El titular de FADEA, Antonio Beltramone, envió ayer una carta al ministro de la Defensa Nacional de Guatemala, Luis Miguel Ralda, solicitándole reencausar el acuerdo de provisión de dos aviones IA63-Pampa III a ese país, luego del anuncio de suspensión del convenio por parte del gobierno centroamericano.
Beltramone le planteó a Ralda “la disposición de Argentina de considerar alternativas posibles para la adecuación del contrato firmado en la medida que existan garantías de para el cumplimiento de los compromisos asumidos”.
De lo contrario, menciona la misiva, podrían proceder por la vía del reclamo legal por incumplimiento de los acuerdos. Dice textualmente la carta que “reservará el derecho para ejercer las acciones para el resarcimiento que correspondan”.
El titular de FADEA señala la sorpresa frente a la decisión de la administración del presidente Jimmy Morales de suspender el contrato cuando “el acuerdo se hizo con un debido proceso y transparencia en pleno respeto de los procedimientos legales”.
También expresa que “todos los organismos sujetos en este proceso debieron conocer la normativa interna debido a los respectivos convenios”.
Para la redacción de la misiva, intervinieron las autoridades de la propia FADEA y el equipo legal de la Cancillería argentina y el Ministerio de Defensa.
El convenio de provisión de los aviones, servicios de capacitación y mantenimiento, fue firmado el 3 de julio, por los ministros de Defensa de ambos países (Ralda y Oscar Aguad). Frente a la decisión unilateral de Guatemala, Argentina reclama el cumplimiento del contrato. Tanto los aviones, como los servicios habían sido valuados en 28 millones de dólares.
La operación está caída porque el gobierno de Guatemala no utilizó la Ley de Contrataciones del Estado para comprar los dos aviones IA63-Pampa III producidos en Argentina. Por ese motivo, la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó al Ejecutivo de ese país que desista de concretar la operación y el gobierno aceptó el planteo.
La ley de Contrataciones de Guatemala obliga a que se realice una licitación pública para adquirir bienes para el Estado. Según el organismo de control de los actos jurídicos de esa Nación centroamericana, no hay otro camino. En ese sentido, se sabe concretamente que no hubo licitación pública.
Sin embargo, de acuerdo a lo publicado por el diario Prensa Libre de Guatemala, la adquisición de los Pampa III se habría realizado utilizando como base, un viejo acuerdo de Cooperación Científica y Técnica, firmado entre Argentina y Guatemala en 1980, y renovado un mes antes de que el presidente Jimmy Morales viajara a Argentina. La modificación se denomina Complementario de Cooperación. Dicha ampliación habría sido firmada por los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores de ambos países. Ese acto fue confirmado por el jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Jorge Luis Donado.
El IA-63 Pampa III.
Dicho paso fue confirmado por FADEA a través de un comunicado de prensa, con fecha del pasado viernes, pero ni él convenio binacional, ni el contrato de compra, fueron dados a conocer a la prensa. Textualmente, al empresa estatal con sede en Córdoba, señala que “la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala recomendó al Ministerio de Defensa Nacional de Guatemala, “DESISTIR del actual procedimiento para la adquisición de dos aeronaves Pampa III”, referido en el Convenio específico de Cooperación Técnico – Militar entre los Ministerios de Defensa de Argentina a través de la Fábrica Argentina de Aviones y el Ministerio de la Defensa Nacional de la República de Guatemala para el suministro de equipo y material militar”. FADEA señala que el convenio fue suscripto el 3 de julio.
Sin embargo, en Guatemala se discute justamente si el convenio de cooperación complementario entre los dos países permite o no una operación de este tipo y su legalidad. En principio, se considera que el acuerdo debió pasar por el Congreso, como sucedió con el acuerdo base que data de 1980. Como eso no sucedió, la oposición política del presidente Morales considera que la compra está caída porque no respetó los procedimientos internos del país. También hay coincidencia en que el convenio no es adecuado para adquisición de equipamiento militar. El caso es además investigado por la Fiscalía contra la Corrupción. Lo concreto, al menos por ahora, es el que la Procuración Generla de la Nación (PGN) concluyó en que el único modo de efectuar la adquisición era por vía de la Ley de Contrataciones del Estado.
