El acuerdo alcanzado por el Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es duro y complejo. Si bien no trascendieron aún los montos que Argentina deberá pagar al organismo internacional a partir de 2026, los mismos deberán adicionarse a las sumas a pagar por la reestructuración de la deuda privada.
Argentina accedió a un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés), que básicamente consiste en que el FMI presta al país un monto similar de dinero al que debe pagar para saldar el crédito tomado por Mauricio Macri en 2018, por 45 mil millones de dólares. Tendrá cuatro años y medio de gracia y 10 reembolsos que deberán saldarse a partir de 2026 y hasta 2034.
Un detalle sustancial: el FMI hará 10 revisiones trimestrales sobre la economía argentina para establecer si se cumplió o no el acuerdo firmado entre las partes, antes de liberar cada uno de los reembolsos.
Con el convenio Argentina evita caer en default con el organismo, al que debería pagar 18 mil y 19 millones de dólares en 2022 y 2023, respectivamente, según el acuerdo alcanzado por el gobierno de Macri.
El acuerdo tiene como principales ejes, según un comunicado del Ministerio de Economía, la búsqueda de “un crecimiento sostenible e inclusivo en el tiempo”, la lucha contra la inflación, el logro de una estabilidad cambiaria, la reducción del financiamiento monetario, políticas de precios e ingresos, la reducción del déficit fiscal y de los subsidios que se destinan a las tarifas del sector energético y la potenciación de las exportaciones, la inversión y la productividad.
Desde el Palacio de Hacienda subrayaron que el entendimiento reconoce la importancia de “impulsar políticas de crecimiento y resiliencia” para abordar los “cuellos de botella de largo plazo” y sentar las bases de un “crecimiento más sostenible e inclusivo” en el tiempo.
Estas políticas tratarán de “potenciar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones; la inversión y la productividad; el desarrollo económico local y regional; el empleo formal y la inclusión laboral que incluya perspectiva de género; mejoras en la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético; las políticas de mitigación y adaptación ambientales y; el desarrollo más amplio de los mercados de capitales”, se planteó.
También se coincidió en que la inflación es un “fenómeno multicausal” que debe ser abordado desde un “enfoque integral” y que la condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un “proceso de acumulación de reservas”.
Por ello, el programa refuerza el compromiso de “estabilidad cambiaria”, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas.
Al mismo tiempo, se avanzará en una “consolidación fiscal progresiva” que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la “recuperación de la actividad económica” y una “reducción gradual del financiamiento monetario” del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en “tasas de interés reales positivas” para fortalecer la demanda de activos en pesos.
También este proceso será acompañado por “políticas de precios e ingresos” que contribuirán a “anclar expectativas en pos de una desinflación gradual” junto a una continuidad de la “recuperación de los ingresos reales”.
Para lograr niveles de tarifas de los servicios públicos de gas y electricidad “razonables y susceptibles” de ser aplicadas con “criterios de justicia y equidad distributiva”, contempla un esquema de “segmentación de subsidios” que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago.
Algunos de los puntos centrales, según el gobierno nacional, son los siguientes:
-El acuerdo permite al país refinanciar los compromisos asumidos en el programa stand by de 2018, que presentaba vencimientos concentrados principalmente en 2022 y 2023. Es decir, el FMI prestará un monto similar al adeudado en 10 reembolsos, sujeto a aprobación de las pautas acordadas en 10 revisiones trimestrales.
-Es un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) por sus siglas en inglés) que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del Congreso y luego del directorio del FMI (donde están representadas las grandes potencias). El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión.
-El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y finalizar en 2034.
-El Gobierno y el FMI coincidieron en que la inflación es un fenómeno multicausal. “La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas”, asegura el comunicado del Ministerio de Economía, que encabeza Martín Guzmán.
-“Se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos. También este proceso será acompañado por políticas de precios e ingresos que contribuirán a anclar expectativas en pos de una desinflación gradual junto a una continuidad de la recuperación de los ingresos reales”, completó.
-El control de inflación incluye, por lo tanto, acuerdos de precios.
-“Reducción gradual del déficit fiscal, consistente con un crecimiento moderado del gasto en términos reales con el objetivo de apuntalar la recuperación económica en curso, al tiempo que se fortalecen el crédito y la moneda nacional”.
-“Hemos desarrollado una estrategia de consolidación fiscal plurianual con el objetivo de lograr un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024”.
-“En relación a las jubilaciones, el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional. Por el contrario, se prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la ley 27.609. Dicha fórmula permite que las prestaciones crezcan a partir de los incrementos de la recaudación nacional y de los salarios de la economía”.
-Las tarifas de luz y gas crecerán en 2022, el 20% para los que tengan tarifa social (un 30% de los hogares), un 42% la clase media (60% del total) y el 10% más rico de la población dejará de recibir subsidios, por lo que se estima que se triplicará el valor que paga actualmente.
>> QUÉ DIJO EL FMI
El FMI aseguró en conferencia de prensa, que la reducción de los subsidios energéticos acordado con el Gobierno nacional equivale al 0,6% del PBI argentino.
“La reducción de 0,6 puntos del PBI está básicamente respaldada por suposiciones con respecto a la evolución de los precios de la energía, también las condiciones con respecto al cambio climático y en qué medida se puede mejorar la hidroelectricidad como fuente de energía. Esta es una proyección de línea de base, obviamente, está sujeta a riesgos y esos riesgos dependen en gran medida de los precios de la energía”, sostuvo Luis Cubeddu, jefe de la misión del organismo multilateral de crédito para las negociaciones con Argentina.
Asimismo, los funcionarios del Fondo remarcaron que se prevé que la inflación se desacelere de 48% en 2022; a 42% en 2023; y a 38% en 2024.
Con información de TÉLAM.
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