El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó una denuncia en los tribunales federales de La Plata para que se investigue un supuesto caso de espionaje en su contra, tras revelarse que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) elaboró un informe titulado Hechos Previstos 09JUL25. Este documento, al que accedió el periodista Hugo Alconada Mon de La Nación, detalla el monitoreo de actividades de dirigentes políticos opositores, sindicatos, grupos de jubilados y personas con discapacidad que se manifiestan por sus derechos.
La vigilancia, que incluyó protestas gremiales, convocatorias callejeras y actos culturales previstos para el 9 de julio, día clave por el vencimiento del plazo para la presentación de alianzas electorales en la provincia, habría tenido un especial foco en Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner.
“No conozco más detalles de lo sucedido, pero la gravedad de lo presuntamente ocurrido me impone formular esta denuncia para que se investigue”, expresó Kicillof en su presentación, radicada en el juzgado federal de Alejo Ramos Padilla. Este magistrado, conocido por haber destapado en 2019 la red de espionaje y extorsión liderada por Marcelo D’Alessio y por investigar el Proyecto AMBA de la ex-AFI, tiene experiencia en casos relacionados con los servicios de inteligencia.
No solo Kicillof alzó la voz. La CTA de los Trabajadores, liderada por Hugo Yasky, y la CTA Autónoma, encabezada por Hugo “Cachorro” Godoy, presentaron una denuncia en Comodoro Py contra el presidente Javier Milei y el titular de la SIDE, Sergio Neiffert. Patrocinada por la exministra Elizabeth Gómez Alcorta, la presentación apunta a un supuesto esquema sistemático de espionaje ilegal que vulnera derechos constitucionales. “La vigilancia no responde a razones de seguridad del Estado, sino a fines políticos”, sostiene el escrito, que quedó en manos del juez Julián Ercolini.
El artículo cuarto de la Ley 25.520 prohíbe a los organismos de inteligencia recolectar datos sobre personas por su raza, religión, acciones privadas, opiniones políticas o pertenencia a organizaciones sociales, sindicales o culturales. Las CTA subrayaron que no investigar a quienes dieron las órdenes implicaría “un grave daño a la democracia”.
La SIDE, restablecida por Milei en julio de 2024 mediante el DNU 614/2024 tras la disolución de la AFI, está dividida en cuatro órganos: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División Asuntos Internos. El informe del 9 de julio habría sido elaborado por la ASN, liderada por Alejandro Cecati, exjefe de seguridad de figuras como Mauricio Macri y Patricia Bullrich.
Este no es el primer escándalo que involucra a la SIDE bajo la gestión de Milei. En semanas recientes, se conoció parte del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que presuntamente habilita la vigilancia de periodistas, opositores y críticos a la política económica o exterior. También se reveló una directiva para monitorear “grupos vulnerables”, atribuida a Diego Kravetz, jefe de Operaciones de la SIDE. Estas acusaciones, denunciadas por el CELS en junio, están siendo investigadas por el fiscal Guillermo Marijuán tras pasar por los juzgados de María Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello.
El escándalo también generó repercusiones en el Congreso. El diputado Facundo Manes presentó una denuncia tras ser increpado por Santiago Caputo, asesor presidencial y responsable de colocar a Neiffert en la SIDE. Además, el senador Martín Lousteau convocó para el próximo martes a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que evaluará citar a Neiffert o a otros funcionarios de la SIDE.
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