La ordenanza que contempla la incorporación de personas trans a la administración pública, con un cupo del 3%, fue desestimada ayer por 21 concejales. Desde las organizaciones LGBTQ señalan que es una muestra de “mezquindad y miseria política”.
La ampliación de derechos para la comunidad LGBTQ se vio nuevamente frustrada en una sesión del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, que estuvo marcada por críticas entre radicales y peronistas. El despacho de mayoría para la inclusión laboral trans, que resultó de la comisión de Equidad de Género el lunes, fue rechazado por dos tercios del cuerpo de legisladores en la tarde de ayer.
El proyecto que resultó cajoneado propone la incorporación de personas trans al sector público de la ciudad de Córdoba en una proporción no menor al 3% de la totalidad de su personal. Este punto generó fuegos cruzados: por un lado, la legisladora Nadia Fernández, de Hacemos por Córdoba, dijo a ENREDACCIÓN que el proyecto no está en condiciones de ser aprobado porque “no hay consenso” y que “tiene que haber una incorporación de manera gradual en lugar de un cupo”, pero que “el oficialismo no quiere modificar este punto”.
Además, Fernández planteó la necesidad de realizar un censo en un plazo que no supere los 180 días, para tener datos concretos que permitan “conocer acabadamente a la población trans”
“La gestión de Mestre no ha tenido ninguna política por la diversidad, al contrario, no tiene política social para nadie. No le dan de comer a los ancianos en los hogares de día, no ponen profilácticos en los dispensarios, imaginate si les van a interesar las personas trans”, criticó. “Quieren hacer demagogia con este proyecto: aprobar la ordenanza y que luego se ocupen otros de implementarla”, añadió.
La legisladora, cuyo partido será oficialismo a partir del 10 de diciembre, pidió “ser prudente con proyectos que plantean cupos, porque luego no se cumplen”.
“Es mejor continuar la discusión para que la ordenanza sea aplicable, porque todos los cupos que se plantean no se llevan a la práctica: el Estado municipal no es mero dador de empleo, tiene que generar empleo en el ámbito privado también con estímulos”, opinó Fernández, quien votó a favor de seguir discutiendo en comisiones la propuesta.
En defensa del despacho de mayoría, la concejala Miriam Acosta, integrante del bloque de Juntos por Córdoba y presidenta de la comisión de Género, dijo: “no existe voluntad política por parte de quienes van a estar en el gobierno de aprobar esto”.
Consultada por este medio por los motivos por los cuales sus mismos compañeros de bloque decidieron no acompañar su propuesta, sólo atinó a contestar: “Hay verdades que no son dichas”.
En cuanto al rol del Estado ante la problemática de personas trans, señaló que existe “una vulneración de derechos que debemos restituir con acciones positivas como éstas”.
“Hay un gran grado de hipocresía: quiero que me digan los concejales en cuántas casas de amigos suyos hay personas trans, varones o mujeres a cargo de cuidar a niños o ancianos”, enfatizó.
SIN LUGAR PARA LAS MINORÍAS
En 2016, la organización Devenir Diverse presentó un proyecto de ordenanza que contemplaba la incorporación de personas trans y travestis a la administración pública, teniendo en consideración que su expectativa de vida no supera los 36 años y que el 90% vive del trabajo sexual.
En diálogo con ENREDACCIÓN, Ivanna Aguilera, presidenta de la organización, opinó que “el proyecto no sale porque no hay interés en que la población trans y travesti pueda ejercer su derecho a elegir su trabajo”.
“Somos una disputa política para la administración que se está yendo, y a dos meses de retirarse presentan un proyecto de cupo laboral trans cuando en 8 años no habían tomado en cuenta los diferentes proyectos”, indicó.
“Si bien entendemos que el cupo es discriminatorio porque permite acceder a dos o tres personas, cuando en la ciudad de Córdoba hay registradas 1044 personas trans y travestis, es una opción bienvenida”, afirmó.
