Los gremios estatales de la Provincia de Córdoba rechazaron los nuevos aportes de los trabajadores al Apross -la obra social de los empleados públicos- que dispuso el gobierno de la Provincia para financiar un nuevo fondo solidario, en este caso para atención de Enfermedades Emergentes e Innovación Tecnológica (FOSAET). También rechazaron la imposición del diferimiento de dos meses en el pago de jubilaciones a la mayoría de los afiliados pasivos.
La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa que lleva la firma del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el Sindicato de Empleados Legislativos (SELC), Judiciales, Viales provinciales, ACEC Casinos, la Asociación Bancaria, Lotería, Músicos, Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), Federación de Municipales, Luz y Fuerza Regional, Gráficos, ADEME, AMET, Luz y Fuerza Córdoba, UPS (Unión del Personal Superior), Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), APSE y ATSA (Salud).
En ese marco, advierten que tomarán “las medidas gremiales pertinentes, en defensa de los trabajadores, si no hubiere una inmediata solución a los temas planteados”.
Los estatales manifiestan su rechazo a la Resolución N°44 del Directorio de APROSS que dispone la creación del fondo solidario y que “impone, a los afiliados y a los familiares a cargo, el pago de Pesos Cuatro Mil Setecientos Setenta ($4770) mensuales, reajustables de manera periódica”.
Recuerdan los sindicatos del sector público que “mantenemos el rechazo al incremento del Fondo de Enfermedades Catastróficas (F.E.C) ajustado mensualmente por el IPC Córdoba”, a la par que “reiteran la exigencia de normalizar las prestaciones de APROSS”.
Los sindicatos también se oponen a que “se dispongan ajustes en los aportes según el IPC Córdoba cuando el propio Gobierno se negó a aplicar el mismo criterio para el cálculo salarial” y reclaman “dejar sin efecto ambas normas”.
El lunes, durante el almuerzo mensual de la Fundación Mediterránea, el gobernador Martín Llaryora, explicó que luego de analizar las medidas tomadas por el presidente Javier Milei, tomó una serie de resoluciones en diciembre, mes en el que aumentó aportes personales y subió contribuciones de los empleados activos a la Caja de Jubilaciones y negoció los salarios a la baja. Afirmó que “sabíamos que la búsqueda del equilibrio fiscal (por parte del gobierno nacional) iba caer con peso sobre las provincias”.
En ese marco, destacó que hoy la Provincia logra pagar salarios en virtud de la recaudación. “La Provincia se sostiene, aun cayendo la coparticipación, básicamente por las medidas de ajuste en el gasto político y funcional. Se elevan los salarios solo por los ingresos… Es un acuerdo colaborativo, que luego mejoraremos. Estas medidas, de ajuste y básicas, son las que le permiten a Córdoba estar parada mejor que otras provincias”, detalló.
VER Córdoba: Los ingresos provinciales cayeron un 8% en febrero.
El ajuste de las cuentas provinciales es una consecuencia del plan económico que instrumenta el gobierno nacional, que ha producido un fenomenal freno de la actividad económica y del consumo. Se agrega que la devaluación del peso de 118% en diciembre pasado, desató una fuerte escalada inflacionaria por la veloz traslación del dólar a precios internos (72,6% en tres meses y 276,2% interanual). A ello, se agregaron las fuertes medidas de ajuste del gasto público nacional y la eliminación de la obra pública y de las transferencias a las provincias, como el Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente), los subsidios al transporte y los envíos por el déficit de la Caja de Jubilaciones. Pese a la magnitud de los recortes nacionales y del ajuste local, la Provincia no ha aplicado, hasta el momento, ninguna medida por el lado de los ingresos -aumento de impuestos-.
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