El Gobierno y las empresas promueven un fuerte aumento de las tarifas de provisión de gas natural, cuyo porcentaje es variable según las regiones. En Córdoba, Distribuidora de Gas del Centro solicitó un incremento de 325%, cuyo impacto promedio en la factura sería de 190%.
El Gobierno anticipó que implementará una modificación en los criterios de segmentación de la tarifa del servicio de gas natural, con la aplicación de una Canasta Básica Energética, en el marco de una “nueva conceptualización” de los subsidios, y que se efectuará un “traslado gradual” a lo largo de un plazo de tres meses -que comenzará el 1 de febrero- del precio mayorista a la factura final.
Así lo presentó el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, al exponer esta mañana en la Audiencia Pública 104 convocada de manera virtual por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
En ese marco, las compañías distribuidoras y transportadoras de gas natural también presentaron sus propuestas de recomposición de tarifas en función de los retrasos acumulados en los últimos años, a la que sumaron la aplicación de un índice de actualización mensual por la evolución de los precios mayoristas, a partir del 1° de febrero.
Rodríguez Chirillo planteó el traslado gradual a las tarifas del componente precio del Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir el valor del gas generado, que se llevará a cabo en tres etapas del 33% cada una a aplicar el 1° de febrero, el 1° de marzo y el 1° de abril próximos.
“La segmentación actual se mantiene hasta el 1° de abril de 2024, el nuevo esquema de subsidios entrará en aplicación a partir de dicha fecha, previa audiencia pública que se realizará al efecto”, indicó Rodríguez Chirillo.
En cuanto a la segmentación tarifaria, advirtió que “los usuarios (de los tres niveles) siguen recibiendo subsidios generalizados porque los precios mayoristas no cubren los costos”, además de señalar “falta de control del padrón de usuarios”.
En ese contexto, indicó, se procederá a una “nueva conceptualización” de los subsidios, con un “traslado gradual” del precio del PIST para la “readecuación progresiva” de esas transferencias estatales.
Rodríguez Chirillo sostuvo que se propende a “garantizar el consumo básico energético a todos los usuarios” y que la actual segmentación tarifaria se mantendrá en el primer trimestre, tras lo cual comenzará a regir un “nuevo esquema” a partir de abril.
El cambio principal será la adopción de una Canasta Básica Energética, en lugar del criterio actual de utilizar el equivalente a 3,5 veces la Canasta Básica Total (CBT) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La nueva canasta -aún no especificada- apuntará a “determinar los ingresos del grupo conviviente” y que “cubra necesidades básicas de las personas con distintos tipos de consumo en las zonas del país”.
El impacto en las tarifas de la nueva modalidad presentada por el secrretario de Energía es variable, tanto por los niveles de segmentación de usuarios como por la participación de cada una de las etapas que componen el valor final.
La tarifa final de una factura de gas se compone de tres factores: el precio del PIST, el costo del transporte y el margen de distribución, a lo que deben añadirse el componente tributario, con impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales.
Esa composición no es uniforme en todo el país y dificulta la determinación de la incidencia en la tarifa: como ejemplo puede citarse el caso de Transportadora de Gas del Norte (TGN), que solicitó una recomposición del 523,5%, con un impacto promedio en las facturas del 23% en el caso de un usuario de la provincia de Tucumán o del 49% en la Ciudad de Buenos Aires.
Al impacto que tendrá en la tarifa el factor transporte, deberan sumarse otras dos variables: generación y distribución.
En el caso de la distribución, Metrogas propuso un incremento mensual promedio de $ 6.000, pero fuentes de la empresa señalaron a Télam que no se puede estimar un porcentaje debido a las diferentes categorías de usuarios.
Marcela Córdoba, en representación de Naturgy BAN y Gasnor, propuso un incremento del 413%, aunque advirtió que la distribución representa el 16% de la tarifa total para la primera empresa y del 19% para la segunda, lo que implica una incidencia del 66,1% y 78,5%, respectivamente.
En el caso de Distribuidora de Gas Cuyana y Distribuidora de Gas del Centro, representadas en la audiencia por María Guadalupe Morra, el ajuste solicitado es del 449% en el primer caso y del 325% en el segundo, con un impacto promedio en la tarifa del 190%.
Alejandro Álvarez, de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, sostuvo que el retraso tarifario acumulado en relación con precios minoristas y mayoristas, salarios y tipo de cambio es “el corazón (de los reclamos por) la recomposición tarifaria”, que ese pedido es “tan importante como el ajuste mensual” y puso diferentes ejemplos de aumentos en las facturas, del orden del 78,4% en CGS y del 85,9% en CGP.
En lo que sí hubo coincidencia entre los diferentes expositores fue en la aplicación, a partir del 1° de febrero, de un régimen de actualización en función de la evolución del IPIM (Índice de Precios Internos al por Mayor) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y, además, que la recomposición se aplique en su totalidad al cargo fijo y no al variable.
La audiencia comenzó con la exposición del interventor del Enargas, Carlos Casares, quien alertó sobre la urgencia de dar definiciones sobre las obras del reversal del Gasoducto del Norte, debido a que a partir de agosto de este año “el acuerdo de YPFB (de Bolivia) con Enarsa se convierte en provisión interrumpible, pudiendo llegar a ser cero”.
Esa situación, indicó, “coloca en situación de alto riesgo de desabastecimiento de gas natural y energía eléctrica al noroeste y centro del país”.
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