La jueza Federal Martina Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, habilitó de modo limitado el aeródromo militar de El Palomar, en Buenos Aires, para que puedan iniciar sus operaciones las aerolíneas “low cost”. Forns permitió hasta tres vuelos diarios (tres aterrizajes y tres despegues). El Palomar estará operativo desde el 9 de febrero.
El Ministerio de Transporte señaló que la decisión judicial no afecta la programación prevista, que ya era de dos operaciones diarias para la primera etapa hasta el mes de junio.
Además de la limitación de servicios, la jueza solicitó “la remoción total de material explosivo remanente de los depósitos militares en la Base Aérea de El Palomar”.
Otro punto de la resolución judicial es que “de acuerdo a lo establecido por el estudio de impacto ambiental, deberá continuar el monitoreo del impacto ambiental de las operaciones en marcha”.
En ese sentido, reclamó que, antes de sumar más despegues y aterrizajes diarios, se deberá presentar un nuevo estudio complementario al que ya se presentó. El informe que se presentó a la Justicia realiza proyecciones de impacto hasta junio de 2018; mientras que el pedido de la jueza es que se extiendan las proyecciones superado dicha plazo.
Por último, reclamó que “en los próximos 60 días el Ministerio de Transporte de la Nación convoque a una Audiencia Pública para presentar los proyecto de obras y la operación aeronáutica”.
LOS VECINOS
Los vecinos de Hurlinghan, El Palomar y Morón que presentaron el recurso de amparo argumentaron ayer que el levantamiento de la medida cautelar es “ilegal” y “nulo”. En un comunicado distribuido mientras realizaban una marcha de protesta contra la operación de las “low cost” en El Palomar, explicaron que la jueza Forns cometió un “escándalo” porque ni siquiera les permitió ver el “supuesto análisis” de impacto ambiental que se llevó adelante y le permitió resolver a favor de Flybondi. “Tanto el Ministerio de Transporte, como la ANAC, el Orsna y Aeropuertos Argentina 2000 están involucrados en un escándalo de corrupción y por eso anticiparon que solicitarán la suspensión del levantamiento de la cautelar”.
LAS OBJECIONES
-En la Base hay dos polvorines con explosivos a 50 y 100 metros de donde finaliza la pista de aterrizaje de 2.100 metros de extensión. La jueza dispuso que los explosivos sean retirados de allí.
-Hay un colegio técnico dentro de la base militar, otra escuela a 500 metros de la cabecera de la pista y una tercera a 600 metros de uno de los lados.
-El Palomar fue incorporado a la “nómina de Sitios de Memoria del terrorismo de Estado, por haber funcionado como centro clandestino de detención, tortura y exterminio donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión”. Desde esa base partían además los vuelos de la muerte con presos políticos que eran arrojados al Río de la Plata durante la dictadura militar. La jueza había pedido a los jueces federales Néstor Barral y Daniel Rafecas que respondan los oficios enviados donde se hace referencia a la supuesta violación a la Ley de Sitios de Memoria (en este caso, por ser lugares en los que ocurrieron delitos de lesa humanidad son sitios de prueba que no pueden ser alterados) denunciada por organismos de derechos humanos. Ayer no se conoció si los jueces federales habían respondido a la solicitud.
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