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Juan Pablo Quinteros impugnó la cláusula de gobernabilidad en la justicia

La citada cláusula garantiza al candidato que gana la elección, mayoría legislativa propia. Es un mecanismo de vieja data en la provincia.

El concejal Juan Pablo Quinteros.

El candidato a Intendente Juan Pablo Quinteros.

El candidato a Intendente del partido Encuentro Vecinal, Juan Pablo Quinteros, presentó una “Acción Declarativa de Inconstitucionalidad” ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (TSJ) con el objeto de que se declare inconstitucional la totalidad del bloque normativo que ha establecido en Córdoba la denominada “cláusula de gobernabilidad”.

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La presentación fue acompañada por el pedido de una medida cautelar a los fines de que se proceda a disponer la no distribución de bancas, en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, luego de los resultados electorales que arroje la elección prevista para el próximo 12 de mayo, hasta que no se resuelva el fondo de la cuestión planteada en la presente.

El sistema que se pretende revisar y modificar, permite que un partido político pueda llegar al poder con un escaso porcentaje de votos y pese a ello, de manera automática, obtener la mitad más uno de las bancas en disputa. Así vimos, en los últimos procesos electorales municipales en Córdoba, que la UCR (luego Cambiemos) sólo tuvo la adhesión de poco más del 30% del electorado y, sin embargo, se quedó con mayoría absoluta en el Concejo Deliberante.

Al respecto el ex parlamentario manifestó: “Córdoba es pionera en materia de autonomía municipal, al punto de ser una de las provincias con mayor cantidad de comunas y municipios, y, pese a ello, tiene un diseño electoral municipal que no se encuentra en casi ninguna otra provincia del país. La llamada “cláusula de gobernabilidad” es un instituto anacrónico, antidemocrático y antirepresentativo”.

Juan Pablo Quinteros.

Por otro lado, hay que mencionar que los nuevos paradigmas de participación popular ya no hacen referencia sólo a una democracia representativa, sino que se avanzó hacia una democracia participativa mediante mecanismos de democracia semi directa. Muy por el contrario, a estos avances, Córdoba convive con un sistema electoral que no representa la legitimidad popular y ni siquiera da legitimidad a quienes acceden a los Concejos Deliberantes.

“Queda absolutamente nítido que los intereses políticos siempre van un paso atrás de la legalidad e institucionalidad y también de las propias demandas de la sociedad, de la que los dirigentes políticos parecemos habernos divorciado de manera definitiva. Esta acción tiene por objeto dotar a Córdoba de un sistema de representación eficaz para que los ciudadanos se vean representados de manera real y equitativa en sus órganos legislativos”, finalizó Quinteros.

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