Odebrecht y el cartel de constructoras brasileñas (integrado también por OAS y Andrade Gutíerrez) pagó en el país 35 millones de dólares hasta 2014. A su vez, según el cambista arrepentido, Alberto Youssef, en la lista con 750 contratos donde habría intermediado en el pago de sobornos, se encuentra nombrada tres veces la Provincia de Córdoba. En este caso por la obra de los “Gasoductos Troncales” del año 2008 y 2009.
Hasta el momento, el principal acusado en Argentina, es el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y amigo del presidente, Mauricio Macri, Gustavo Arribas. Sin embargo, no sería el único, ni el más importante.
Los pagos que recibió Arribas, según revela Hugo Alconada Mon, en el diario LA NACIÓN, fueron cinco y comenzaron un día después de que, en septiembre de 2013, se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para el gigante brasileño Odebrecht. “El operador y cambista paulista llamado Leonardo Meirelles se acogió luego al régimen de la “delación premiada”, y aportó documentación sobre miles de transferencias que hizo para Odebrecht y otras empresas brasileñas, según surge de los registros de transferencias bancarias que integran la investigación sobre Lava Jato en Brasil”. LA NACION obtuvo copias de esa documentación como parte de un proyecto periodístico colaborativo liderado por el equipo peruano IDL Reporteros.
“Meirelles -escribe Alconada Mon- transfirió un total de US$ 594.518 mediante cinco giros a una cuenta en Suiza de Arribas entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, desde una cuenta bancaria en Hong Kong que el operador brasileño controlaba a través de la empresa RFY Import & Export Limited, que la Justicia de su país ya calificó como “empresa de fachada”, destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión”.
Mientras que lo que se sabe hasta ahora sobre Córdoba, fue denunciado por un grupo de legisladores provinciales al fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez en base a parte de las declaraciones de los arrepentidos a la Justicia de su país. Los legisladores cordobeses son Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico), Liliana Montero (Córdoba Podemos) y Aurelio García Elorrio (vecinalista).
La Justicia anti-corrupción cordobesa archivó la causa con el argumento de que las “propinas” se pagaron hasta 2014 y las obras de gasoductos fueron licitadas al año siguiente por lo que no es posible que alguien haya pagado coimas por una obra que no se hizo (los gasoductos licitados en 2008/2009). Lo cierto, es que de acuerdo a las conclusiones de la Justicia de Brasil, las constructoras operaban en conjunto y no es improbable que el razonamiento judicial para no investigar el caso, sea en realidad lo que sucedió. Al menos, dos de las empresas más activas del Lava Jato, son las que resultaron vencedoras de ambas licitaciones.
La principal obra de Odebrecht en el país es el soterramiento del tren Sarmiento, en el Gran Buenos Aires, un contrato nacional de U$S 3.000 millones con financiación estatal. Para llevarla adelante, en 2006 un grupo de empresas lideradas por Odebrecht, más Iecsa, que era del primo del Presidente, Ángelo Calcaterra, ganaron la obra.
Aquí en Córdoba, Odebrecht realiza una obra de seis gasoductos troncales que fue licitada en 2015 y adjudicada en 2016. Los gasoductos tienen un valor de 230 millones de dólares. Son los llamados Centro, Punilla II, Anillo CBA-Gran Córdoba, Oeste, Ruta 2 y Sureste e implican la construcción de 631 kilómetros de ductos, de los cuáles fueron inaugurados la semana anterior los primeros 1.600 metros, la ampliación de otros ya existentes y 45 obras civiles de superficie. Se trata de la única obra en marcha, dado que el resto de los gasoductos (otros cuatro sistemas) fueron re-licitados dos veces acusando el elevado costo del financiamiento chino y sobre los que se espera que en las próximas dos semanas sean adjudicados. La compañía brasileña no participó de esta segunda compulsa, cuyos ganadores se conocerán en los próximos días.
De la licitación original en 2008 y 2009, en Córdoba, participaron dos UTEs (empresas asociadas): la ganadora estaba integrada por la brasileña Andrade Gutierrez (su presidente, Otávio Azevedo fue condenado por la Justicia y su pena reducida a cambio de lo que en Brasil se llama “delación premiada”), IECSA (la que fuera empresa de la familia Macri) y Britos S.A. que finalmente se bajó de la sociedad luego de que la obra fuera adjudicada por el Gobierno provincial. En la otra UTE, la perdedora de la licitación por los gasoductos, estaban la brasileña OAS (cuyo presidente, José Aldemario Pinheiro Filho, fue detenido y condenado en la Operación Lava Jato) y la cordobesa Electroingeniería. Finalmente, la obra no se realizó debido a que la administración provincial no pudo conseguir los avales del gobierno nacional para obtener el endeudamiento financiero necesario para llevar adelante la obra.
OAS, Andrade Gutierrez y Odebrecht son los socios principales del club de la obra pública en Brasil. Para el fiscal de la operación Lava Jato, Carlos dos Santos: “Existen indicios concretos de que las dos firmas (Andrade Gutierrez y Odebrecht) tenían dominio de todo”.
