conocer un informe en el que señala que no alcanza con la actualización tarifaria para reducir el déficit fiscal y que es necesario atacar el rubro previsional, que según ese punto de vista, sería responsable del aumento del gasto público, al pasar de 6,7% del PBI en 2009 a 10,2% en 2017.
El planteo de E&R es el del ala más dura del sector empresario. Dicen que “hace falta una reforma fiscal de fondo que achique el Estado, baje el gasto, y reduzca el déficit no sólo para tener chances de potenciar la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico, sino para tener la posibilidad de minimizar los efectos negativos de un potencial endurecimiento de las condiciones financieras externas”.
Al especificar dónde debería producirse la baja del gasto, indican que “tendrá que materializarse sobre las jubilaciones, planes sociales y empleo público”.
El informe agrega -sobre la base de los datos de la composición del gasto primario del Sector Público Nacional (SPN)- que, por un lado, las jubilaciones que “se llevan el 43 por ciento del total”, por el otro, “los subsidios sociales, el empleo público y los subsidios económicos que se llevan entre 15 y 12%”, y “más atrás está la obra pública, que tiene una importancia relativa en torno del 10%”.
Dentro de un esquema de gradualidad, el presidente pondrá en marcha reformas que rearmen el Estado neoliberal de los ’90 y eliminen las reformas populistas implementadas por el kirchnerismo entre 2003 y 2015.
Dentro de un esquema de gradualidad, el presidente pondrá en marcha reformas que rearmen el Estado neoliberal de los ’90 y eliminen las reformas populistas implementadas por el kirchnerismo entre 2003 y 2015. Las principales modificaciones que realizaron las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner fueron la reducción de la deuda externa, la reestatización de las jubilaciones y la puesta en marcha de un nuevo ciclo de sustitución de importaciones, que obviamente incluyó un mayor gasto público. La profundidad del resto de las medidas es relativa, ya que por ejemplo, no restituyó el entramado de empresas públicas montado desde el Yrigoyenismo en adelante y que fue desarticulado por el menemismo en los ’90. El punto de partida de este nuevo ciclo, es relativamente menos complejo que el anterior por ese motivo y porque el conjunto de las variables macroeconómicas -entre ellas el bajo endeudamiento- le dio al gobierno nacional un colchón desde donde aplicar el nuevo modelo sin que haya sacudones sociales de relevancia.
Lo que no está claro aún es el grado de profundidad del punto de partida que impondrá el presidente. El ala dura del empresariado y del gobierno, señalan que este es el momento de imponer las reformas más difíciles -la laboral, la impositiva y el ajuste del gasto en todos los niveles del Estado-, mientras que el sector más dialoguista del gobierno apunta que hay que seguir por el camino de la gradualidad, que hasta ahora le ha dado enormes ganancias al gobierno. Todo indica, que la velocidad de la gradualidad, será mucho mayor que hasta el presente.
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