El titular del Sindicato de Camioneros y presidente de Independiente, Hugo Moyano.
El titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, denunció al presidente Mauricio Macri por haber enviado a dos espías a intimidar al juez de Avellaneda Luis Carzoglio, cuando debía definir si detenía al secretario Adjunto de Camioneros y dirigente de Independiente, Pablo Moyano.
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Moyano también dirigió su denuncia, según publicó en Twitter el abogado Daniel Llermanos, contra el periodista Luis Majul, “quien es su programa difundió escuchas ilegales protegidas por la relación abogado/cliente, que estaban “estrictamente” a cargo del fiscal (Sebastián) Scalera”.
Llermanos dijo además que “la movida judicial también involucra a otros periodistas a los que se pide se cite a declarar, como Alfredo Leuco (Grupo Clarín), Claudio Savoia (Grupo Clarín) Alejandro Fantino (Grupo América); además de legisladores y funcionarios”.
La presentación de Moyano se fundamenta en la confesión de los jefes de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes el jueves pasado admitieron en la comisión bicameral de Inteligencia del Congreso, que el jefe de Legales de la central de espías, Juan Sebastián De Stéfano, y el jefe de Finanzas, Fernando Di Pasquale concurrieron al despacho del juez.
“Queríamos estar al tanto si detenían a Moyano por la posible movilización que podría haber”, justificaron ante los legisladores. A partir de esos dichos, Moyano con la asistencia legal de Llermanos denunció al presidente ante el Juzgado Federal 2 de la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora, a cargo transitoriamente del juez Juan Carlos Augé.
“Siempre dijeron que debía concurrir a los Tribunales. Lo hice cada vez que fui convocado de manera puntual y sin solicitar siquiera postergaciones o medidas dilatorias. Ahora es distinto. No vengo a dar explicaciones sino a exigirlas”, dice Moyano en su denuncia. pic.twitter.com/6uA2ilboiC
— daniel llermanos (@danielllermanos) April 8, 2019
“En la convicción de que el firmante (Moyano) era un estorbo para sus planes de flexibilización laboral y de endeudamiento público de nuestro país, ha ejecutado desde junio de 2016 hasta la fecha, valiéndose de fondos del Estado y de la activa colaboración de miembros de la Agencia Federal de Inteligencia, del Ministerio de Seguridad y de periodistas, un plan criminal destinado a lograr mi desprestigio público”, reza la denuncia presentada por el líder de los camioneros y de la oposición sindical al gobierno nacional.
Agrega la presentación que “mediante reiteradas maniobras de falsificación material y/o ideológica de expedientes judiciales mediante tráfico de influencias, extorsión a personas privadas de libertad ordenando montar paralelamente políticas de confiscación del patrimonio de la Entidad Gremial que conduzco y el vaciamiento de la Obra Social”.
El titular de la AFI, Gustavo Arribas.
Llermanos afirma además que “Moyano hace valer la declaración que el titular de la AFI, Gustavo Arribas hiciera ante la Bicameral de Inteligencia la semana pasada, donde reconoció que 2 agentes de esa agencia del Estado, visitaron al juez Luis Carzoglio para que encarcelara a Pablo Moyano”.
“Siempre dijeron que debía concurrir a los Tribunales. Lo hice cada vez que fui convocado de manera puntual y sin solicitar siquiera postergaciones o medidas dilatorias. Ahora es distinto. No vengo a dar explicaciones sino a exigirlas”, reclama Moyano en el escrito.
La causa en cuestión, es la que investiga a Pablo Moyano como parte de una asociación ilícita en Independiente. El dirigente había sido denunciado por el barra brava Pablo “Bebote” Álvarez. La investigación y el pedido de detención fueron realizados por el fiscal general de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera.
Pablo Moyano, dirigente de Camioneros e Independiente.
Scalera apuntó en su momento que “La investigación se inició en marzo de 2017 y fue imputado Pablo Moyano. (…) La prueba valorada fueron las escuchas telefónicas, las declaraciones de los imputados, el resultado de las pericias de los teléfonos celulares donde se hallaron mensajes que vinculan a Pablo Moyano con los barras de Independiente. Las escuchas lo ponen como el cabecilla de la asociación ilícita”, explicó el año pasado el fiscal para justificar el pedido de detención.
Sin embargo, el juez Carzoglio rechazó el pedido de detención, expresando que no había pruebas suficientes para la avanzar en la medida que solicitaba el fiscal Scalera. Poco después fue apartado de su función por 90 días. El Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires que tomó esa decisión, investiga al juez por cinco cargos que apuntan a presuntas irregularidades en su tarea, aunque ninguna de ellas está vinculada a la causa en la que se investigaba a Moyano.
“LA REALIDAD FUE OTRA”
Carzoglio negó que los agentes de la AFI, que meses atrás lo visitaron en su despacho de tribunales para que Pablo Moyano fuera detenidos tuvieran ese único objetivo, según publicó el diario Página/12. “Me fueron a ver para plantear un interés directo del presidente (Mauricio) Macri de hablar conmigo”, aseguró el magistrado en una entrevista a Radio Cooperativa.
El separado juez, Luis Carzoglio.
De este modo, Carzoglio desmintió la versión del hecho que la cúpula de la AFI brindó ante la Bicameral de Fiscalización de Órganos de Inteligencia, en el Congreso. “La realidad fue otra”, aseguró el apartado juez. “Esa gente citó a un oficial letrado mío en una fiscalía de Lanús, y ahí le transmitieron el interés del Presidente de la Nación de hablar conmigo. Plantearon un interés directo de (Mauricio) Macri de hablar conmigo”, insistió.
Para Carzoglio, “no es normal que un presidente de la Nación quiera hablar con un juez sobre una causa en la que tiene interés. No obstante, aclaró que aceptaría una invitación de ese tipo siempre que no sea para presionar. Soy un tipo bien pensado”, indicó.
LEGISLADORES KIRCHNERISTAS TAMBIÉN DENUNCIARON AL PRESIDENTE
Los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tahilade y el senador Marcelo Fuentes, los kirchneristas que integran la bicameral, denunciaron por el mismo hecho a Macri, Arribas, Majdalani, y a los agentes De Stefano y Di Pasquale. Consideraron que la visita de los agentes al juzgado de Avellaneda “no tiene que ver con la inteligencia sino con la participación de la AFI en una maniobra delictiva desplegada en medio de una operación política que interesaba particularmente al Gobierno Nacional, lo cual está muy lejos de constituir un hecho que resulte alcanzado por el trabajo parlamentario de la Bicameral. Antes bien, requiere de una intervención jurisdiccional urgente atento la gravedad institucional de la cuestión”.
En ese sentido, recordaron que el caso Moyano no podría encuadrarse en las obligaciones de la inteligencia, que son “los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, ni de inteligencia criminal referida delitos federales complejos, terrorismo, narcotráfico, delitos contra el orden económico y financiero, o contra el orden constitucional, que son las funciones excluyentes de la AFI, organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional”.
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