Marcelo Odebrecht el dueño de la compañía. Fue condenado y consiguió una reducción de pena a cambio de colaborar con la Justicia.
LOS HECHOS EN CÓRDOBA
Según la denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, “Córdoba no fue ajena a este mega escándalo que despertó el mencionado “Lava Jato”, debido a que el cambista Alberto Youssef, entregó a la Justicia de Brasil una lista con 750 contratos donde habría intermediado en el pago de sobornos, entre los que se encuentra nombrado tres veces la Provincia de Córdoba, en la obra de los “Gasoductos Troncales” del año 2008/9”, explican los denunciantes. Si bien esa licitación se cayó por la imposibilidad de acceder a financiamiento externo por parte de la provincia de Córdoba, luego que la Nación le negara los avales correspondientes, finalmente Odebrecht se adjudicó la nueva licitación en 2016. La segunda convocatoria fue iniciada por el ex gobernador José Manuel De la Sota en 2015, pero fue el actual gobernador Juan Schiaretti quien cerró la operación al año siguiente.
La secuencia denunciada es la siguiente:
-El 29/05/2009, el Poder Ejecutivo de Córdoba dictó el Decreto N°739/09 por el que aprueba lo actuado por la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M, en el marco de la Licitación Pública Internacional N° 06/08, ratifica el financiamiento propuesto por Andrade Gutiérrez S.A, Iecsa S.A. y Britos S.A. (UTE en formación) e instruye a la mencionada Agencia a adjudicar la obra de: “Contratación del proyecto Ejecutivo, Provisión de Materiales y Construcción de las Obras de infraestructura para la gasificación por ductos de los Sistemas regionales Nortes y Este de la Provincia de Córdoba en el marco del programa de gasificación de localidades del interior de la Provincia de Córdoba, con provisión de financiamiento” resultando seleccionada como oferta más conveniente a las mencionadas firmas por la suma de $830.671.116,48.
-El 01/06/2009 el Poder Ejecutivo de Córdoba dicta el Decreto N° 740/09 por el que aprueba lo actuado por la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M., en el marco de la Licitación Pública Internacional N° 01/08, ratifica el financiamiento ofrecido por Andrade S.A, Iecsa S.A. y Britos S.A. (UTE en formación), e instruye a la mencionada Agencia a adjudicar la Obra.
-En marzo de 2015, el Estado provincial deja sin efecto la licitación aduciendo que el Gobierno Nacional no firmó los avales para comprometer la coparticipación federal.
-Posteriormente, después de toda una compulsa licitatoria que se llevo a cabo en 2015 con fecha 17 de febrero de 2016 el gobernador Juan Schiaretti, firmó el decreto N°80/2016 adjudicando la licitación N°61/2015 para la ejecución de la obra “Programa Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba.”
El decreto expresa: “Que analizadas las ofertas y efectuadas las evaluaciones de conformidad a las pautas establecidas en los Pliegos Licitatorios, la Comisión de Estudios de las Propuestas, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 29 y 30 del decreto N°4758/77, se expide nuevamente aconsejando la adjudicación de los Sistemas regionales Norte y Sur a las empresas Electroingenieria S.A – China Petroleum Pipeline Bureau – U.T.E. en compromiso de constitución.-, los sistemas regionales Este y Centro II a las empresas IECSA S.A – China Communications Construcción Company Ltd. Sucursal Argentina (CCCC) – UTE en compromiso de constitución-. (…) Y los sistemas Regionales Oeste, Punilla II, Anillo de Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta II y Sureste, en forma conjunta a la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A, por resultar las mismas convenientes a los intereses del Estado Provincial, ajustadas a Pliegos y reunir las condiciones técnicas exigidas.”
-A través del mismo decreto, se obliga a las empresas oferentes a proveer el financiamiento de la obra.
-El Estado cordobés estaba obligado a contratar, conforme a lo indicado en la ley N°10.339, en el decreto N°80/2016 y en el Pliego Específico de la Obra, (…) a empresas que provean el financiamiento de la Obra. Así lo hicieron las constructoras China Petroleum Pipeline Bureau – UTE en compromiso de constitución- y la empresa IECSA S.A – China Communications Construction Company Ltd con los bancos chinos ICBC y Bank of China, respectivamente. Como el costo de financiamiento de estas dos obras era elevado, finalmente la provincia relicitó las obras en 2017.
Una obra de un gasoducto.
-A Odebrecht no se le relicitaron los tramos que había ganado y quedo con la obligación asumida originalmente. Pero no son los brasileños los que aportarán el financiamiento, sino que “es la Provincia la que salió a buscar el financiamiento para el 85% de los gasoductos que tenderá Odebrecht”, señalan Quinteros, Montero y García Elorrio.
