El Gobierno nacional reaccionó después de un mes y medio de incendios devastadores y anunció este jueves que se firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Así lo informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde sus redes sociales. La decisión de la administración ultraderechista busca evitar por la vía del DNU el debate de una ley específica como pedían los gobernadores de las provincias afectadas. El Ejecutivo que redujo un 70% el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, no informó los alcances del DNU ni si tomará en cuenta los reclamos provinciales.
El proyecto impulsado por los mandatarios patagónicos declara la emergencia ígnea en los términos previstos por la legislación vigente y establece la declaración de zona de desastre para los territorios afectados, habilitando así el uso de herramientas excepcionales para la gestión del riesgo, la protección civil y la asistencia a las comunidades damnificadas.
Asimismo, autoriza a la Agencia Federal de Emergencias -o al organismo que en el futuro la reemplace- a disponer de los recursos presupuestarios necesarios para la prevención y combate de incendios forestales y rurales; la atención, mitigación y recomposición de los daños sufridos por personas, familias y bienes afectados; el apoyo y la asistencia a las provincias y municipios alcanzados por la emergencia y la ejecución de todas las acciones previstas en el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.
Estas medidas se implementarán respetando los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego y en coordinación permanente con las jurisdicciones involucradas.
Por su parte, el Gobierno se inclinó por el DNU después de una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, al dar respuesta a un reclamo de los gobernadores patagónicos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.
La decisión llegó además en medio de las negociaciones con los jefes provinciales por la reforma laboral, un proyecto que el Poder Ejecutivo pretende sancionar en las sesiones extraordinarias de febrero.
Los gobernadores del sur habían pedido al Congreso que tratara con carácter “urgente” la ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, al advertir que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas adicionales tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas.
La reunión de mesa política estuvo encabezada por Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura, Ignacio Devitt, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien asistió de manera virtual.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad dispuso la asignación de $129.244 millones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación y fiscalización. “La medida se adopta en el marco de los desastres de gran magnitud registrados en distintas provincias durante el último año y los previstos para el presente, que requieren reforzar la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de protección civil”, informó la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.
La resolución, firmada por Monteoliva, establece la asignación de $100.810.319.998,50 destinados a 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado, con el objetivo de financiar la adquisición de equipamiento, materiales operativos, elementos de protección personal, vestuario técnico y otros insumos esenciales para la lucha contra el fuego y las tareas de protección civil, según se informó en un comunicado.
La decisión oficial llega luego de que los incendios en Chubut y otras provincias tienen casi dos meses de desarrollo y de que el gobierno del presidente Javier Milei redujera un 70% el Presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
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