Carlos Otero Álvarez, Antonio Cornejo, Miguel Ángel Puga y Ricardo Haro. Foto: Sebastián Salguero.
De todos los lugares que ocuparon durante sus largas carreras en la Justicia Federal -de secretarios a jueces, de defensores a fiscales- sólo les quedaba probar el banquillo de acusado. Y ayer les llegó la hora. Amontonados en un viejo banco de madera, muy distinto de los mullidos sillones de funcionarios, Carlos Otero Álvarez, Antonio Cornejo, Miguel Ángel Puga y Ricardo Haro, uno pegado a otro, escucharon las acusaciones en su contra por complicidad durante la última dictadura cívico-militar. En la pequeña sala de audiencias del Tribunal Oral Federal N°2, una habitación pequeña y asfixiante donde no caben más de 35 personas incluidas las partes, los acusados quedaron a pocos metros de los familiares de las víctimas, por cuyos derechos debían velar.
La denominada “causa de los magistrados” investiga los delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento” cometidos contra 75 víctimas, entre ellos los fusilamientos en falsos intentos de fuga a una treintena de presos políticos de la Unidad Penitenciaria N°1 (UP1), hechos por los que fueron condenados el ex dictador Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros, en 2010. Gracias a la reticencia de sus colegas jueces a investigar la responsabilidad judicial, los hoy acusados evitaron sentarse en el banquillo aquella vez, y ser fotografiados con los jerarcas de la dictadura. Este es el noveno juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Córdoba.
La vieja casona ubicada a metros de la plaza España donde funciona el Tribunal Oral Federal N°2 se vio desbordada por la concurrencia. La sala tiene capacidad para 15 personas, además de las partes. Ayer, esos lugares fueron ocupados por algunos familiares de víctimas y referentes de los organismos de derechos humanos, como Sonia Torres y Horacio Verbitsky, periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Del lado opuesto al lugar de los imputados se ubicó Miguel “Vitín” Baronetto, ex preso político y esposo de Marta González, quien luego de parir fue sacada de su celda en la UP1 con la excusa de un traslado, pero fue fusilada junto a otros presos, el 11 de octubre de 1976. Baronetto fue el impulsor de la causa contra los magistrados en 2007 y será el primero en declarar cuando comience la ronda de testigos la próxima semana.
El tribunal está presidido por Julián Falcucci y los vocales Camilo Quiroga Uriburu, de La Rioja, y Jorge Gallino, de Entre Ríos. Hubo que completar el tribunal con jueces de otras provincias ya que la mayoría de los actuales funcionarios tiene “amistad manifiesta” con los acusados. El fiscal a cargo de la acusación es Carlos Gonella. Ayer, en la sala, había un chiste que se repetía como mantra: “Un minuto de los defensores es más caro que un minuto de publicidad en Show Match”. Es que, a diferencia de otros juicios, los ex funcionarios judiciales convocaron a los abogados de los estudios más caros de Córdoba. Julio Deheza y Marcelo Brito, defienden a Otero Álvarez; Benjamín Sonzini Astudillo representa a Haro; y la dupla Roque Carlos Lescano y Ángel Ignacio Carranza, a Cornejo y Puga.
En los 10 años que lleva la causa, ya se apartaron varios funcionarios por “amistad manifiesta con los acusados”. Es que varios ejercieron sus funciones hasta hace poco tiempo. Carlos Otero Álvarez, con 69 años, es el más joven de los acusados. En 2008 integró el tribunal que condenó por primera vez a Luciano Benjamín Menéndez. Ayer el más achacado era Cornejo: Alto, canoso, camina con un bastón. Según contaron los médicos de la Justicia a este medio, el hombre sufre de arritmia y tenía un turno para colocarse un marcapaso hoy en una clínica privada, pero la intervención fue postergada.
Para el fiscal Carlos Gonella, la prueba más importante y contundente no sólo son los testimonios de víctimas o familiares, sino los documentos firmados por los propios acusados. El fiscal también mencionó que parte del juicio es la “omisión de haber investigado los tormentos que sufrían los presos y que denunciaban”. Los sobrevivientes manifiestan haber declarado con un fusil apuntándole a la cabeza, frente los mismos funcionarios, o haber recibido “recomendaciones” de no denunciar las violaciones.
En el momento de los hechos, Puga era juez federal N° 2, Cornejo era fiscal, Haro defensor oficial y Carlos Otero Álvarez secretario penal del Juzgado Federal N° 1, a cargo del fallecido Adolfo Zamboni Ledesma.
La “causa de los magistrados” fue desglosada de la investigación por los fusilamientos en la UP1 en 2008, por la jueza Cristina Garzón de Lascano. Para Miguel Martínez, uno de los abogados querellantes, “estos funcionarios judiciales tendrían que haber sido juzgados en el año 2010 junto a Videla y Menéndez porque los hechos, los imputados y las víctimas son los mismos”. La querella considera que su intervención e inacción dejó pasar por alto secuestros, homicidios, violaciones y tormentos contra detenidos políticos, que permanecieron en cautiverio.
Las audiencias se realizarán lunes todo el día y martes, sólo a la mañana. El tribunal estima usar seis semanas para receptar testimonios antes de pasar a los alegatos, lo que hace suponer que el juicio durará unos tres meses.
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