Además, Aguilera criticó la propuesta de Nadia Fernández de proponer capacitaciones en lugar de acceso al empleo: “Nos quieren dar capacitaciones pagas o planes que están en la Provincia como el PPP, Por Mí, Pila, pero eso es un trabajo precarizado, que tiene fecha de vencimiento y simplemente es mano de obra barata para los empresarios amigos del Gobierno”.
Sobre la posibilidad de que la ordenanza pueda ser rediscutida antes de fin de año, Aguilera se mostró optimista, aunque no descartó la posibilidad de “sentarse a discutir con la gestión entrante”.
La presidenta de Devenir Diverse recordó que hay un proyecto de Ley en el Congreso que tiene que ser tratado, y confió en que si se aprueba a nivel nacional la inclusión laboral trans, las provincias van a tener que adherir más fácilmente.
LA SITUACIÓN EN OTROS MUNICIPIOS
Bell Ville fue pionera en proyectos de inclusión laboral trans. En julio de 2017 aprobó la ordenanza que establece “el compromiso del Departamento Ejecutivo Municipal de incluir como mínimo (1) un empleado dentro de su planta transitoria y/o permanente y/o contratada, personas del colectivo trans (…) que sean mayores de 18 años y que reúna la condiciones de idoneidad para el cargo que deben ocupar de acuerdo con sus antecedentes laborales y educativos”.
En el caso de Río Cuarto, el proyecto enviado al órgano legislativo no ha sido discutido aún. “El proyecto entró, tiene orden del día, tiene expediente, pasó a comisión de Gobierno y Derechos Humanos pero no avanza. Y eso tiene que ver con mezquindades políticas, yo les llamo progresismo fotográfico, porque ante las cámaras se tiñen la cara a favor de la igualdad, con perspectiva de Derechos Humanos, pero en la práctica terminan siendo personas que profundizan la desigualdad”, lanzó Walter Torres, presidente de la Mesa de la Diversidad de Río Cuarto.
La propuesta contempla tres ejes: creación de cupo en administración pública, capacitación con acceso a micro créditos, fomento de cooperativismo e incentivo al sector privado para la incorporación de personas trans. “Tiene que haber funcionarios que dejen de ver cuál es el redito político que le puede dar tal o cual tema, los derechos del colectivo trans no se pueden plebiscitar”, concluyó.
En Villa María, presentaron en marzo un proyecto de inclusión laboral y capacitación hacia personas de comunidad trans. “No se ha estudiado aún”, aseguró Fanny Bustos, trabajadora de la Secretaria de Salud y coordinadora de ATTTA filial Villa María. “La idea es comprometer al estado municipal pero también a las empresas que tienen concesiones con el estado municipal para que se hagan eco”, expresó. La comunidad trans está compuesta por 38 mujeres y 8 varones. “No establecimos cupo, queremos que todas puedan entrar con capacitación para las áreas donde fueran convocadas”.
CÓMO VOTARON LOS CONCEJALES
A favor:
Miriam Acosta, Anibal De Seta, Belkis Garda, Analia Romero, Maria Eugenia Terre y Gustavo Fonseca (Juntos por Córdoba)
Davida Urreta, Tomás Méndez y María Eugenia Reales (Vamos)
En contra:
Mónica Aguilera, Juan Balastegui, Lucas Balián, Héctor Carranza, Mauricio Casas, Lucas Cavallo, Javier Lafuente, Abelardo Losano, Cristina Marchisio, Juan Negri (Juntos por Córdoba)
Adrián Brito, Esteban Dómina, Nadia Fernández, Santiago Gómez, Fernando Pablo Masucci, Pablo Ovejeros (Unión por Córdoba)
Martín Llarena (Fuerza de la Gente) María Josefina Almada (Fuerza de la Gente)
Marcelo Pascual (Frente Federal de Acción Solidaria)
Laura Sesma (Partido Social Demócrata)
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