El Obispado de la Diócesis Zárate-Campana, donde residía el sacerdote Javier Olivera Ravasi, dio a conocer este miércoles un comunicado en el cual señalan que “no tiene autorización para residir en esta Diócesis”. Olivera Ravasi, tuvo un rol clave en la gestión de la visita de los diputados de La Libertad Avanza (LLA) a los genocidas alojados en la cárcel de Ezeiza.
“El sacerdote, Presbítero Javier Olivera Ravasi, está incardinado en la Diócesis de San Rafael, Provincia de Mendoza, y fuera de la misma desde hace varios años. Por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate-Campana, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, quien posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno”, indica el comunicado del obispado.
Agrega que “se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, y se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder, pero al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana, así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”.
La manifestación de la Diócesis de Zárate-Campana se suma a lo señalado por la Conferencia Episcopal Argentina, a través de su vocero, el presbítero Máximo Jurcinovic, quien había expresado en un comunicado que “lo actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de Diputados a la Cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la Conferencia Episcopal Argentina”.
De acuerdo a la palabra oficial de la Iglesia argentina, “se trata de una acción particular y personal del mencionado sacerdote. Dicha visita a la cárcel de Ezeiza se encuentra dentro de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Lomas de Zamora”.
“La mirada de la Iglesia Argentina sobre este tema se encuentra presente en la publicación realizada el año pasado en los 3 tomos de la edición ”La verdad los hará libres“ que fue encargada por la Conferencia Episcopal Argentina a la Universidad Católica”, finaliza el comunicado.
Cabe recordar que Olivera Ravasi es abogado e hijo del represor condenado a perpetua Jorge Olivera, vinculado a la vicepresidenta Victoria Villarruel e impulsor de la libertad de los genocidas.
LA VISITA A LOS GENOCIDAS
Los legisladores libertarios que concurrieron al penal de Ezeiza con conocimiento y autorización de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fueron Beltrán Benedit (Entre Ríos), quien gestionó personalmente entre sus pares, la invitación que le llegó a su despacho; Guillermo Montenegro (Buenos Aires), Alida Ferreyra (Corrientes), Lourdes Arrieta (Mendoza), María Fernanda Araujo (CABA) y Rocío Bonacci (Santa Fe). Luego Bonacci y Arrieta se despegaron de la visita y la movida política, que busca beneficiar a los genocidas con prisión domiciliaria, entre otras medidas.
En el Penal, los legisladores se reunieron con Alfredo Astiz, ex oficial de la Marina y quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet durante la dictadura. También estaban Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (exmarino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Antonio Pernías (miembro del grupo de tareas 3.3.2 en la por entonces ESMA), Gerardo Arráez (integrante del circuito represivo en Club Atlético, Banco y Olimpo), Honorio Carlos Martínez Ruíz (ex agente de la SIDE), Marcelo Cinto Courtaux (fue jefe de la sección I del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo), Juan Manuel Cordero (represor uruguayo), Mario “el Cura” Marcote (de la Patota de Feced en el Servicio de Informaciones, en Dorrego y San Lorenzo, en Santa Fe), Miguel Angel Britos (expolicía), Julio César Argüello (excabo en la Brigada de Investigaciones de La Plata) y Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda).
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