-¿Cuál fue el financiamiento ofertado por Odebrecht S.A que le hizo ganar la licitación 61/2015? ¿Cumplió el Gobierno de la Provincia de Córdoba con la Ley 10.339, con el decreto 80/2016 y con los Pliegos de Obra que preveía como un punto clave la provisión de financiamiento de la obra? ¿Cuánto gastó la Provincia de Córdoba en agentes colocadores en el mercado internacional, en rondas de inversores, en consultoras intermediarias, emisión de bonos para la emisión de títulos y salir a buscar crédito internacional?, se preguntan los denunciantes.
-Agregan en la presentación al fiscal Rodríguez que “la importancia que tenía ofrecer el “financiamiento propio”, en donde se debía especificar (desde) tasa de interés, (hasta) plazos de gracia y desembolsos del 100% de la obra, Odebrecht S.A (sólo) prometió un financiamiento propio y de una financiera que no llegaba al 15 % de la obra. Lo demás debía salir a buscarlo la Provincia”.
-En esa línea apuntan que “no entendemos por qué el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en cabeza del gobernador Juan Schiaretti y los ministros de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López y de Inversión y Financiamiento, Ricardo Sosa, adjudicaron la obra a una empresa que no sólo tenía frondosos antecedentes de corrupción y a su dueño Marcelo Odebrecht con una condena de 19 años de cárcel, sino que tampoco cumplía con los requisitos establecidos en la ley 10.339 de proveer el financiamiento propio”.
LO PRINCIPAL
-Odebrecht, OAS y Andrade Gutiérrez formaban parte de una red de corrupción, donde pagaban sobornos para obtener obras públicas en Brasil. De este modo, habrían financiado el sistema político de ese país. La operación se denomina “Lava Jato”.
-Los detenidos al declarar ante la Justicia, al adherir a la Ley del Arrepentido, revelaron que además de Brasil, pagaron coimas en otros países, entre ellos Argentina. Las operaciones fueron hasta 2014.
-Dijeron que aquí los pagos ilegales llegaron a 35 millones de dólares. Se presume, por el tiempo en que sucedieron los hechos, que los destinatarios principales fueron funcionarios del kirchnerismo y en particular del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación.
-También está siendo investigado el actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, que además es amigo del presidente Mauricio Macri. Uno de los arrepentidos detalló que se le hicieron pagos de más de medio millón de dólares, luego de que fueran reanudadas las obras del soterramiento del tren Sarmiento, en Buenos Aires.
-El cambista Alberto Youssef dijo, en ese contexto, que en Córdoba, para la obra de los gasoductos, se pagaron tres coimas. En lo que se conoció hasta ahora de su declaración, no figura él o los receptores de los pagos indebidos. Habrá que ver si llegan esos datos en la documentación que girará la Justicia de Brasil.
LA POSIBLE MECÁNICA DE LOS HECHOS
-La obra de los gasoductos fue adjudicada originalmente en 2009 a la UTE liderada por Andrade Gutiérrez e integrada por BRITOS S.A.
-El gobierno nacional por las diferencias con De la Sota, no autorizó a la provincia a tomar créditos internacionales para financiar las obras y la adjudicación se cayó.
-La nueva licitación tuvo como ganador en 2016 a Odebrecht. La constructora brasileña está haciendo en este momento más de 600 kilómetros de gasoductos. Esta vez, la obra fue adjudicada por Juan Schiaretti.
-Los legisladores denunciantes señalan que, al operar juntas todas las empresas brasileñas denunciadas en este caso, es relativo que la obra fuera adjudicada la primera vez Andrade Gutiérrez (en 2008/2009) y la segunda a Odebrecht (2015/2016). Dicho de otro modo, hay una continuidad del hecho inicial y los beneficiarios serían los mismos.
QUÉ ES EL LAVA JATO
En marzo de 2014, la Policía Federal de Brasil realizó el operativo ”Lava Jato” en seis estados, deteniendo a 17 personas, entre ellas al cambista Alberto Youssef, acusado de ser el cabecilla de una trama de corrupción. Tres días después de la detención de Youssef cayó Paulo Roberto Costa (Ex director de Petrobras). Los testimonios de ambos desde la cárcel fueron la base para el resto de las detenciones y los detalles de la operación de compra de voluntades. Con los meses serían detenidos los principales directivos de, entre otras, las empresas Odebrecht, OAS y Andrade Gutiérrez, que negociarían penas menores a cambio de información. Youssef le entregó al Juez Moro el listado de setecientas cincuenta obras públicas donde fue intermediario de los sobornos. Cada obra tiene el contacto de la empresa que ofrece la coima para ganar la licitación, la descripción de la obra, el monto ofrecido y, en principio, falta el nombre de quien la recibió. De ahí la relevancia de los testimonios.
En Brasil, la gran mayoría de los pagos ilegales se ofrecían por obras de la empresa Petrobras. En cambio, fuera de su territorio ofrecieron pagos a través de la “Caja Dos”, o caja paralela, a funcionarios para hacer obras públicas en Panamá, Venezuela, Perú, y Argentina. Por el período en que suceden, 2005 a 2014, en principio, los principales involucrados en el país son funcionarios de la gestión kirchnerista. En Córdoba, los hechos denunciados se producen durante las administraciones de Juan Schiaretti y José Manuel De la Sota.
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