La jueza de Nueva York Loretta Preska rechazó este lunes la solicitud de Argentina para suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos Burford Capital (Reino Unido) y Eaton Park (Estados Unidos), en el marco del litigio por la expropiación de la petrolera en 2012.
El fallo, que condena al Estado argentino a pagar US$16.000 millones, ordena la entrega de las acciones como forma de cumplimiento. Argentina tiene hasta el jueves 17 de julio para apelar ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito y solicitar la suspensión de la medida. Esa medida fue adelantada este lunes por el subprocurador del Tesoro Nacional, Juan Ignacio Stampalija.
El caso se remonta a la reestatización del 51% de YPF, previamente en manos de la española Repsol, impulsada por el gobierno de Cristina Fernández Kirchner con apoyo del Congreso en 2012. Sin embargo, el juicio no se centra en ese porcentaje, ya que Repsol llegó a un acuerdo con Argentina en 2014, sino en el 25% que el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, adquirió en 2007 sin desembolso inicial, gracias a un acuerdo promovido por Néstor Kirchner. Los Eskenazi debían pagar con las ganancias futuras de YPF, pero la reestatización de 2012 interrumpió esos pagos, desencadenando el litigio.
Burford Capital, un fondo especializado en demandas, asumió los derechos de litigio del Grupo Petersen, mientras que Eaton Park, con un 3,5% de YPF, se sumó a la causa. En septiembre de 2023, Preska emitió una sentencia firme contra Argentina, que fue apelada por el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, tras la asunción de Javier Milei, Argentina no presentó las garantías requeridas para la apelación en enero de 2024, lo que permitió a los demandantes solicitar el embargo de activos, incluyendo el 51% de YPF en manos del Estado.
A pesar de una presentación del Departamento de Justicia de EE.UU. a favor de Argentina y varios intentos legales, Preska ratificó su decisión. El subprocurador del Tesoro Nacional, Juan Ignacio Stampalija, señaló que el fallo no está firme, pero es ejecutable, y calificó la decisión de la jueza como “esperable, pero no razonable”.
En diálogo con TN, Stampalija afirmó que Argentina insistirá ante la Cámara de Apelaciones para suspender la entrega de las acciones y, de ser necesario, recurrirá a la Corte Suprema de Estados Unidos.
“La Argentina está apelando y el Estado se está defendiendo en todas las instancias posibles”, aseguró el funcionario, destacando que el próximo paso es lograr que la Cámara suspenda los efectos del fallo hasta resolver la apelación.
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